El lendakari aplaude la disposición del Ejecutivo socialista al diálogo
26 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Iñigo Urkullu abandonó ayer satisfecho el palacio de la Moncloa, tras dos horas de reunión con Pedro Sánchez. El lendakari apenas logró arrancar en su cita compromisos tangibles, pero el mero hecho de que el jefe del Ejecutivo se prestara a crear un grupo de trabajo «permanente» para «avanzar en el análisis y negociación» de las competencias del Estatuto de Guernica aún pendientes de transferir, es para él casi una pica en Flandes. Mariano Rajoy nunca se prestó a hacerlo, como no se prestó, al menos públicamente, a hablar del acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco.
Sánchez está dispuesto a hacer ambas cosas. Ni siquiera cierra la puerta, al menos inicialmente, a estudiar traspasos tan sensibles como el de las prisiones o la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, tradicionalmente anatema tanto para el PP como para el PSOE. En su ánimo está, tal y como trasladaron fuentes oficiales, lanzar un mensaje de voluntad de diálogo no solo al País Vasco sino a todas la comunidades. También, fundamentalmente, a Cataluña. «Hay una intención antiinflamatoria», adujeron ayer desde Moncloa.
El encuentro con Urkullu -que es, por protocolo, el primero en la ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos- tenía que marcar la pauta. El siguiente en la lista, el próximo 9 de julio (es decir, en quince días) será el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Es impensable que su actitud se compadezca con la del lendakari, que habló de establecer una relación de «confianza y lealtad», rechazó explícitamente la «ruptura» y apostó por un «constitucionalismo útil». Pero el Gobierno quería escenificar con él que hay una vía de entendimiento posible y extrapolable.
Violencia policial
En el corto plazo, Urkullu se garantizó ayer dos gestos concretos. Quizá el más relevante es la retirada del recurso de inconstitucionalidad que Mariano Rajoy presentó contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales, aprobada en el 2016 por el PNV y el PSE con la abstención de EH-Bildu y el voto en contra del PP. La norma buscaba reconocer e indemnizar a quienes entre 1978 y 1999 sufrieron violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o sus familiares. En concreto, el Tribunal Constitucional mantiene suspendidos los preceptos que atribuían a una comisión extrajudicial la potestad de valorar quién adquiere la condición de víctima y los artículos que regulan la concesión de ayudas.
Según avanzó el lendakari, habrá un próximo encuentro de los servicios jurídicos de ambos Gobiernos para el «desistimiento» de este y otros recursos. Además, en julio se reunirá ya la Comisión Mixta de Transferencias para materializar el traspaso de la gestión de dos vías ferroviarias.
Este segundo gesto es en realidad obligado porque fue el Constitucional el que el pasado mayo determinó que se trataba de una competencia autonómica. El resto de asuntos tendrá que esperar. El propio Iñigo Urkullu reconoció que ni siquiera se habían fijado calendarios de actuación ni para los traspasos de competencias pendientes ni para la «reorientación» de la política penitenciaria una vez disuelta ETA. Incluso aseguró que entiende la «cautela» esgrimida por Sánchez en relación al necesario respeto a las víctimas del terrorismo.
El Gobierno vasco presenta una lista de 37 competencias e incluye en ellas la Seguridad Social
El Gobierno autonómico cifra en 37 las competencias que le debe el Estado, entre las que se encuentran además de la de Seguridad Social y de las prisiones, otras en el campo laboral, como las prestaciones por desempleo y otras en el ámbito de las infraestructuras y el área económica.
A pesar del optimismo de la delegación vasca tras el encuentro con Sánchez, el Gobierno intentó matizar algunas de las conclusiones expresadas por el entorno del lendakari.
Por ejemplo, y paradójicamente, el comunicado remitido desde la Moncloa tras el encuentro ni siquiera hace mención al traslado de presos a cárceles cercanas al País Vasco, aunque el propio jefe del Ejecutivo ha admitido recientemente que el cambio de circunstancias requiere un cambio de políticas. Exactamente lo mismo que dijo la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, hace unas semanas sobre el acercamiento de los presos del procès a Cataluña una vez concluya la instrucción del juez.
Prudencia
El jefe del Ejecutivo autonómico fue además muy prudente en lo que se refiere a la espinosa transferencia de los servicios de la Seguridad Social, vista con muy malos ojos por los veteranos del PSOE. No solo dejó claro que en ningún caso se rompería el principio de caja única sino que admitió que, antes de dar pasos concretos, hay que darse «un tiempo» y abrir una «reflexión» tanto en el Pacto de Toledo como entre los Gobiernos central y autonómico.