Las cesiones sin fin de Pedro Sánchez para poder seguir gobernando

Gobernar con tan solo 84 diputados de 350 es un auténtico ejercicio de equilibrismo

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redacción / la voz

Gobernar con tan solo 84 diputados de 350 es un auténtico ejercicio de equilibrismo. Y aún más si para garantizar un Ejecutivo, un único partido depende de una amalgama de siglas que van desde el nacionalismo secesionista hasta la izquierda de Pablo Iglesias. Y en esa tesitura se encuentra Pedro Sánchez, que no deja de realizar concesiones para que la fragilidad parlamentaria del PSOE no se convierta en el pan de todos los días. Uno de los múltiples frentes abierto del presidente es el catalán, a días de mantener una reunión con Quim Torra en la Moncloa, en la que el responsable de la Generalitat llegará con la amenaza de bloquear la legislatura si se excluye la posibilidad de un referendo en una Cataluña, en donde ninguno de dos de los partidos que le permitieron acceder a la Moncloa (ERC y PDECat) han renunciado a la vía de proclamar unilateralmente la república.

En este contexto se está produciendo esta semana el progresivo acercamiento de los presos encarcelados del procés a Cataluña. Ingresarán en la cárcel más cómoda de Cataluña, el centro penitenciario de Lledoners, en la localidad barcelonesa de Sant Joan de Vilatorrada, a 70 kilómetros de Barcelona, la joya de la corona del sistema penitenciario catalán.

Primera derrota parlamentaria

Sánchez ya paladeó el lunes su primera derrota parlamentaria. El Gobierno no logró que el Congreso apoyara la lista de consejeros de RTVE pactada por PSOE, Podemos y PNV porque sus otros aliados en la moción de censura, Esquerra, PDECat, Compromís, Bildu y Nueva Canarias, se negaron a secundar el acuerdo por haber sido excluidos de la negociación. Sánchez estaba dispuesto a cederle a Podemos el control del medio público, pero la lista inicial propuesta, de profesionales muy vinculados al partido morado y ajenos a la corporación pública provocó un cambio de estrategia, con un nuevo candidato menos cuestionado.

Pablo Iglesias es uno de los más está rentabilizando la situación de debilidad del Ejecutivo del PSOE, e incluso saca pecho por la influencia de Unidos Podemos en las decisiones del Gobierno, socio preferente de Sánchez en esta etapa, como quedó patente en la reunión secreta en la Moncloa que el presidente mantuvo con Iglesias el pasado 14 de junio. El Gobierno «tiene que negociar con nosotros», señaló Iglesias, quien añadió que la actual situación no tiene precedentes y convierte a su grupo político en «extremadamente útil» .

La política penitencia con los presos de ETA y la intención de acercarlos al País Vasco también está siendo otro tema espinoso para el Ejecutivo de Sánchez. «¿Desde cuándo los que mataron y asesinaron tienen que tener mejor trato que cualquier otro preso?». La pregunta se la hacía ayer Albert Rivera, que reclamó la comparecencia de Sánchez en el Congreso para que explique cuáles han sido sus concesiones a Bildu y al PNV.

La ANC reúne los 2,1 millones de euros para pagar la fianza del Ejecutivo de Puigdemont

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha asegurado que la entidad ya tiene los 2,1 millones de euros que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó de fianza contra los 14 procesados por malversación -Carles Puigdemont y 13 exconsejeros- en la causa sobre el proceso soberanista. «No dejaremos solas a las familias», ha destacado Paluzie, y ha explicado que aún deben cerrar algunas cuestiones técnicas para hacer el pago de la fianza.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó una fianza de 2,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para el expresidente Puigdemont y sus 13 exconsejeros, todos ellos procesados por el delito de malversación de caudales públicos. En una providencia de fecha del pasado 27 de junio, el magistrado instructor requirió a los 14 procesados que aporten la cantidad de 2.135.948,6 euros fijada ya en el auto de procesamiento del pasado 21 de marzo y que el juez considera que se ha utilizado para organizar el referendo ilegal de 1 de octubre.

Pagos a «observadores»

El exdirector del Diplocat Albert Royo admitió ayer ante el juez que investiga los preparativos del 1-O que esa entidad pagó los viajes de delegados parlamentarios europeos que se desplazaron como voluntarios a Cataluña por el 1-O, aunque negó que fueran observadores internacionales contratados por el Gobierno catalán para supervisarlo. Si bien, la Generalitat definió la visita de estos expertos como la primera «misión internacional de observación electoral».

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