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Clamor social y político en Algeciras contra Interior por la impunidad de los narcos

Sindicatos policiales acusan a Zoido de no hacer su trabajo


redacción / la voz

«Sale más caro una multa de tráfico que pegar a un policía». Así resume sus quejas por la situación en el Campo de Gibraltar Àngels Bosch, la presidenta de Eurocop, la organización de sindicatos policiales europeos, al referirse a la agresión que la semana pasada sufrieron nueve guardias civiles en Algeciras (Cádiz) por parte de una treintena de personas.

Este suceso, por el que ocho personas, ya en la cárcel, podrían ser condenadas a siete años de prisión, no es un hecho aislado en la comarca. Hace unas semanas, una veintena de encapuchados desafiaron a los agentes llevándose del hospital de La Línea a un narco; y un traficante de tabaco provocó con su moto un accidente en el que murió un policía local. La semana pasada, un niño murió en un choque entre dos lanchas, una de ellas pilotada por un hombre con antecedentes por narcotráfico. Además, es frecuente el acoso a los agentes en barrios de Algeciras en los que la depauperada economía, una tasa de paro del 30 %, el abandono escolar y el dinero fácil son un cóctel perfecto para la connivencia de un elevado número de residentes con los clanes de las drogas. Se trata de una actividad que «cada vez se percibe menos como un delito y más como una forma de vida», advierte Juan Fernández, portavoz de la AUGC, sindicato que cifra en unas 30 las bandas que operan en la zona con más de 3.000 colaboradores directos. Frente a eso, denuncia la creciente agresividad de los narcos, con luchas entre ellos, y su equipamiento superior al de los agentes.

Ante el aumento de la violencia en el Campo de Gibraltar, los sindicatos policiales denuncian la desprotección de los agentes y la «impunidad» de las agresiones, y desde Eurocop reclaman a Interior un cambio legislativo para castigar «con más severidad» esas acciones, formar a los agentes ante esta nueva violencia y dotarles de medios como cámaras individuales o pistolas táser. La Confederación Española de Policías, por boca de Juan Antonio Almagro, acusó ayer al ministro Juan Ignacio Zoido, y al director General de la Guardia Civil, José Manuel Holgado Merino, de «no hacer su trabajo» para frenar el tráfico de drogas en el sur de Cádiz.

Afrontar el aspecto social

Las voces de alarma también vienen de la sociedad civil, que el jueves protagonizó en Algeciras una multitudinaria concentración para decir basta a la violencia derivada del narcotráfico; y de los políticos que la representan, que reclaman un plan global de acción para erradicarla.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, aseguró que «es importantísimo que todas las Administraciones públicas, comenzando por la Unión Europea, cumplan sus obligaciones para con nuestra tierra». Su homólogo en La Línea, Juan Franco Franco, reivindicó un plan integral para explotar la «potencialidad» de la comarca y afrontar el aspecto social, y pidió que todas las Administraciones «se involucren». Desde Podemos, Teresa Rodríguez, reclamó «inversiones concretas y responsables», y Equo Andalucía Verds, una actuación de calado puesto que los últimos sucesos «demuestran que las situaciones de riesgo no son solo para policías y guardias civiles, sino también para la ciudadanía en general».

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, solicitó cooperación del Gobierno, la Junta y los grupos parlamentarios para que Algeciras «no se convierta en una ciudad sin ley». Mientras, el PSOE andaluz apeló al Gobierno central a «que no mire para otro lado» y que garantice la seguridad en el Campo de Gibraltar.

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