Portazo final a la investidura de Puigdemont

El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno y suspende la reforma de la ley de la Presidencia de la Generalitat que daba la última oportunidad al expresidente de ser candidato

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Madrid / Colpisa

El Gobierno maniobró con precisión para frenar el último intento de investidura de Carles Puigdemont. El Consejo de Ministros decidió ayer recurrir la reforma de la ley de Presidencia de la Generalitat y el Tribunal Constitucional la dejó sin efecto unas horas después. La reforma, aprobada el pasado viernes en el Parlamento catalán, permitía la designación del jefe del Ejecutivo autonómico incluso sin su presencia en la Cámara. Una puerta abierta a la reelección del expresidente de Cataluña que los magistrados terminaron de cerrar. Mariano Rajoy reunió a las once de la mañana a su Gabinete para cumplir el trámite. Acababa de justificar en el Congreso la impugnación de la norma por lo «absurdo» de pretender que un «fugado de la Justicia», que vive en Alemania, pueda ser investido presidente de Cataluña sin acudir al Parlamento. «No hay precedente en ningún lugar del mundo», subrayó.

Pero en eso consistía el penúltimo plan del independentismo. Junts per Catalunya se dio el pasado sábado hasta el día 14, el próximo lunes, para intentar la reelección de Puigdemont. Su portavoz, Elsa Artadi, incluso llamó a aprovechar la última «ventana de oportunidad» para votar a su candidato. Se refería al lapso entre la entrada en vigor de la ley de Presidencia y el pronunciamiento del Constitucional. El Gobierno, sin embargo, no dejó margen temporal para la convocatoria del pleno. Dado que la autonomía está intervenida por la vía del artículo 155 de la Constitución, la potestad de publicar la reforma en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña correspondía al Ejecutivo central. Y la norma no apareció en el boletín hasta la madrugada de ayer, horas antes de que el Consejo de Ministros moviera ficha.

Por unanimidad

Fuentes gubernamentales, en todo caso, relativizaron la propuesta de Artadi y dieron por hecho que ella misma era consciente de que su plan no podía llevarse a cabo. No hubo que esperar demasiado para obtener la respuesta del Constitucional. El pleno del tribunal estaba en marcha y el recurso del Gobierno pudo incluirse en el orden del día y se admitió a trámite por unanimidad. «Puro sentido común», reaccionó Rajoy en Twitter. La decisión dejó en suspenso de manera automática la modificación legal hasta que se resuelva sobre el fondo de la misma. O al menos durante los próximos cinco meses.

Además, los magistrados, a propuesta de la Abogacía del Estado, advirtieron a Roger Torrent y a los demás miembros del órgano que gobierna el Parlamento de Cataluña de su deber de acatar el acuerdo. «La Mesa, con su presidente a la cabeza, sabrá que no puede convocar un pleno de investidura en estas condiciones, con un candidato sin presencia física, a riesgo de incurrir en un delito de desobediencia», advirtió Íñigo Méndez de Vigo. El portavoz del Ejecutivo, que compareció en la Moncloa tras el Consejo de Ministros, informó de que el Gobierno no solo ha impugnado la posibilidad de la elección a distancia. Encuentra «vicios de inconstitucionalidad», contrarios a la Carta Magna, al Estatuto de Autonomía y al reglamento del Parlamento catalán, en otros tres puntos de la norma. El recurso cuestiona que se permitan reuniones de la Generalitat fuera de Cataluña; que la modificación se haya aprobado por el trámite de lectura única, es decir, de manera exprés; y que se intente regular por ley un proceso de investidura que ya figura en las normas de la Cámara autonómica.

La única explicación que encuentra el Ejecutivo a este procedimiento es que se haya diseñado para un «caso específico». Es decir, para investir a Puigdemont pese a sus circunstancias. «Estos hechos -se apunta en el recurso- nos permiten afirmar que la modificación altera las reglas del juego de la vida parlamentaria en un momento esencial, de forma arbitraria y con el objetivo de su aplicación a la presente coyuntura».

Candidato limpio

A partir de ahora, el Gobierno confía en que Junts per Catalunya acceda a impulsar un candidato «limpio», sin cargas judiciales, que pueda ser investido antes de que el próximo día 22 concluya el plazo y se convoquen nuevas elecciones. Rajoy instó a los secesionistas a dejar de seguir las pautas de Puigdemont. «No pueden subordinar toda su actuación política a la voluntad de una sola persona -reprochó-; ya está bien de estar mareando la perdiz».

Fuentes gubernamentales entienden que la advertencia a Torrent será efectiva y que el Parlamento catalán no intentará forzar más la maquinaria. Pero también temen que en el último momento se frustre el deseo de Esquerra y los comicios sean inevitables, aunque Artadi haya dicho que el lunes habrá investidura, de Puigdemont o de otro candidato.

Advertencia a Torrent de que si desoye al tribunal incurrirá en desobediencia

Artur Mas gastó 5 millones de euros públicos en el 9N, según la Fiscalía del Tribunal de Cuentas

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera probado que el expresidente Artur Mas gastó unos cinco millones de euros de las arcas públicas en la consulta independentista del 9 de noviembre del 2014. El Tribunal de Cuentas ordenó ya en diciembre el embargo preventivo de la vivienda de Mas y de varios exconsejeros para cubrir la fianza de los 5,2 millones. La Fiscalía asegura que Mas autorizó el uso de 4,99 millones de la Generalitat y que lo hizo «sin cobertura legal», e incluso con dinero del Fondo de Liquidez Autonómica, en concreto la campaña de publicidad.

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