La elección de Borrell para Exteriores crea la primera fricción con los secesionistas

Sánchez asegura que su Gobierno «antepondrá el consenso a la crispación»


Madrid / Colpisa

Un primer nombre franqueó ayer el muro hermético levantado por Pedro Sánchez en torno al diseño de su futuro Gobierno, Josep Borrell. El expresidente del Parlamento Europeo, exministro en los dos últimos Gobiernos de Felipe González y candidato efímero del PSOE a la presidencia del Gobierno entre 1998 y 1999 ocupará la cartera de Asuntos Exteriores. El nombramiento de una de las personas que más se ha significado como azote del independentismo fue recibido con evidente disgusto por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. «¿Este es el gesto que tenían pensado para enviarnos un mensaje fraternal de desescalada?», escribió desde Berlín.

Borrell, que en el 2017 apoyó a Sánchez en su batalla para recuperar la secretaría general del PSOE pese a haber defendido inicialmente la abstención en una investidura del PP tras la repetición de elecciones en el 2016, es una bestia negra para el secesionismo. No solo publicó en el 2015, junto a Joan Llorach, un libro titulado Las cuentas y los cuentos de la independencia, en el que trató de desmontar con cifras el «España nos roba», sino que además el pasado octubre fue, junto a Mario Vargas Llosa, uno de los principales oradores en la multitudinaria manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana bajo el lema «¡Basta! Recuperemos el sentido común». Tiene en su haber algunos episodios que los adversarios de Sánchez, desde el PP hasta Ciudadanos, pero posiblemente también Podemos, pueden intentar utilizar en su contra. Nunca se ha sentado en un banquillo, pero renunció a ser candidato socialista tras ganar las primarias a Joaquín Almunia después de que se abriera una investigación contra dos de sus excolaboradores en Hacienda por sobornos en las inspecciones fiscales. Más recientemente, vio cómo le salpicaba la acusación contra la cúpula de Abengoa, de la que él era consejero, por falsear las cuentas. En todo caso, no se le puede vincular directamente con ninguno de estos escándalos.

Borrell no será, por otro lado, el único ministro catalán en el Ejecutivo de Sánchez. A pesar de que se había especulado con su incorporación al Consejo, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se quedará en Barcelona con la intención de servir de enlace al nuevo presidente, pero algunas fuentes apuntan a que habrá un puesto, probablemente relacionado con la Administración territorial, para Meritxell Batet, la que fue número dos en las listas de Sánchez para los comicios del 2015 y cabeza de lista por Barcelona en el 2016 tras las renuncia de la fallecida Carme Chacón. Su relación con Iceta es muy cercana y es secretaria adjunta en la dirección del grupo parlamentario socialista en el Congreso.

El resto de las cuotas territoriales están menos claras. El secretario general del PSOE no ha dado a los principales barones del partido la oportunidad de proponerle nombres. Algunos territorios lo asumen con deportividad. «Debe tener plena libertad», dicen. En otros, como Andalucía, hay quien defiende que sería un buen gesto hacia la federación que más aporta en votos al partido sumar a alguno de los suyos, como la actual consejera de Hacienda, María Jesús Montero. Todo apunta a que la andaluza que entrará en el Gobierno, quizá en calidad de vicepresidenta, será sin embargo la exministra Carmen Calvo, no afín a Susana Díaz.

Pedro Sánchez confirmó ayer que su intención es cerrar hoy su Gobierno para hacerlo público mañana, que tome posesión el jueves y se reúna el viernes en su primer Consejo de Ministros. El jefe del Ejecutivo inauguró su agenda recibiendo en la Moncloa al presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, y por la tarde intervino en un acto en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con motivo del 25.º aniversario de las relaciones entre España y Andorra. En el acto, destacó que «escuchar, dialogar y consensuar deben ser los tres pilares sobre los que se base la política del siglo XXI». Y añadió que «el ánimo del nuevo Gobierno de España será anteponer siempre el consenso a la crispación en todos y cada uno de los ámbitos de la política española y de la política internacional».

La coruñesa Nadia Calviño, ministra de Economía

La Voz

Hasta ahora era directora general de Presupuestos de la Comisión Europea

La coruñesa Nadia Calviño, una de las españolas con mayor responsabilidad en la Comisión Europea, donde era desde el 2014 directora general de Presupuestos, es la elegida por Pedro Sánchez para llevar las riendas del ministerio de Economía.

Nacida en A Coruña en 1968, es hija de José María Calviño, director general de RTVE en los años ochenta y uno de los apoyos en la sombra a Pedro Sánchez en las últimas primarias en las que resultó elegido secretario general del PSOE.

