Detenidos altos cargos de la Generalitat por su relación con el censo del 1-0
ESPAÑA
El juez investiga si el anterior Gobierno catalán obtuvo ilegalmente la lista de electores
13 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Dos altos cargos de la Generalitat, el director del Idescat, el organismo estadístico de la Administración catalana, y el jefe del gabinete técnico de la Consejería de Economía, fueron detenidos ayer y puestos en libertad con cargos en el marco de una nueva operación policial relacionada con la causa del 1-O. En concreto, los registros policiales llevados a cabo a instancias del juzgado barcelonés que instruye el caso, el número 13, se realizaron en la Consejería de Economía, el Idescat, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) y la sede de la Generalitat donde se controlan los certificados de envío de correos, que se encuentra alojada en el edificio de Mediapro (pero en ningún caso eran diligencias vinculadas con la empresa, según fuentes judiciales). Los agentes buscaban pruebas sobre el origen del censo electoral utilizado en el referendo.
Las urnas y el listado de electores fueron dos de los secretos mejor guardados por el anterior Ejecutivo catalán en el proceso de organización del referendo ilegal. Cómo se obtuvo y quién elaboró el censo siguen siendo dos de las incógnitas no despejadas hasta la fecha sobre la trama del 1-O, en la que el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona ha imputado a una cuarentena de personas, al margen de los procesados por el Supremo.
Los investigadores sospechan que la obtención del censo del 1-0 la hizo de forma ilegal el anterior Ejecutivo catalán, en tanto en cuanto la lista de participantes para unas elecciones es propiedad de la Administración central y esta no se la facilitó al Gobierno catalán para la organización de la cita ilegal, que el Constitucional declaró contraria a la ley.
El detenido de mayor rango en la operación de ayer es Frederic Udina, director del Idescat. La Policía Nacional ya registró la sede del Instituto de Estadística de Cataluña el pasado 5 de diciembre y la intervención de ayer fue una continuación. Los investigadores creen que este organismo cedió sus ficheros al Gobierno catalán para confeccionar el censo del 1-O, lo cual podría constituir un delito de revelación de secretos. Así, se sospecha que el Idescat cedió los datos personales de los ficheros del Registro de Población de Cataluña al departamento de Vicepresidencia y Economía para elaborar el censo de votantes, extremo para el que no está autorizado.
En la agenda intervenida a Josep Maria Jové (ex número dos del entonces vicepresidente, Oriol Junqueras) se detallaba una reunión con Udina con el objetivo de abordar la obtención de los datos necesarios para elaborar el censo. Horas antes del inicio de la jornada del referendo del 1-O, el Gobierno catalán sorprendió con el anuncio de que los 5,3 millones de catalanes llamados a participar en la consulta ilegal podrían votar en cualquier colegio a través de un «censo universal».
Seis horas de registro
El otro detenido es el jefe del gabinete técnico de la Consejería de Economía, Daniel Gimeno, que es quien pudo haber recibido el fichero del Idescat. El alto cargo de Economía fue arrestado tras un registro de seis horas de la Policía Nacional en la sede de la consejería que la pasada legislatura lideró Oriol Junqueras y que ahora conduce el también republicano Pere Aragonés, quien igualmente ejerce de vicepresidente.
Las fuerzas policiales se centraron en el registro del ordenador de Gimeno, que al final de la operación fue conducido a comisaría para prestar declaración como detenido. Se da la circunstancia de que el registro que hizo la policía el 20 de septiembre en esta misma sede derivó en altercados y acabó siendo una de las causas para el procesamiento y encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Ayer, en cambio, nadie se manifestó frente a la sede de Economía.
El Gobierno catalán salió en tromba contra la operación policial y la calificó de cortina de humo para tapar la sentencia contra Iñaki Urdangarin. «Viene siendo habitual y un poco lamentable que cada vez que hay una sentencia contra el Gobierno o en este caso contra la monarquía se tape la noticia haciendo el show mediático que comportan los registros», afirmó la consejera de Presidencia, Elsa Artadi.
Torra intenta reactivar el Diplocat para «reforzar el área de exteriores»
El Gobierno del PP exhibió casi como un trofeo de caza la «liquidación» del Diplocat, según anunció la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Días después de recuperar la autonomía, la Generalitat inició ayer los trámites para reactivar el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, que el Ejecutivo central situó como un eje central de la estrategia de Carles Puigdemont de internacionalizar la causa secesionista. Lo veía como un agente de propaganda a favor del proceso, además de vincularlo a la organización del referendo del 1-O. Santamaría lo dio el 13 de abril de este año por desmantelado. Sin embargo, la Generalitat afirma ahora que el proceso de liquidación no se completó y lo que ayer hizo el Ejecutivo de Quim Torra fue paralizar esta disolución. La intención del presidente de la Generalitat es recuperar el Diplocat para «reforzar el área de exteriores».
Pleno
Para ello, Quim Torra convocó el pleno del patronato de este organismo que preside él mismo, para decidir los próximos pasos, que deben ir encaminados a volver a poner en marcha el organismo del que forman parte, entre otros, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones provinciales, las cámaras de comercio y las universidades catalanas.
Los órganos de gobierno del Diplocat siguen «activos», según fuentes de la Generalitat, ya que el consorcio no ha perdido su «personalidad jurídica». Para Torra es de la «máxima prioridad» volver a restituir las embajadas catalanas que canceló el anterior Gobierno, una muestra más de sus intenciones de continuar el proceso secesionista. De las catorce que tenía la Generalitat solo sigue abierta la de Bruselas.