Sánchez solivianta a las autonomías al aparcar la reforma de su financiación

Hasta las comunidades socialistas desconfían de los arreglos bilaterales que busca

.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados

Madrid / Colpisa

«No le votamos para que hiciera lo mismo que el PP». El reproche del portavoz de Compromís a Pedro Sánchez, que ayer vivió su primera sesión de control en el Congreso desde que fue investido presidente del Gobierno, sonó como un latigazo. Joan Baldoví dejó claro que su formación no acepta la negativa del líder del PSOE a abordar en esta legislatura la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014. Y su enfado no es aislado. Ni siquiera es el más relevante. La decisión del jefe del Ejecutivo ha sentado mal en el conjunto de las comunidades autónomas, las presididas por el PP y también las gobernadas por su partido.

Hace tan solo un mes, él mismo cargó contra Mariano Rajoy por dar largas a este asunto. Fue en una visita a Extremadura, en la que, como líder de la oposición, compareció junto al presidente de la región, el socialista Guillermo Fernández Vara, para reclamar la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera «cuanto antes» y exigió al Ejecutivo popular que pusiera una propuesta encima de la mesa. «Que se moje», instó. Incluso se atrevió a plantear la incorporación de un nuevo indicador de gasto al modelo, el paro estructural. En el debate de la moción de censura contra Rajoy, el líder del PSOE trató de rebajar las expectativas. «Nosotros no vamos a poder resolverlo todo», dijo ya a Baldoví. Entonces la mayor parte de los barones socialistas entendieron sus palabras. Había dado a entender que estaría en el Gobierno solo unos meses, quizá un año. No tendría tiempo. Pero este lunes anunció su intención de agotar la legislatura y llegar hasta el 2020. 

Andalucía pide 4.000 millones

En privado, algunos presidentes socialistas admiten que reformar el modelo con los pocos recursos existentes no es tarea sencilla. Pero no entienden que Sánchez ni siquiera se haya mostrado dispuesto a intentarlo y no se callarán. No pueden hacerlo porque hasta hace dos días muchos de ellos habían hecho bandera de este asunto y el año que viene, en algún caso quizá antes, se enfrentan a las urnas. Susana Díaz ya advirtió ayer que se ratifica en el acuerdo al que llegó en el Parlamento andaluz, según el cual Andalucía debería recibir unos 4.000 millones de euros más al año. El valenciano Ximo Puig aplaudió que Sánchez esté dispuesto a mejorar la situación de todas las comunidades en tanto llega la reforma porque esa fue siempre una de sus exigencias mientras gobernaba el PP, pero advirtió de que no renuncia al cambio de modelo en el «corto plazo». El asturiano Javier Fernández y el aragonés Javier Lambán tampoco darán marcha atrás. En febrero llegaron a un acuerdo con dos presidentes del PP, el gallego Alberto Núñez Feijóo y el castellanoleonés Juan Vicente Herrera, para hacer un frente común del que ni pueden ni quieren apearse. «Va a tener que cambiar de posición -dicen fuentes del Principado- porque eso que plantea de llegar a acuerdos con cada uno de los presidentes de manera bilateral es inviable; estamos en un régimen común y la negociación debe ser multilateral».

Sánchez volvió a repetir ayer que, a cambio de la espera, ofrecerá «mejoras» económicas a todas la comunidades. Pero en muchos territorios son escépticos. Algunos defienden -lo hacía la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando estaba en el Gobierno de Díaz- que para resolver los problemas de financiación se requiere inyectar al sistema 16.000 millones de euros más al año. Eso es cinco veces el déficit que puede permitirse la Administración central en el 2019.

