Advierte a los independentistas que el límite está en el respeto a la Constitución
14 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.«No se puede prohibir». Con esta frase Josep Borrell dio por asumido que el Gobierno no tiene margen de maniobra para impedir que la Generalitat reactive el Diplocat, su servicio de embajadas en el Exterior. El ministro de Asuntos Exteriores recordó que en el pasado muchas comunidades autónomas abrieron oficinas en el exterior para promocionarse, si bien la mayoría de ellas decidieron después cerrarlas o integrarlas dentro de las embajadas nacionales para ahorrar gastos durante la crisis. En Cataluña sucedió todo lo contrario mientras duró el procés. Tanto Artur Mas como Carles Puigdemont dieron prioridad a la expansión de Cataluña en el exterior con el fin de vender el relato independentista en Europa.
La maniobra no pasó, ni mucho menos, inadvertida para el anterior Ejecutivo, que tras la aplicación del 155 se esmeró en cerrar cada una legaciones catalanas, con la única excepción de la ubicada en Bruselas. Y una de las primeras medidas de Quim Torra tras desactivarse el 155 ha sido retomar esta proyección exterior. El nuevo Gobierno socialista no lo impedirá mientras se respete la legalidad. «Representación exterior la tienen todas las comunidades autónomas, no se puede prohibir que la tengan, no habría base jurídica ni capacidad para hacerlo. Si las cosas funcionan con normalidad, en la normalidad estaremos y si no, ya veremos», justificó ayer Borrell en un encuentro con periodistas. El as en la manga de Exteriores está en la propia Constitución, que reserva en exclusiva determinados ámbitos de la acción exterior al Gobierno. Si el Diplocat traspasa la línea roja en su proyección internacional, el Ejecutivo podrá actuar de nuevo contra él.
Sin deudas
Borrell también aseguró que el Gobierno quiere ser constructivo con Cataluña, pero dejó claro que «no tiene ninguna hipoteca ni ninguna deuda que pagar» a los independentistas». Defendió que el camino a seguir con Cataluña no es el de la escalada verbal, sino el de restablecer el diálogo, pero recalcó que eso «no es una actitud entreguista». A su modo de ver, es importante que Sánchez y el presidente catalán, Quim Torra, se reúnan, hablen y fijen posiciones de partida, siempre que los secesionistas respeten la leyes.
La Fiscalía Anticorrupción apunta contra Puigdemont en su etapa como alcalde
Investigan el desvío de fondos de la compañía de aguas durante la época en que el expresidente era primer edil de Gerona
C. R.
Los problemas judiciales se le acumulan a Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat, procesado por rebelión y malversación por los hechos de octubre pasado que acabaron en la declaración unilateral de independencia, podría verse implicado en un nuevo caso, en esta ocasión de corrupción, durante su época como alcalde de Girona, entre 2011 y 2016.
La Fiscalía Anticorrupción apuntó ayer directamente contra el expresidente catalán por un delito de malversación de fondos públicos o de apropiación indebida. Las presuntas irregularidades se remontan al 2014. Ese año, el Ayuntamiento de Gerona aprobó, en un polémico pleno municipal, la adquisición del fondo artístico del crítico e historiador Rafael Santos Torroella, que incluía una colección de arte de unas 1.200 obras, entre otras de Picasso, Dalí, Miró o Tapies. La operación rondaba los cuatro millones de euros y la Fiscalía anticorrupción sospecha que el Ayuntamiento de Girona empleó fondos procedentes de la empresa adjudicataria del servicio de aguas de la ciudad gerundense y su comarca, Agissa, para la compra de las obras de arte. Con el objetivo de buscar pruebas en este sentido, el fiscal anticorrupción, José Grinda, lideró una operación policial llevada a cabo en los ayuntamientos de Gerona, Sarrià de Ter y Salt, los tres municipios que forman parte del consorcio de la compañía de aguas, de titularidad mixta público-privada. Agentes de la Guardia Civil se personaron en los tres consistorios para realizar requerimientos de documentación.
Denuncia de la CUP
El caso no solo salpica al expresidente catalán, sino también al actual presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, que fue alcalde de Sarrià de Ter durante la época investigada. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) descartaron que de momento Puigdemont haya pasado a tener la condición de investigado en el procedimiento del juzgado de instrucción 2 de Girona, pero todo dependerá de la documentación recabada por la Guardia Civil en sus registros.
La compra de las obras de arte forma parte de un caso más amplio y que el juzgado de instrucción número 2 de Gerona investiga desde el 2015, a raíz de una denuncia de la CUP contra directivos de la concesionaria del agua por enriquecimiento ilícito, administración desleal y facturaciones irregulares para favorecer a la parte privada de la compañía. La Fiscalía Provincial de Gerona abrió diligencias por un supuesto desvío de fondos en beneficio de la parte privada de Agissa que podría ascender a 15 millones de euros, lo que acabó repercutiendo en la ciudadanía, a la que le subieron el canon del servicio de agua.
Las supuestas irregularidades, no obstante, se remontarían años atrás, hasta 1998, en la etapa del exsocialista Joaquim Nadal al frente del Ayuntamiento de Gerona. La investigación cree que la compañía falseó sus cuentas. Aun así, Puigdemont renovó la concesión en el 2013. La actual alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas, afirmó que la operación de la Guardia Civil no fue más que un «show» y precisó que «todo el dinero» que se ha invertido en arte «proviene de partidas ordinarias del ayuntamiento, no del canon del agua, y todos los presupuestos son públicos».
La CUP también cargó contra la operación, pues a su juicio solo buscaba ir a por Puigdemont y no a destapar la corrupción. «Que la corrupción no tape la guerra sucia, y que la guerra sucia no tape la corrupción», aseguraron.
JxCat propone un cambio en el reglamento para permitir la teleinvestidura
JxCat propuso ayer al resto de grupos crear una ponencia conjunta para redactar una reforma del reglamento del Parlamento que permita introducir, por ejemplo, la posibilidad de utilizar medios telemáticos a fin de investir a un presidente de la Generalitat.
Con este propósito, JxCat dirigió al resto de grupos un escrito proponiendo una ponencia conjunta para preparar el texto que tiene que servir de base para la reforma del reglamento, ya que el grupo promotor no ha querido presentar un texto cerrado.
JxCat desea reformar el reglamento, fundamentalmente, como mediada a la carta para que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont pueda defender su candidatura sin estar presente en el hemiciclo, en el caso de que se produzca. El siguiente paso es que la ponencia inicie sus trabajos y redacte un texto inicial, que después se tramitará como si fuese una proposición de ley, con su correspondiente debate a la totalidad y la posterior tramitación en comisión. JxCat también desea volver a regular la cuestión de la delegación del voto de los diputados que no puedan estar presentes en el hemiciclo, porque afirman que existe una inseguridad jurídica que no garantiza la libertad de los parlamentarios catalanes.
El Parlamento de Cataluña cita a Santamaría y a Zoido por los atentados yihadistas
La comisión de investigación del Parlamento sobre los atentados de agosto en Cataluña citó para que comparezcan próximamente a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, al exministro de Interior Juan Ignacio Zoido y al director del CNI, Félix Sanz Roldán. En una sesión de trabajo celebrada ayer también se acordó citar al exministro de Exteriores Alfonso Dastis; el actual jefe de los Mossos, Ferran López; al exjefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero y al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. Por el contrario, se rechazaron las comparecencias de los exconsejeros de Interior de la Generalitat Joaquim Forn y Jordi Jané, el primero de los cuales está encarcelado en Estremera (Madrid) desde el 2 de noviembre.