El juez del Supremo tiene intención de concluir la investigación a finales de mes
24 jun 2019 . Actualizado a las 13:47 h.El Gobierno está dispuesto a trasladar a cárceles catalanas a los políticos presos por su implicación en la ofensiva secesionista contra el Estado una vez que el juez Pablo Llarena dé por concluida la instrucción, algo que podría producirse antes de que acabe el mes. Tampoco cierra la puerta, según dio a entender ayer la portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celaá, al acercamiento de los presos de ETA a prisiones del País Vasco, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto de ninguno de los dos escenarios. «Obviamente, cuando las circunstancias cambian se requieren otras políticas y de eso -dijo- hablaremos en otro momento».
La ubicación de los nueve presos preventivos -el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los exconsejeros Joaquim Forn, Carles Mundó, Raül Romeva, Josep Rull Jordi Turull y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell y los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente- se ha convertido en una patata caliente para el Ejecutivo, que se mueve entre su deseo de crear un clima de distensión con el Gobierno de Cataluña y la presión de PP y Ciudadanos para no ceder un milímetro. Los ministros de Pedro Sánchez a los que hasta ahora se había planteado la cuestión trataron de dar una patada al balón con el argumento de que, aunque la política penitenciaria depende del Gobierno, mientras se trate de presos preventivos es el juez el que decide su situación. Incluso Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, ambos magistrados, se zafaron con esa respuesta, pero el jueves Llarena les dejó sin coartada al replicar que él no tiene competencia para decidir en qué centro penitenciario deben permanecer los reclusos mientras él continúe la instrucción del caso.
«Es una cuestión de matices -argumentó Celaá-, el Gobierno, y supongo que también el juez, son conscientes de que los presos en prisión provisional están a disposición del juez instructor y deben estar cerca del juez instructor; una vez concluidas las diligencias, ciertamente, la responsabilidad pasa a Instituciones Penitenciarias: es una cuestión de comunicación entre el Gobierno y el Poder Judicial».
La legislación española no contempla de manera específica que los presos deban cumplir sus penas en lugares próximos a su domicilio, pero a menudo se ha interpretado que las apelaciones en la Ley General Penitenciaria a los principios de «reeducación y reinserción» y a la necesidad de «evitar el desarraigo social» apuntan en esa dirección. Sí son más claras tanto las Reglas Penitenciarias Europeas como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Ambas abogan por favorecer el encarcelamiento a lugares próximos al hogar familiar.
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ya dejó claro el pasado fin de semana en una entrevista en El Periódico que ella vería «con buenos ojos» un acercamiento de los procesados por rebelión y sedición. En todo caso, desde el Ejecutivo aseguran que este asunto se resolverá al margen de la reunión que mantendrán en breve Pedro Sánchez y Quim Torra e insisten en que estarán vigilantes a cualquier actuación fuera de la legalidad.
El PP insistió ayer en que los presos deben seguir en las cárceles madrileñas y desde Ciudadanos mantienen su tesis de que el traslado de presos es parte del precio que Pedro Sánchez pagará por el apoyo del PDECat y de ERC a la moción de censura.
Los secesionistas pretenden distinguir entre empresas afines y las que no
Una de las cosas que contribuyó más decisivamente al fracaso del desafío secesionista fue la fuga de empresas. En el último trimestre del 2017, más de tres mil sociedades catalanas trasladaron su domicilio social fuera de Cataluña. Aunque el ritmo ha bajado en las últimas semanas, tras un rebrote a raíz de la elección de Torra, son más de 4.500 las empresas fugadas, con una facturación conjunta que ronda los 50.000 millones de euros y un elevado coste fiscal, ya que solo en el último trimestre la recaudación se redujo en 800 millones por esta causa. Pues bien, pese a ello, los sectores más irreductibles del movimiento soberanista quieren reabrir la guerra empresarial. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) pretende elaborar un listado público de empresas que apoyan o se han mantenido fieles al desafío secesionista.
A raíz del 1-O y la fuga de empresas, la ANC ya promovió una campaña de boicot en el consumo de productos de las sociedades que abandonaban Cataluña, empezando por las entidades financieras, tras la marcha de La Caixa y de Banco Sabadell. Aquella iniciativa resultó un absoluto fracaso y apenas tuvo incidencia alguna. La ANC lleva tiempo buscando una forma más efectiva de intentar hacer daño a las empresas que han optado por salvaguardar sus intereses y buscar seguridad fuera de Cataluña. El sábado pasado, según informó ayer La Vanguardia, el secretariado nacional de la ANC decidió ponerse manos a la obra. «Ha habido varias peticiones desde octubre para que nosotros tratáramos de liderar algún tipo de movimiento para debilitar las empresas del Ibex e intentar fortalecer las empresas que apuestan por Catalunya», señala el periódico catalán, que precisa que la ANC está estudiando la fórmula, que ella misma reconoce que es «complejísima».
No obstante, la idea con la que está trabajando la comisión Fem República, de la ANC, es la de crear una web en la que se publicaría un listado actualizable de todas las empresas que «han demostrado su compromiso con la república», y que se agruparía por sectores de actividad, como entidades bancarias, aseguradoras, o pertenecientes al sector de la telefonía, de la electricidad o del gas. El objetivo, según la Asamblea, es potenciar el consumo de productos y servicios de las empresas afines al soberanismo y boicotear a todas las demás.
Todos los partidos de la oposición en Cataluña salieron en tromba contra una iniciativa que no solo perjudica a la economía de la comunidad sino que, además, ahonda en la división social al distinguir entre buenos y malos catalanes. Ante el revuelo generado por la propuesta, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, señaló que «todas las empresas que trabajan en este país son catalanas». Eso sí, anticipó que en la reunión que mantendrá en las próximas semanas con el presidente del Gobierno le reclamará que derogue el decreto que facilitó la marcha de empresas catalanas al resto de España.
Sánchez se reunirá primero con Urkullu, y a continuación con Torra y con Feijoo
El Gobierno anunció ayer que el presidente Sánchez se reunirá en las próximas semanas, y en todo caso antes de las vacaciones de verano, con los presidentes del País Vasco, Iñigo Urkullu; Cataluña, Quim Torra; y el gallego Alberto Núñez Feijoo. Desde la Generalitat no ocultaron el malestar de Torra por ser incluido en la lista general de encuentros de Sánchez con los presidentes autonómicos y, muy especialmente, por ser el segundo en el orden de reuniones. En realidad, el presidente ha organizado la agenda por el orden de acceso de cada comunidad a la autonomía, empezando por el País Vasco, seguida de Cataluña y Galicia.
De cara a la reunión de Sánchez con Torra, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, instó al Gobierno catalán «no solo a reclamar diálogo» sino a dar «pasos efectivos para conseguirlo». Para ello, le pidió que esté dispuesto a sellar «acuerdos concretos y parciales» para conseguir «restaurar» la confianza entre ambas administraciones.
Antes de esa cita, el presidente del Gobierno tiene previsto reunirse con el lendakari Urkullu. Celaá evitó relacionar esta entrevista -enmarcada en el deseo de engrasar las relaciones con todos los Ejecutivos autonómicos- con la situación de los etarras en prisión. No obstante, Sánchez es sensible a las posiciones del PSE, que lleva tiempo defendiendo que, desaparecida ETA, mantener la dispersión solo sirve para alimentar la «victimización» de la banda y crear un caldo de cultivo que permite que su «relato» cale en ciertos sectores de la sociedad vasca.