Llarena deja en manos del Gobierno acercar a los independentistas presos

Interior se mostró favorable a trasladar a Cataluña a los reclusos sí lo acordaba el juez

Ferran López, saludando a Llarena en un acto en Barcelona
Ferran López, saludando a Llarena en un acto en Barcelona

madrid / colpisa

Polémica pública entre el nuevo ministro del Interior y el juez del procés a cuenta de la posibilidad de que los políticos presos catalanes puedan ser trasladados a cárceles de esa comunidad. Y ante todo sobre quién sería, si el Gobierno (a través de Instituciones Penitenciarias) o el magistrado del Tribunal Supremo, el encargado de tomar esa controvertida decisión, que sin duda levantaría una polvareda política. Que ni el Ejecutivo ni el Supremo quieren para sí la responsabilidad de esa patata caliente quedó ayer meridianamente claro. La controversia pública entre el titular del Interior y el juez Pablo Llarena comenzó a primera hora del día cuando Fernando Grande-Marlaska se mostró, en principio, favorable a acercar a Cataluña a los nueve presos preventivos del procés acusados de rebelión o sedición y malversación: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa y Carme Forcadell.

«Si en cinco o seis meses esa persona no va a ser requerida, y siempre que haya autorización del juez, se puede evaluar un traslado que ayude a una vida personal y familiar más fácil», afirmó el titular de Interior, que sorprendió a sus compañeros juristas y magistrados al afirmar con rotundidad que Instituciones Penitenciarias solo decide directamente sobre el traslado de presos cuando hay sentencia. «Cuando son presos provisionales están a disposición del órgano judicial, por eso están en cárceles próximas a donde está el órgano judiciales porque mañana le pueden citar a declarar, notificar algo personalmente y no se pueden hacer traslados de un día para otro», apuntó el ministro en Onda Cero. Insistió además en que «se podría y se debería evaluar» un traslado a cárceles catalanas de los líderes independentistas en prisión provisional para facilitar su vida familiar, pero siempre que el juez haga constar que «no hay inconveniente».

Pablo Llarena contestó al ministro apenas unas horas después, lo que tardó en redactar el auto en el que reiteraba su rechazo a la nueva petición de libertad de Forcadell, Junqueras y Romeva, insistiendo en que persiste el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

Rapapolvo

El juez aprovechó esa resolución, que nada tenía que ver con el acercamiento o no a cárceles catalanas, para despacharse a gusto con Grande-Marlaska de manera pública y dejarle claro que «no tiene competencia para definir el concreto centro penitenciario en el que deben permanecer» los reclusos, por muy preventivos que estos sean.

El instructor del Supremo, apoyándose en la ley, el reglamento penitenciarios y en la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional, se lava las manos de cualquier responsabilidad sobre la decisión del traslado de los nueve líderes independentistas. Recuerda, en primer término, que el artículo 31 del reglamento establece que el «centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios», sin perjuicio de las atribuciones de los jueces de Vigilancia «en materia de clasificación por vía de recurso». Llarena recuerda los preceptos legales que fijan que será el centro quien ordene los traslados en base a las propuestas de las juntas de tratamiento o, en su caso, de el director o el consejo de dirección, así como los desplazamientos de los detenidos y presos que sean requeridos por otras autoridades. Y que estos traslados serán notificados al juez de Vigilancia, en el caso de penados, y «a las autoridades a cuya disposición se encuentren» si son detenidos.

La polémica entre el juez y el ministro llegó a tal punto que Interior, que acabó reconociendo que tiene competencia también sobre los presos preventivos, anunció que no tiene intención de mover a los nueve independentistas.

La Generalitat reabrirá sus principales «embajadas» en dos o tres semanas

C. R.

La Generalitat tiene intención de recuperar su presencia en el exterior y no solo pretende volver al punto en el que se encontraba cuando el Gobierno aplicó el 155, sino que quiere ir más allá. El nuevo consejero de Exteriores, Ernest Maragall, estrenó ayer su agenda internacional con un viaje a Bruselas, donde anunció que en dos o tres semanas el Ejecutivo catalán reabrirá las delegaciones en Londres, Washington, Roma, Berlín y Ginebra.

Hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la Generalitat tenía catorce «embajadas» por todo el mundo. El Gobierno de Mariano Rajoy solo dejó abierta la de Bruselas. Quim Torra pretende recuperar París, Lisboa, Copenhague y Viena en una segunda fase de reaperturas. La intención de Maragall es en una tercera etapa ampliar las delegaciones en el área del Mediterráneo, Oriente Próximo, Asia y América Latina. «La consejería de Acción Exterior será coherente con su nombre. Actuará», afirmó desde la delegación en la capital comunitaria.

Días después de recuperar la autonomía, la Generalitat ha iniciado además esta semana los trámites para reactivar el consejo de la Diplomacia pública de Cataluña, Diplocat, que el Ejecutivo central situó en la pasada legislatura como un eje central de la estrategia de Carles Puigdemont de internacionalizar la causa secesionista y como un agente de propaganda en foros internacionales. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró que «no se puede prohibir» que la Generalitat tenga el Diplocat, aunque advirtió de que «habrá que ver cuáles son sus actividades». «Representación exterior la tienen todas las comunidades autónomas», avisó el ministro de Asuntos Exteriores.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
0 votos
Comentarios

Llarena deja en manos del Gobierno acercar a los independentistas presos