El diario oficial catalán publica la estructura del Ejecutivo, pero no los consejeros
22 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno no tiene urgencia por resolver el pulso que mantiene desde el sábado con Quim Torra. De momento, los nombramientos de los futuros consejeros catalanes están congelados mientras la Abogacía del Estado explora argumentos jurídicos que desaconsejen avalar un Ejecutivo conformado por dirigentes en prisión preventiva y fuera de España. En la Moncloa no hay ni intención ni necesidad alguna de «correr». Es más, prolongar el bloqueo concede a Mariano Rajoy la posibilidad, remota o no, de que sea el presidente de la Generalitat quien ceda y rectifique. No ha depositado en ello todas sus esperanzas, pero fuentes del Gobierno confían en que tras la «enésima afrenta» del independentismo y un nuevo capítulo de «victimismo», Torra resuelva revisar su propuesta de consejeros y designar a responsables políticos que, físicamente, puedan hacerse con el cargo. En otras palabras, que el presidente catalán constituya el Ejecutivo «viable» que ayer reclamó Rajoy durante un acto en Vigo y que no sea necesario tomar la decisión en firme de vetar los nombramientos y mantener la intervención de Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución.
Sin embargo, si ese escenario no llegara a producirse, en la Moncloa creen que el informe que prepara la Abogacía del Estado superará las dudas aún existentes, amparará que no se elijan consejeros en prisión o huidos de la Justicia y aclarará si es necesario recurrir los nombramientos de Torra ante los tribunales. Tanto el Ejecutivo como el PSOE y Ciudadanos insisten en que se trata de una cuestión de lógica. Pero de los servicios jurídicos dependerá elaborar el armazón. «La legislación y el derecho, en la mayoría de los casos, lo que hacen es amoldarse al sentido común», confió ayer el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez.
Defensa de los derechos
De momento, la Abogacía del Estado estudia todas las opciones. «Tenemos que analizarlo muy bien -argumentó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría-, porque tenemos la obligación de defender los derechos de los catalanes. ¿Y cómo les explicamos que van a tener un conseller de Salud que sencillamente vive en Bruselas?». Este es el caso de Toni Comín, pero las fuentes consultadas cuestionan también el encaje legal de la designación de Jordi Turull como responsable de Presidencia, Josep Rull al frente de Territorio y Lluís Puig en Cultura. Los dos primeros se encuentran en prisión preventiva y el tercero, en Bélgica.
Estatuto y Ley de Presidencia
El artículo 17.2 de la Ley de Presidencia de la Generalitat determina que «el nombramiento de los miembros del Gobierno surte efecto a partir de la toma de posesión» y en el Ejecutivo entienden que ese acto de hacerse cargo no puede producirse en ningún caso a distancia. Además, el apartado 10 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que la sede gubernamental es Barcelona, sin perjuicio de que se puedan celebrar reuniones «en otros lugares de Cataluña». Y, por otro lado, la misma norma recoge que el Parlamento autonómico podrá «requerir la presencia» de los consejeros tanto en el pleno como en las comisiones, lo que podría no ser viable al no residir los mismos en el territorio.
Entretanto, la tensión aumenta en la polarizada sociedad catalana. La organización juvenil Arran, vinculada a la CUP, quemó ante la sede del PP catalán fotos de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera, en protesta por el mantenimiento de la intervención de la Generalitat. Además, la campaña independentista de clavar cruces amarillas en las playas para reclamar la excarcelación de los dirigentes presos está derivando en enfrentamientos, en algunos casos físicos como en Canet de Mar, con detractores del secesionismo que desean disfrutar del arenal.
Sánchez: «Es Torra quien con sus decisiones mantiene el 155; es un racista al frente de la Generalitat»
«El desafío al que nos estamos enfrentando va a durar tiempo, va a necesitar esfuerzo y dedicación, y va a trascender la acción de un solo Gobierno», advirtió ayer Pedro Sánchez. El líder de la oposición instó con este argumento a la unidad de todas las fuerzas políticas que defienden el orden constitucional y, en especial, apeló a la «responsabilidad» de Ciudadanos y Podemos. «No es una cuestión de ideología, sino prepolítica», dijo.
El planteamiento de Sánchez sobre el modo en el que convendría abordar la crisis catalana es similar al planteado por Rodríguez Zapatero en relación con ETA en el 2000, cuando estaba en la oposición y pidió que se sacara la lucha antiterrorista de la contienda electoral. El actual secretario general del PSOE aclaró que no está pensando en un acuerdo formal. «No es necesario firmar nada. La unidad en torno a la Constitución no necesita ni manifiestos ni plataforma, simplemente hay que ejercerla», subrayó. Sin embargo, insistió en apelar a Albert Rivera y a Pablo Iglesias. Al primero le reclamó que no caiga en la «enfermedad de la aznaridad» y no intente sacar votos con la crisis territorial. «Es una estrategia que solo nos lleva a una España enfrentada consigo misma», adujo. Al líder de Podemos le pidió olvidar los «prejuicios» ideológicos en una cuestión que tiene que ver con la «convivencia». Sánchez no solo acepta la estrategia planteada por Rajoy sino que ha iniciado una ofensiva contra el nuevo presidente de la Generalitat, al que culpó de que Cataluña siga intervenida. «Es Torra quien con sus decisiones mantiene el 155; no es más que un racista al frente de la Generalitat de Cataluña», dijo.
Rivera urge a extender el 155
Albert Rivera redobló ayer la presión sobre el Gobierno para que extienda la aplicación del 155 en Cataluña. El líder de Ciudadanos considera que las palabras y la actitud del nuevo presidente de la Generalitat son suficientes para que el precepto constitucional no decaiga. «Sigue el proceso separatista y España debe proteger los derechos de los catalanes», alertó.
Para el dirigente liberal no hay ninguna duda de que Quim Torra «ha vuelto a las andadas» al nombrar como consejeros a huidos de la Justicia y encarcelados, y demuestra que no busca el diálogo con el Estado sino el choque institucional. «Qué más necesitamos para entender que hasta que no haya un acatamiento explícito de la Constitución, no podemos levantar el 155», abundó Rivera, que exigió a Rajoy que se deje de «tejemanejes» con el BOE catalán y que se siente a negociar con PSOE y Ciudadanos hasta cuándo aplicar el precepto constitucional y sobre qué competencias.
