Golpe a la corrupción municipal en amaños en la gestión del tráfico

melchor saiz-pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Toni Albir | Efe

Detenidas en 10 comunidades 39 personas, de ellas 16 alcaldes y ediles y 8 jefes de policía

04 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Las cifras de la operación Enredadera, el mayor golpe a la corrupción municipal en la historia reciente de España y que no está concluida, apabullan: 39 detenciones, 16 de ellas de alcaldes y concejales y ocho de jefes de policías locales; además de técnicos municipales y empresarios, otros 70 cargos y empleados municipales están imputados; se practicaron 92 registros: en 25 ayuntamientos, 31 despachos, 24 domicilios y 12 empresas. En total, la policía desplegó 580 funcionarios de forma simultánea en casi 200 puntos diferentes de diez comunidades autónomas: Aragón, Cataluña, Asturias, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, La Rioja, País Vasco y Comunidad Valenciana. Fue un despliegue casi sin precedentes en el que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, dio por desmantelada una vastísima red de adjudicaciones amañadas en la gestión del tráfico municipal que operaba, en algunos casos, desde el 2010 y que salpica a cargos electos del PP, del PSOE y, por primera vez, de Ciudadanos, al menos con tres responsables del partido bajo sospecha. El alcalde de la formación naranja en el municipio madrileño de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, se convirtió en el primer regidor de ese partido detenido por corrupción. El epicentro de la investigación es la firma Aplicaciones Gespol, empresa tecnológica perteneciente a Valoriza Medioambiente, de Sacyr. El grupo se apresuró a explicar que Gespol, dos de cuyos responsables fueron arrestados, fue comprada en octubre del 2016, por tanto, antes de la mayoría de las adjudicaciones investigadas.

«Pacificación»

Las adjudicaciones investigadas son de lo más variadas, aunque todas están relacionadas con la «pacificación del tráfico en sentido amplio», según citan los atestados. Los funcionarios reclamaron en los ayuntamientos y empresas todos los expedientes sobre radares, semáforos, cámaras de seguridad, circuitos cerrados, sistemas de radiocomunicación, alumbrado, previsión meteorológica, grúa, zona azul, gestión tributaria y de sanciones y software de policía local.

Los contratos, apuntan los investigadores, eran sometidos a todo tipo de irregularidades. Entre ellas, pago de mordidas a alcaldes, funcionarios y jefes policiales a cambio de adjudicaciones a Gespol, alteración de los pliegos, fraccionamiento de los importes, hinchado de precios e incluso manipulación de los datos sobre siniestralidad y puntos negros para justificar adjudicaciones innecesarias. Una persona, según la UDEF, estaba en uno de los puntos clave de esta trama como mediador, el empresario leonés José Luis Ulibarri, relacionado con la trama Gürtel. Los cargos de Anticorrupción contra los investigados son múltiples: cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación, delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La trama extendió sus tentáculos en, al menos, seis ayuntamientos de capitales de provincia: Huesca, Lérida, Oviedo, León, Palencia, Vitoria, Logroño y Teruel, además de la Diputación de Alicante. La lista de municipios menores salpicados es también larga.

Cesados de militancia los tres implicados

Ciudadanos engrosa desde ayer la lista de partidos golpeados por la corrupción. El alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, fue detenido en la operación Enredadera contra el amaño en la contratación de sistemas de control de tráfico. Llegó a Ciudadanos desde el PP. Ahora el partido de Rivera le suspendió de militancia. A él y a los otros dos cargos del partido implicados en la trama corrupta, el diputado provincial leonés Juan Carlos Fernández y el asesor en el mismo ente Sadat Maraña.