Calviño, que ya trabajó en el Ministerio de Economía en los años noventa, dirigía una plantilla de 500 personas y su trayectoria y forma de gestión es conocida por los responsables de Economía de los países comunitarios. Es bien valorada incluso por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, quien la citó expresamente en el último acto del mandatario gallego en Bruselas.

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El Gobierno mantiene el control de las cuentas de la Generalitat

Ciudadanos pide a Sánchez otro 155 efectivo ya para evitar «un nuevo golpe de Estado»

p. d. h./ m. e. a.

El Gobierno de Pedro Sánchez no retirará de inmediato las salvaguardas a la Generalitat de Cataluña. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró ayer que, de momento, no se atenderá a la demanda de Quim Torra para que se levante el control mensual de las cuentas catalanas, acordada por el líder socialista y Mariano Rajoy en su último encuentro en la Moncloa el pasado 16 de mayo. Ábalos sí adelantó que, en caso de que la situación se «normalice», es decir, en caso de que el Ejecutivo catalán plantee una legislatura de respeto al orden constitucional, sí habrá que «ir pensando» en la utilidad de determinadas medidas.

En concreto, el control mensual de las cuentas lo estableció el Ministerio de Hacienda en el 2015 para tratar de garantizar que el dinero del FLA, con el que el Estado ayudaba (y ayuda) a financiarse a Cataluña y otras comunidades autónomas que por su elevada deuda no encontraban crédito en los mercados, no se destinara al proceso secesionista.

El hombre fuerte de Sánchez en el partido subrayó que, en todo caso, no se trata de «anticiparse» ni de «postergar», sino de «acompañar» los avances hacia la normalización que se vayan produciendo. También dio largas a la exigencia de acercar a los presos por el procés a cárceles de Cataluña. Los socialistas alegan que, aunque la política penitenciaria depende del Gobierno, en este momento procesal es el juez el que decide. Eso sí, tampoco descartó que en el futuro puedan atenderse por razones «humanitarias» las reclamaciones que planteen en ese sentido quienes resulten condenados.

En el PSOE admiten además que probablemente tampoco se dará prioridad a la ofensiva legislativa que antes de la sentencia de la Gürtel planteó Sánchez: la reforma del delito de rebelión y la regulación de las tomas de posesión.

Ciudadanos no se fía de las intenciones del nuevo Ejecutivo catalán y así se lo hará saber a Pedro Sánchez. La formación de Albert Rivera emplazó ayer al presidente a una reunión para analizar la situación y pedirle que impulse una nueva aplicación del artículo 155 al menos en cuatro ámbitos: el control de las finanzas, los Mossos d’Esquadra, la televisión pública y la acción exterior, para evitar «un nuevo golpe de Estado». «No es un 155 preventivo, se trata de actuar, de aplicar la Constitución y, por tanto, de hacer política», argumentó el secretario general, José Manuel Villegas.

Torra reclama una reunión urgente con Sánchez para negociar sobre los presos

c. r.

Quim Torra tiene prisa. El nuevo presidente de la Generalitat viajó ayer a Madrid para visitar en las cárceles a Oriol Junqueras y a los exconsejeros presos y situarlos en el centro del inicio de su mandato. La señal es inequívoca hacia el nuevo presidente del Gobierno, que antes de formar su Ejecutivo ya tiene en su mesa la reclamación de Torra de celebrar una reunión inmediata para saber cuál es su posición sobre los secesionistas encarcelados y el derecho de autodeterminación. «Es urgente que nos veamos y negociemos» para hablar «de Gobierno a Gobierno», presionó a las puertas de la cárcel de Estremera. «Necesitamos saber si España pide justicia o escarmentar a los independentistas», remató.

Desde el independentismo piden acercamiento a las prisiones catalanas u órdenes al fiscal general para que rebaje las peticiones de penas. De hecho, la consejera de Justicia, Ester Capella, afirmó que el acercamiento está en manos del ministro del Interior. En solo 48 horas, el presidente de la Generalitat ha elevado la presión sobre Sánchez, ya que ha pasado de reclamar «gestos» a exigir «soluciones», y de pedir diálogo a demandar ya una mesa de negociación.

En la misma línea, la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, se estrenó ayer con una seria advertencia a Pedro Sánchez: «El derecho de autodeterminación es irrenunciable». «Si no se puede negociar con el Estado, deberemos conseguir la independencia haciendo nuestro camino», avisó. Ante esa vía unilateral, le replicó ERC que el proceso soberanista debe ser «multilateral».

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