Zaplana recibió más de 6 millones de las empresas de los Cotino, según la magistrada

r. c. VALENCIA / COLPISA

ESPAÑA

MORELL | Efe

La jueza lo acusa de hasta una decena de delitos, entre ellos los de asociación ilícita y grupo criminal

26 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

La titular del Juzgado de Instrucción número de 8 de Valencia, encargada de las investigaciones de la operación Erial, atribuye al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana hasta una decena de delitos, entre ellos los de asociación ilícita y grupo criminal. Asimismo, considera que el exdirigente popular recibió comisiones por un montante de unos 6,4 millones de euros procedentes de empresas de la familia Cotino.

La jueza investiga a Zaplana, al que envió a prisión sin fianza, por los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, grupo criminal y delito fiscal. Estima además que puede tener fondos ocultos en Andorra, Uruguay y Paraguay.

En su auto, la magistrada se refiere a adjudicaciones a Sedesa -empresa de la familia Cotino- de parte de las ITV y del plan de Parques Eólicos de la Comunidad Valenciana, aprobadas en la época de Zaplana al frente del Gobierno valenciano y por las que considera que el expresidente recibió «sobornos en perjuicio de otras empresas concurrentes, generando con ello importantes beneficios», que cifra en 6,4 millones.

Añade que el pago de las comisiones «se efectuó en el extranjero para retornar el dinero a España, encubriéndose el verdadero origen del mismo, que ha sido utilizado para la adquisición de bienes».

La instructora vincula a Zaplana con un desvío de fondos realizado hace 12 años a través de una sociedad, e implica a tres más en el retorno del dinero supuestamente desviado.

Durante su comparecencia el jueves ante la jueza, Eduardo Zaplana se acogió a su derecho a no declarar y únicamente habló su abogado. El fiscal anticorrupción pidió prisión provisional, comunicada y sin fianza al entender que existía riesgo de fuga y ocultación de documentos.

La defensa del exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana ha recurrido el auto de prisión al considerar la medida «innecesaria y desproporcionada», y que no existe «ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas». También rechaza el riesgo de fuga tanto por el «arraigo personal y familiar» del exdirigente popular como por la «grave enfermedad» que padece desde hace años, y que requiere cuidados continuos y periódicos».