Condenados, entre otros, un exdiputado del PSC y dos exconsejeros de Pujol por corrupción en tres municipios catalanes
03 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La Audiencia Nacional condenó este lunes a penas de hasta siete años y un mes de cárcel a los once acusados en el juicio de la llamada operación Pretoria, en el que se juzgaron ilícitas actuaciones en operaciones urbanísticas desarrolladas durante los años 2002 al 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, así como las ganancias que los acusados ingresaron en sus patrimonios directamente o a través de intermediarios o testaferros.
En la sentencia, los magistrados de la Sección Segunda de lo Penal condenaron a los acusados por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. El exdiputado del PSC Luis Andrés García Sáez, alias Luigi, fue castigado con siete años, un mes y 27 días de prisión, mientras que al exalcalde de esta formación en Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz se le impuso la pena de cinco años, ocho meses y 28 días de cárcel y al exconcejal Manuel Dobarco, ocho años y seis meses de inhabilitación.
Otros condenados fueron los exconsejeros de la Generalitat Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta, a quienes la sala les impuso penas que suman para cada uno un año, 11 meses y 27 días de prisión por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Les aplicó las atenuantes de dilaciones indebidas y de confesión.
La resolución acordó el comiso de las ganancias ilícitas obtenidas en las tres operaciones urbanísticas enjuiciadas: Pallaresa, Niesma y Badalona, que ascendieron a un total de 5.886.925 euros. Igualmente, resolvió la incautación de las dádivas recibidas por Bartomeu Muñoz (1,14 millones), Alavedra (3,24 millones) y Prenafeta (5,19 millones).
A todos los acusados los jueces les aplican la atenuante simple de dilaciones indebidas atendiendo a la duración del procedimiento: ocho años y ocho meses hasta el final del proceso.
La sentencia relata cómo entre el 2002 y el 2009 en el área metropolitana de la provincia de Barcelona, en las localidades de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona los condenados participaron en diversas operaciones urbanísticas que en lugar de favorecer el interés público buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares, propiciando importantes beneficios y comisiones.
El papel trascendental lo tuvo Luis García, conocido como Luigi. Como diputado del PSC durante los años 1980 a 1988, mantuvo, según el tribunal, fluidas relaciones personales y de antigua militancia política con diversos cargos públicos que le permitían actuar como «conseguidor», «facilitador» o «intermediario».