La Fiscalía reduce la petición de pena para los cabecillas de la Gürtel por colaborar

Descarta incriminar al expresidente de la comunidad, Francisco Camps


madrid / colpisa

La Fiscalía Anticorrupción solo admitió ayer los testimonios del cerebro confeso de la trama Gürtel, Francisco Correa, y de los empresarios donantes del PP de la Comunidad Valenciana para solicitar al juez una rebaja notable de sus penas. Lo hizo en su informe de conclusiones durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, en el que descartó incriminar al expresidente de la comunidad, Francisco Camps. La fiscala Myriam Segura valoró el «paso al frente» dado por estos procesados para reconocer los hechos y reparar el daño económico causado, en el caso de Correa la entrega de más de dos millones de euros a las arcas públicas desde sus cuentas en Suiza. Esta circunstancia llevó a la fiscala a solicitar al juez la disminución de la penas para Correa, que pasa de 22 años de cárcel a siete y tres meses por tres delitos electorales, falsedad documental continuada y fraude fiscal. Además, solo solicitó multas para los ocho empresarios que supuestamente hicieron donaciones al PP.

Caso bien diferente ha sido el de los acusados Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV, y los empleados de Correa Álvaro Pérez, el Bigotes, y Pablo Crespo. Pese a que los tres endosaron la responsabilidad política de la financiación irregular del partido al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y al expresidente de las Cortes Juan Cotino, la fiscala no creyó su testimonio y no solicitó las circunstancias atenuantes de su responsabilidad penal por confesión. Eso sí, los tres se vieron favorecidos por la rebaja de la pena a Correa y a los empresarios, al tratarse de hechos delictivos similares.

Confirmación del Supremo

Nueve años después de estallar el caso Gürtel, el Tribunal Supremo dio a conocer ayer la primera condena firme por delitos relacionados con la corrupción. La Sala Segunda (de lo Penal) confirmó de forma íntegra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que castigó con penas que oscilan entre los tres y los 13 años de prisión a los 11 acusados de amañar contratos entre la Consejería de Turismo y las empresas de Correa. Ratificó las penas a 13 años de prisión para Correa y Crespo, y de 12 para el Bigotes.

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