El Tribunal Supremo dice que no hay razones procesales para mantenerlos en Madrid
29 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Será inminente, en cuestión de días y de solventar los últimos trámites burocráticos. El Gobierno ultima el traslado a prisiones de Cataluña de los nueve líderes del procés encarcelados de forma preventiva en centros de la Comunidad de Madrid. El Ministerio del Interior ha acelerado en las últimas horas el proceso para el acercamiento y ha movilizado a los directores de las tres prisiones donde están recluidos los presos a fin de acortar al máximo los plazos de los movimientos. Traslados que tendrán lugar antes de la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra el 9 de julio. Otro gesto para distender el ambiente.
El exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull (encarcelados en Estremera); la exconsejera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento autonómico Carme Forcadell (ingresadas en Alcalá Meco); y los expresidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente (encarcelados en Soto del Real) pasarán el verano en centros penitenciarios de Cataluña, la única comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias.
La decisión de Sánchez de acercarlos cuanto antes se plasmó en tres escritos remitidos el miércoles a los directores de Estremera, Alcalá y Soto del Real y al instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Los responsables de los centros preguntaron al juez sobre los trámites procesales pendientes en Madrid de los nueve reclusos y la posibilidad de que puedan ser trasladados a centros de Cataluña a la espera de juicio.
Ningún inconveniente
Llarena respondió ayer que no hay ningún inconveniente. El juez (que solo contestó a los casos de Bassa, Forcadell y los Jordis, porque no había llegado a sus manos el oficio de los otros cinco presos de Estremera) se sacudió cualquier responsabilidad. «No existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación», apuntó el instructor. Llarena ya polemizó públicamente con el Gobierno el pasado día 14 después de que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, diera a entender que, al tratarse de presos preventivos, la responsabilidad última de su ubicación penitenciaria dependía del juez de instrucción por si necesitaba requerirlos para algún tipo de diligencia. Entonces, como ayer, el juez recordó al ministro que él «no tiene competencia para definir el concreto centro penitenciario en el que deben permanecer» los reclusos por muy preventivos que sean. Llarena también le recordó a Grande-Marlaska que la competencia sobre traslados y desplazamientos está regulada en el artículo 31 del Reglamento Penitenciario que establece que «el centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los jueces de Vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso».
Por el momento, Sànchez pidió que le trasladasen al centro Quatre Camins (Barcelona); Cuixart, a Brians II (Barcelona); Bassa, a Girona Mujeres, y Forcadell, a Barcelona Mujeres.
La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de Trapero por haber consentido el 1-O
Un día después de que el Tribunal Supremo confirmara el procesamiento de la cúpula del procés, el paso previo al auto de apertura de juicio oral, la Audiencia Nacional hizo lo propio ayer con el mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, el exdirector del Cuerpo Pere Soler y el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig. La Sala de lo Penal los acusa de sedición y pertenencia a organización criminal por haber consentido la celebración del referendo del 1-O y no haber frenado el asedio a la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona. Por este hecho también ha sido procesada por sedición la intendente Teresa Laplana. Los magistrados desestimaron así los recursos de los cuatro procesados por la jueza Lamela.
Sobre Trapero, concluyen que hubo «sin duda, cooperación» en el plan secesionista. Destacan que el 1-O los responsables del Cuerpo incumplieron el mandato del Tribunal Superior de Cataluña de impedir el referendo, simulando un dispositivo para posibilitarlo e incluso socavar la actuación de los otros cuerpos de seguridad del Estado. Recuerdan que se movilizaron 7.000 agentes autonómicos, en vez de los 12.000 que se despliegan en una jornada electoral, y que su actitud fue de «total pasividad, cuando no de enfrentamiento con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado». Del asedio en la consejería, relatan que fueron evidentes las «tibias medidas de seguridad y apoyo a la comisión judicial», lo que «enmascaraba una absoluta condescendencia con los hechos».