La jueza imputa a Cristina Cifuentes por cohecho y falsedad en el caso del máster

Los delitos de los que la acusa acarrean penas de hasta 6 años de cárcel e inhabilitación


madrid / colpisa

Solo era cuestión de tiempo que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid investigara a Cristina Cifuentes por el denominado caso máster, una vez que perdió su condición de aforada al renunciar el martes pasado a su acta de diputada.

Ayer, tres días después de entregarla, la jueza que instruye la causa acordó nuevas comparecencias, entre ellas la de la exdirigente del PP, a la que se le imputan los delitos de falsificación en documento público y cohecho por los que tendrá que declarar el próximo 26 de junio en los juzgados de Madrid. Ambas infracciones penales acarrean penas de prisión de hasta seis años e inhabilitación para ejercer como cargo público durante un período mínimo de seis años.

La magistrada quiere conocer si Cifuentes instó a que varios profesores de la Universidad Rey Juan Carlos falsificaran sus calificaciones para conseguir su titulación en Derecho Autonómico a pesar de no haber cursado el posgrado. La expresidenta autonómica siempre ha mantenido que las acusaciones en su contra eran falsas, que ella cursó su máster y que si ha habido anomalías en el proceso, las ha cometido el centro.

Tras estallar el escándalo el 21 de marzo, la universidad pública negó los hechos y mostró un acta con la firma de tres profesoras conforme se le habría aprobado el trabajo fin de máster. Sin embargo, en los días sucesivos se conoció que ese documento había sido reconstruido y que dos de las tres firmas estaban falsificadas. Tras iniciar una investigación interna y comprobar que podía existir un delito de falsedad en documento público, el rector Javier Ramos denunció ante la Fiscalía las presuntas irregularidades. Paralelamente, una catedrática de la Universidad de Salamanca interpuso una querella por falsificación de su firma en un acta para convalidar asignaturas de la política popular. El procedimiento, que se encuentra todavía en una fase inicial, acumula con Cifuentes cinco imputados.

Cinco imputados

El primero fue el exdirector del máster, Enrique Álvarez Conde, al que le siguieron la secretaria del tribunal encargado de examinar a Cifuentes, Cecilia Rosado, y la funcionaria que alteró sus calificaciones en el sistema, Amalia Calonge, a los que se les investiga por falsedad documental. La última fue Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster y quien aseguró que su firma fue falsificada en el acta de evaluación. La docente estaba declarando como testigo anteayer cuando la instructora optó por cambiar su situación procesal y acusarla de un presunto delito de prevaricación administrativa por haber calificado a alumnos que no habían cursado el máster.

PSOE y Podemos aprovecharon la imputación de la exdirigente del PP para pedir a Ciudadanos que se replantee su apoyo a la investidura de Ángel Garrido. Para el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, la Comunidad «no puede esperar un año más en esta situación» con un PP cuyo ciclo «está concluido» mientras que el diputado del partido morado, Íñigo Errejón, fue más allá y exigió al futuro presidente regional una disculpa a todos los madrileños por «aplaudir» a Cifuentes cuando la oposición reclamaba explicaciones.

El cohecho es la infracción penal que se produce contra la Administración pública por parte de un funcionario o particular que solicite dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo.

Fuentes jurídicas han especificado que en el caso de Cristina Cifuentes el cohecho que se le atribuye es el relativo al artículo 422, el mismo que se dio hace tiempo en el caso del escándalo de los trajes del expresidente valenciano Francisco Camps. Se trata en concreto del cohecho pasivo impropio. En su caso, el expresidente valenciano fue absuelto.

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