La mujer de Bárcenas va a prisión hasta que reúna una fianza de 200.000 euros

El exmarido de Ana Mato también ingresó en Soto del Real por no pagar la caución

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madrid / colpisa

Luis Bárcenas vio ayer a media tarde cumplida su peor pesadilla: su mujer, Rosalía Iglesias, convertida en una presa más en el módulo 13 de la cárcel de Soto del Real, el mismo centro de la sierra madrileña donde él mismo ingresó el pasado lunes para enfrentarse a una larga temporada entre rejas. Pero la pesadilla del extesorero del PP no durará mucho. Los familiares y amigos del matrimonio -particularmente el único hijo de ambos, el cantante Willy Bárcenas, líder del grupo musical Taburete- se movilizaron para cubrir la fianza de 200.000 euros que la Audiencia Nacional exigió a Iglesias para librarse de seguir en prisión, al menos hasta que el Tribunal Supremo haga firme la sentencia de la primera época del caso Gürtel (1995-2002). Detrás del furgón policial que transportaba a la mujer de Bárcenas, flanqueó las puertas de Soto el vehículo que llevaba a Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato, quién tampoco pudo reunir la caución de 100.000 euros que le hubiera permitido no pisar, de momento, la cárcel.

En la Audiencia Nacional se volvió a vivir una jornada frenética, sobre todo cuando el tribunal comunicó a Iglesias al filo de la una de la tarde que tenía poco más de dos horas para reunir los 200.000 euros. Al final, los allegados de la condenada ayer no pudieron llegar a tiempo avalar esa cantidad, que, según la sala, aminoraría el riesgo de que escape al extranjero. El tribunal, en su auto, reconoce que «el hecho de que su marido se encuentra en prisión es una circunstancia que puede paliar ese riesgo de fuga».

Sin embargo -afirman los magistrados- «no podemos obviar la importante cantidad de recursos económicos que el matrimonio llegó a acopiar con la ilícita actividad delictiva desplegada por ambos cónyuges, de los que, al menos en parte, tenía capacidad de disposición Rosalía Iglesias». Los magistrados creen que los 200.000 euros son una cantidad «acorde con los beneficios que le reportó el saqueo de fondos públicos, »parte de los cuales no se ha conseguido localizar. 

Fortuna opaca

Iglesias fue condenada el jueves a 15 años de cárcel por apropiación indebida, estafa procesal, falsedad documental y blanqueo de capitales, básicamente por cooperar con su marido en sacar su fortuna opaca de España. Según la sentencia, ella no era «un simple objeto» que se limitaba a seguir las instrucciones de Bárcenas, sino que «tenía capacidad de decisión sobre la disponibilidad» de sus fondos y así lo evidencian tres»significativas transferencias «de 178.072 euros que hizo a Bermudas». En cuanto Iglesias pague saldrá de prisión, pero tendrá los movimientos limitados. La sala ya le ha avisado que le retirará el pasaporte, le prohibirá salir de España y le obligará a presentarse cada quince días en el juzgado.

Jesús Sepúlveda, junto con Iglesias, fue el único de los doce condenados que ayer pasaron por la Audiencia Nacional para conocer su futuro procesal y a los que el tribunal impuso algún tipo de fianza. A pesar de que la caución al exalcalde de Pozuelo de Alarcón era la mitad de la de la mujer de Bárcenas, el exmarido de la exministra tuvo muchos más problemas para acercarse a los 100.000 euros. Según explicaron fuentes jurídicas, Sepúlveda tiene embargados buena parte de sus bienes y su círculos de allegados «no es tan amplio» como el de los Bárcenas. El tribunal justificó la necesidad de imponerle una fianza por «su participación en un importante elenco de delitos relativos a la corrupción», casi a la altura -explica la sala- de los ilícitos de los tres condenados a los que mandó el lunes a la cárcel sin fianza alguna (el propio Bárcenas; el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo). Sin embargo, Sepúlveda tendrá un «tratamiento diferente» porque su pena (14 años y 4 meses) es significativamente menor.

La baza de unos Presupuestos en el aire si prospera la moción

Los nacionalistas vascos se debaten entre la cuestión identitaria y los intereses económicos. Una duda consustancial al PNV y que alimenta las dos almas que conviven en el seno del partido que fundó Sabino Arana. Eso explica que al día siguiente de que dieran su apoyo a los Presupuestos del Estado se plantearan respaldar una moción de censura que amenaza a ese mismo proyecto de ley, que aún está en proceso de tramitación en el Senado. El PNV lleva haciendo alardes de pragmatismo desde los inicios de la Transición. Mientras su alma nacionalista, muy asentada en Guipúzcoa, domina el mensaje interno, el pragmatismo del PNV vizcaíno, más próximo a los intereses empresariales, se antepone cuando cruzan las fronteras de la comunidad.

El PNV ha hecho valer la importancia de sus cinco diputados para arrancar al Gobierno, en los Presupuestos del Estado, inversiones para el País Vasco por más de 500 millones de euros. En las conversaciones que Mariano Rajoy mantuvo a lo largo del día de ayer con el lendakari, Íñigo Urkullu, y en las que el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, tuvo con su homólogo del PNV, Andoni Ortuzar, los dirigentes populares pusieron en juego la baza de los Presupuestos,. El PP dispone de mayoría absoluta en el Senado, por lo que en sus manos está su aprobación en la Cámara, o la introducción de enmiendas que modifiquen lo acordado con los nacionalistas vascos en el Congreso. 

Paso por el Senado

En cualquier caso, el proyecto de ley, si no es refrendado en la votación del próximo día 21 tal cual ha llegado del Congreso, volverá a la Cámara Baja para ser refrendado. Obviamente, el PSOE puede garantizar al PNV que, si prospera la moción de censura, mantendrá los Presupuestos tal y como fueron aprobados la semana pasada con su voto en contra. De esta forma, apaciguaría a los nacionalistas y, además, tendrá unos Presupuestos que gestionar, ya que no le daría tiempo a aprobar unos nuevos y mientras tanto seguiría vigente la prórroga de los del año pasado. Es decir, los Presupuestos podrían ser ratificados con una mayoría diferente a la de su aprobación inicial en la Cámara.

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