Líderes secesionistas se beneficiaron del desvío de fondos destinados a la cooperación
ESPAÑA
En la operación fueron detenidas 30 personas y se centró en ayudas irregulares de la Diputación de Barcelona
25 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Un total de 30 personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Barcelona, el exconvergente Salvador Esteve, fueron detenidas ayer en una macrooperación contra una red de presunta corrupción, dedicada a financiar a organizaciones y dirigentes afines a la antigua Convergència, a través de las subvenciones de la Diputación de Barcelona. Se investiga un fraude por un mínimo de dos millones de euros en ayudas públicas (la Policía apunta que pueden ser diez millones) para proyectos en América Latina, Marruecos y Bosnia que nunca llegaron a realizarse y cuyos fondos fueron desviados a cuentas particulares entre el 2011 y el 2015.
La mayoría de los detenidos han quedado en libertad en unas horas, a la espera de ser citados por el juez, aunque cinco de ellos pasarán hoy a disposición judicial. Se les imputa prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales, falsedad documental y fraude de subvenciones. En la intervención Estela participaron más de 500 agentes y 30 agentes judiciales y se llevó a cabo en Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cambrils y Reus. Entre otras, la Policía registró las dependencias de la diputación provincial.
Según las primeras indagaciones, el dinero defraudado sirvió para lucros personales y, presuntamente, para financiar el proceso secesionista, «a la luz del fuerte compromiso independentista de los detenidos, algunos de los cuales tienen empresas ligadas al proceso secesionista catalán».
La investigación partió de una denuncia anónima. Con esa base, un juzgado de Barcelona indaga desde hace más de un año el reparto supuestamente irregular, y a veces a dedo, de ayudas para países en vías de desarrollo. En el punto de mira está la fundación CATmón, cuyo objetivo es el reconocimiento internacional de la «nación catalana». Su presidente es Víctor Terradellas, exsecretario de Relaciones Internacionales de CDC y detenido ayer. A esta entidad pertenece también el diputado de Junts Francesc de Dalmases, Durante el período investigado, CATmón recibió subvenciones, al igual que la ONG Igman, también fundada por Terradelles y Dalmases, por más de diez millones y dos se habrían desviado de modo fraudulento.
El juez que investiga el caso habla de «un incumplimiento bastante grosero del procedimiento administrativo». Detalla que se pagaron subvenciones dos años antes de que el proyecto se aprobara, se presentaron facturas antes de la entrega del trabajo o no se aportó memoria técnica ni propuesta económica.
El fiscal alemán pide al tribunal que no interprete los hechos y entregue a Puigdemont
La Fiscalía General de Schleswig-Holstein, la región alemana en la que fue detenido el expresidente Carles Puigdemont, reiteró ayer que el político independentista puede ser acusado de rebelión ante el tribunal porque ese delito coincide con el de alta traición en Alemania, por lo que, a su entender, el tribunal debería entregar a Puigdemont a España. En lo que constituye un toque de atención al tribunal, añade que la Justicia alemana no tiene por qué entrar a interpretar los hechos sino cumplir la euroorden.
Se basa el ministerio público germano, que ultima un nuevo recurso contra la última decisión del citado tribunal, en la nueva información recibida desde España. Estos datos les lleva a no tener «ningún motivo para dudar de que el delito de rebelión en España se puede equiparar con el delito de alta traición en Alemania», según señaló el fiscal general de Schleswig-Holstein, Wolfgang Zepter, a la agencia Dpa. «Eso [si ambos delitos son equiparables] es todo lo que la Justicia alemana debe determinar», afirmó.
El fiscal general jefe de Schleswig-Holstein, Georg Güntge, aclaró que el ministerio público que él dirige no está analizando si en España se produjo rebelión, sino que simplemente Alemania tuvo que examinar el caso por coherencia según la orden de arresto europea emitida desde Madrid. «No podemos interpretar los hechos, tenemos que aceptarlos tal y como se nos presentan», añadió.
A principios de abril, el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein desestimó la primera solicitud enviada por la Fiscalía germana de tramitar la extradición de Puigdemont en virtud de los delitos de rebelión y malversación que le imputa España, porque entendía que no se había cometido violencia con capacidad para doblegar la voluntad del Gobierno. En su segundo escrito, el juez Llarena abrió la puerta a que los líderes del procés no sean juzgados por rebelión sino por sedición o conspiración para la rebelión, castigados con penas inferiores. Esta opción expuesta en el auto del 8 de mayo de confirmación del procesamiento de Puigdemont tendría mejor encaje en el Código Penal alemán.