Sánchez insiste en el diálogo y pregunta a Torra qué busca «montando broncas»

El juez Llarena autoriza el traslado de Junqueras y Romeva a cárceles catalanas

La Fundación Smithsonian sentó separadas por la delegación armenia a los representantes catalanes y Pedro Morenés
La Fundación Smithsonian sentó separadas por la delegación armenia a los representantes catalanes y Pedro Morenés

madrid / colpisa

Pedro Sánchez prefiere no poner el foco en los gestos hostiles del presidente de la Generalitat para preservar el buen clima en la reunión del 9 de julio en la Moncloa. Pero ayer no pudo resistirse a preguntar a Quim Torra qué es lo que busca «trasladando a Estados Unidos la bronca» de los independentistas. Con esos comportamientos, agregó, tanto Cataluña como España pierden «en reputación e imagen» ante el mundo. El presidente del Gobierno pasó la página del enfrentamiento entre el presidente catalán y el embajador español en Washington porque dar relevancia a esos incidentes dificulta el acercamiento que busca con la Generalitat de Cataluña para encontrar una «solución política» a un conflicto que requiere «mucha política, mucha inteligencia, mucha paciencia y poner la mirada larga». Aunque en la Moncloa se consideró que Torra buscó la confrontación con Pedro Morenés para subrayar las distancias que quedan por salvar, Sánchez intentó mostrarse conciliador, pero con «convicciones firmes» ante los planteamientos soberanistas.

Tras la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se cerró ayer en Bruselas, el jefe del Ejecutivo ratificó que su posición entre «la bronca y el diálogo» es la del diálogo sin que ello suponga hacer concesiones ante planteamientos contrarios al marco constitucional. Pero tampoco se puede caer, señaló Sánchez, en cargar las tintas sobre asuntos de «la coyuntura y el corto plazo», como el incidente de Washington. Lo que hay que hacer, prosiguió, es «pasar página y tener una relación normal», que es lo que quiere «la inmensa mayoría de los catalanes y el conjunto de los españoles» en vez de enzarzarse en un cruce de agravios. «Lo que ocurre en la calle», donde hay una relación «mucho más normal», es lo que tiene que «ocurrir en la política».

Torra toma nota

El presidente de la Generalitat, sin embargo, siguió enganchado a su enfrentamiento dialéctico con el embajador español en Estados Unidos a cuenta de los políticos presos, los exiliados y el referendo de autodeterminación. En un mensaje de Twitter, advirtió al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, de que toma «debida nota» de sus palabras en defensa de Morenés. Torra se reafirmó en la red social en que el Gobierno de España «criminaliza la autodeterminación de Cataluña» además de mantener a los líderes independentistas «en la cárcel y en el exilio». Fuentes cercanas al presidente catalán señalaron que mantiene que su primera reclamación a Sánchez en la reunión del 9 de julio será buscar un acuerdo para celebrar una consulta de autodeterminación. Gestos, como el acercamiento de los dirigentes secesionistas encarcelados a centros penitenciarios catalanes, son insuficientes, además de actos de «estricta justicia», para Torra.

Acercamiento de presos

El juez Pablo Llarena autorizó ayer el traslado del exvicepresidente Oriol Junqueras y del exconsejero de Exteriores Raül Romeva, que se suman a los cuatro permisos concedidos el jueves para la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, la exconsejera Dolors Bassa, y los expresidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium, Jordi Cuixart. La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, confirmó sin dar fechas que el traslado «ya está abierto». Lo más probable, apuntan fuentes gubernamentales, es que los desplazamientos se produzcan la próxima semana, antes de la reunión de Sánchez con Torra. Si estas decisiones son consideradas insuficientes en el mundo independentista, para el PP son un exceso, y rechazó que normalizar las relaciones con la Generalitat se traduzca en «bajarse los pantalones».

El Gobierno disiente de la Policía sobre la ayuda a Alemania en el arresto de Puigdemont

El Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado en una respuesta parlamentaria que en el dispositivo de detención en Alemania del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont «no participaron medios técnicos ni humanos españoles».

La respuesta por escrito la difundió ayer en su cuenta de Twitter el senador de Bildu Jon Iñarritu, que ve contradicción entre esta versión y la que dio la Policía Nacional en esta misma red el 25 de marzo, cuando fue detenido Puigdemont. «Gracias a una operación coordinada de los agentes de Información de Policía y el CNI, Puigdemont ha sido detenido en Alemania», publicó en Twitter la Policía. Fuentes policiales informaron del arresto valorando que se llevó a cabo gracias a la «cooperación» entre la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania y la Policía Nacional española, en concreto la Comisaría General de Información y la División de Cooperación Internacional, y añadían que, además, se contó con la coordinación del CNI.

Un día después, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, matizó la participación española: «La decisión ha sido de la Policía alemana para dar cumplimiento a una orden ya cursada de detención y entrega de esa persona». En su respuesta, el Ejecutivo de Sánchez detalla las comunicaciones con las autoridades alemanas en relación con la petición de arresto de Puigdemont, subrayando que se «siguieron en todo momento los protocolos habituales de trabajo cuando existe una orden europea de detención y entrega y orden internacional de detención activa y están amparadas por las pertinente órdenes judiciales».

La exdiputada huida Anna Gabriel obtiene permiso de residencia en Suiza para 5 años

La exdiputada de las CUP Anna Gabriel ha obtenido el permiso de residencia en Suiza para 5 años, según ha indicado su madre, lo que le permitirá buscar un empleo y optar a convocatorias de plazas como profesora de universidad. Gabriel huyó a Ginebra el pasado febrero para evitar el riesgo de ser encarcelada por la misma causa que otros líderes independentistas.

Fianza de 2,2 millones de euros para la cúpula del «procés»

m. b.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena requirió ayer a los abogados de los 14 exmiembros del Gobierno catalán procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia que de forma solidaria, «y en el término de dos días», presten la fianza de responsabilidad civil que fijó el magistrado por importe de 2.135.948 euros.

El magistrado de la Sala Segunda del Supremo e instructor de la causa del procés les advirtió de que si no cubren la fianza de forma conjunta se procederá al embargo de sus bienes para cubrir las cantidades reclamadas. La cuantía se estima en virtud del dinero supuestamente defraudado por la preparación y celebración del referendo ilegal del 1 de octubre.

Los acusados deberán abonar, dice el juez en la providencia, «de cualquiera de las clases admitidas en la ley excepto la personal», es decir, no puede prestarla ningún fiador. En su auto de procesamiento, Llarena señaló que los 2,1 millones de fianza impuestos al Gobierno cesado corresponden a la suma de 1,6 millones que, en ese momento, consideró que se había malversado, más un tercio de dicha cantidad que debe añadirse de acuerdo a la ley en ese tipo de fianzas.

Sin embargo, pese a que el procesamiento de los implicados en esta causa fue el pasado marzo, los investigadores siguieron indagando en la malversación en la que podrían haber incurrido los catorce dirigentes catalanes afectados: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borrás, Clara Ponsatí, Antonio Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa, Santiago Vila y Meritxell Serret. De hecho, en un informe reciente la Guardia Civil elevó a 3,2 millones la malversación cometida para sufragar el referendo ilegal. En concreto, apuntó que la Generalitat abonó la cantidad de 1.688.188 euros y tiene pendiente de abono 1.604.848 euros.

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