El presidente, de rectificación en rectificación

Pedro Sánchez va de rectificación en rectificación. La decisión de aparcar la reforma de la financiación autonómica, de la que había hecho causa común con las comunidades gobernadas por los socialistas para presionar a Rajoy, es una más, pero no la primera. La más llamativa fue con la que arrancó su primera entrevista, el lunes en TVE, en la que reconoció que su intención es la de agotar la legislatura y convocar las elecciones en el 2020. Cuando presentó la moción de censura, la justificó por la necesidad, dijo, de regenerar y normalizar la vida política como paso previo a la convocatoria de elecciones en el plazo más corto posible. En la misma entrevista, confirmó su renuncia a la derogación de la reforma laboral aprobada por Rajoy en el 2012. Su argumento fue que carece de la mayoría parlamentaria para hacerlo, por lo que se limitará a retoques parciales para los que sí la tiene. También puso peros a la prometida supresión del copago farmacéutico, que condicionó a un estudio previo que garantice su sostenibilidad financiera. En el mejor de los casos, tardaría aún meses en llegar.

Feijoo acudirá al encuentro con el presidente del Gobierno con la financiación en la cartera 

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La financiación autonómica es uno de los asuntos que el presidente de la Xunta llevará en su cartera al primer encuentro institucional que mantendrá con el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa. La cita, que sucederá a la del lendakari Iñigo Urkullu y a la del presidente catalán, Joaquim Torra, todavía está pendiente del cierre de fechas, pero Feijoo avanzó ayer que tendrá lugar en el mes de julio. Y su propósito es, antes de hacer otras valoraciones, conocer de primera mano si el PSOE, y su principal dirigente, «va a incumplir uno de sus grandes compromisos, el de buscar un nuevo sistema de financiación de forma inmediata», esgrimió el mandatario gallego, matizando que era una cuestión sobre la que se interpelaba constantemente al PP. 

Feijoo compareció ayer en la sesión de control del Parlamento para responder a las preguntas de los portavoces de la oposición, donde repasó el catálogo de asuntos que llevará a su encuentro con Pedro Sánchez. En respuesta al portavoz de los socialistas, Fernández Leiceaga, el jefe del Ejecutivo gallego dijo que exigirá que se cumplan los compromisos en materias como financiación autonómica, pero también en el traspaso de la titularidad de la autopista AP-9 a la Xunta, demanda que respaldan todas las fuerzas políticas gallegas, o el calendario de construcción del AVE, que tiene que concluir -aseveró Feijoo- «no segundo trimestre do 2019». 

Solidaridad e equidad

Durante el debate en el hemiciclo, Feijoo no ahondó mucho más en la cuestión de la distribución de fondos del Estado a las comunidades, y se limitó a decir lo de viene diciendo siempre, que defenderá un modelo de financiación basado en los principios de la «solidariedade e a equidade».

Pero poco más tarde, ya en los pasillos de la Cámara autonómica, y preguntado por los periodistas, profundizó un poco más en dicho planteamiento y valoró las declaraciones de Pedro Sánchez acerca de que no tiene previsto pactar un nuevo modelo de financiación en los dos años que quedan de legislatura, aunque sí prevé implantar mejoras en los mecanismos para atender las demandas de varias comunidades autónomas.

Feijoo se reservó su opinión sobre las intenciones del presidente del Gobierno, pues arguyó que lo importante son las decisiones «definitivas», y no las considerará como tales para que las escuche de boca de Sánchez en la reunión de julio. Es más, el líder del PPdeG dijo que no tiene «comunicación oficial» de que el PSOE «vaya a incumplir uno de sus grandes compromisos», en relación al pacto del nuevo modelo de financiación.

Galicia, por tanto, prefiere mantenerse a la espera de conocer cuáles son los pasos que dará Sánchez en este sentido. Y después dará su opinión. «Vamos a ver cuál es la postura del Gobierno para después hacer una valoración», insistió Feijoo.

Claro que sobre otros asuntos que formarán parte de la agenda gallega se mostró mucho más explícito Feijoo. De hecho, aparte de evocar los plazos del AVE y el traspaso de la AP-9, el mandatario gallego avanzó que aprovechará el encuentro para reclamar a Sánchez «cumplir íntegramente» con la Ley de Dependencia y rectificar el recorte de fondos de los últimos años.

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