El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena requirió ayer a los abogados de los 14 exmiembros del Gobierno catalán procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia que de forma solidaria, «y en el término de dos días», presten la fianza de responsabilidad civil que fijó el magistrado por importe de 2.135.948 euros.
El magistrado de la Sala Segunda del Supremo e instructor de la causa del procés les advirtió de que si no cubren la fianza de forma conjunta se procederá al embargo de sus bienes para cubrir las cantidades reclamadas. La cuantía se estima en virtud del dinero supuestamente defraudado por la preparación y celebración del referendo ilegal del 1 de octubre.
Los acusados deberán abonar, dice el juez en la providencia, «de cualquiera de las clases admitidas en la ley excepto la personal», es decir, no puede prestarla ningún fiador. En su auto de procesamiento, Llarena señaló que los 2,1 millones de fianza impuestos al Gobierno cesado corresponden a la suma de 1,6 millones que, en ese momento, consideró que se había malversado, más un tercio de dicha cantidad que debe añadirse de acuerdo a la ley en ese tipo de fianzas.
Sin embargo, pese a que el procesamiento de los implicados en esta causa fue el pasado marzo, los investigadores siguieron indagando en la malversación en la que podrían haber incurrido los catorce dirigentes catalanes afectados: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borrás, Clara Ponsatí, Antonio Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa, Santiago Vila y Meritxell Serret. De hecho, en un informe reciente la Guardia Civil elevó a 3,2 millones la malversación cometida para sufragar el referendo ilegal. En concreto, apuntó que la Generalitat abonó la cantidad de 1.688.188 euros y tiene pendiente de abono 1.604.848 euros.