El Gobierno busca la complicidad de Urkullu como mensaje hacia Torra

Sánchez pretende transmitir normalidad en la relación con los nacionalistas moderados


bilbao / colpisa

Mucho más que una cita protocolaria. Así se presenta la reunión que mantienen este lunes en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lendakari Íñigo Urkullu. Aunque el encuentro se enmarca en la obligada ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos, el contexto político empuja a Sánchez a escenificar acuerdos con los nacionalistas de talante pactista, moderado e institucional. Como Urkullu.

Especialmente, porque la fotografía se producirá dos semanas antes de la reunión del 9 de julio con Quim Torra, que acaba de anunciar la ruptura de relaciones de la Generalitat con la Casa Real y que, a buen seguro, se presentará en Madrid con una tabla de reivindicaciones imposible de asumir en Madrid.

Las dos partes esperan que el encuentro sirva para alcanzar «compromisos» concretos. Acuerdos tangibles que permitan transmitir algo más que la mera cordialidad y la buena sintonía en las que a veces se diluyen este tipo de reuniones. Sánchez confía, de hecho, en que su cita con Urkullu, al que ya conoce y con quien tiene buena sintonía, «marque el tono» de su relación con las llamadas nacionalidades históricas y con el resto de las comunidades, que en la Presidencia del Gobierno esperan que esté presidida por la «estabilidad» y la «normalidad democrática».

Ambos necesitan que su reunión salga bien. Sánchez primero, para demostrar que su disposición al diálogo territorial no es una simple pose, sino que puede dar frutos si la voluntad de alcanzar acuerdos es recíproca y dentro de la ley. Máxime cuando el sector más radical del independentismo catalán -en el que se encuadran Torra y Puigdemont- insiste en tensar la cuerda con Madrid, mientras Esquerra y el PDECat intentan volver al posibilismo.

A Urkullu también le interesa porque el PNV ha empeñado su crédito político en la operación Sánchez y necesita demostrar que ha acertado al descabalgar al PP, además de lograr que la legislatura dure para evitar así unas generales anticipadas que ensombrezcan sus expectativas en las municipales y forales de la próxima primavera.

Transferencias y presos

El Gobierno vasco y el PNV confían en que Sánchez se atreva a explorar lo que Rajoy, cómodo en los acuerdos presupuestarios a cambio de dinero, no quiso. Ahí está completar el Estatuto y acercar presos de ETA a cárceles vascas. Urkullu ya avanzó que espera que hoy pueda acordarse un calendario de trabajo para negociar las transferencias pendientes, 37 según sus cuentas. La guía será el acuerdo del Parlamento autonómico, que daba seis meses a Madrid para desbloquear los traspasos.

En la agenda está el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Tanto esa materia, altamente simbólica pese a que solo se traspasarían los medios materiales y el personal, como la de Prisiones, que Cataluña ya gestiona, recaerían en la consejera socialista María Jesús San José.

Los dos presidentes se pondrán de acuerdo además en la manera de abordar el cambio en la política penitenciaria una vez desaparecida ETA. Ambos tienen claro que los presos deberán acogerse a las vías legales e individuales de reinserción y coinciden en dar cauce a progresiones de grado y excarcelación de los enfermos graves.

La Generalitat reclama a Madrid 6.000 millones como gesto «mínimo»

La Generalitat cifró ayer en 6.000 millones la deuda que a su juicio tiene la Administración central con la catalana. Una cantidad que incluye compromisos adquiridos años atrás, según el Gobierno catalán, en materia de financiación de los Mossos d’Esquadra, de ley de dependencia y de partidas pactadas en el pasado a partir de la disposición adicional del Estatuto de autonomía.

El vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, Pere Aragonés, reclamó esta cantidad «si el Estado quiere cumplir con todo lo que implica el sistema de financiación vigente», declaró a la agencia catalana ACN. Se trataría de un «mínimo exigible», que desde el Gobierno catalán se pone sobre la mesa como gesto de buena voluntad por parte del Ejecutivo central, semanas antes de que se celebre la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, fijada para el 9 de julio, y que marcará el devenir de la legislatura catalana.

Aunque Aragonés advirtió de que las económicas no sustituyen a la reclamación principal que es el derecho de autodeterminación, sí que supone la primera voz autorizada en el Gobierno catalán que se sale del argumentario establecido hasta la fecha en el independentismo que limitaba el orden del día de la reunión de Sánchez y Torra al referendo, al 1-O y a la situación de los presos.

Mientras, el líder del PSC, Miquel Iceta, insistió ayer en la idea de abrir un diálogo interno en Cataluña como punto de partida antes de iniciar una negociación con Madrid.

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