Mariano Rajoy convoca el pacto antiterrorista «para analizar la situación que se inicia», mientras el PSOE, Podemos y el Gobierno vasco propugnan el acercamiento de los reclusos
05 may 2018 . Actualizado a las 11:13 h.«No hubo ni habrá impunidad. Nada les debemos y nada tenemos que agradecerles porque ahora asuman que abandonan definitivamente la violencia». El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, garantizó ayer que la disolución de la banda terrorista ETA no implicará contrapartida alguna por parte del Estado. «Sus crímenes se seguirán investigando; sus delitos se seguirán juzgando y en su caso, condenando. Y las condenas se seguirán cumpliendo», aseguró en una comparecencia solemne en la Moncloa, en la que destacó que en un día como el de ayer, en el que ETA desaparecía definitivamente, «los protagonistas no pueden ser los asesinos, sino las víctimas». «No han logrado nada por matar ni lograrán nada por su disolución», señaló Rajoy.
La vía Nanclares
El Gobierno no se plantea en ningún caso un acercamiento masivo de presos, aunque fuentes de la Moncloa indican que la ley se seguirá aplicando como hasta ahora, incluyendo la llamada vía Nanclares, por la que los presos que renuncian a la banda, piden perdón públicamente y colaboran con la Justicia pueden obtener beneficios penitenciarios, sin que ello se vincule en ningún caso a la disolución de ETA. El jefe del Ejecutivo señaló que la unidad de los demócratas ha sido clave en la victoria frente al terrorismo y llamó a mantenerla en el futuro. Para ello, anunció que el Gobierno convocará la próxima semana el Pacto Antiterrorista «para analizar la situación que hoy se inicia».
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió a los demócratas que se mantengan unidos e insistió también en que «no hay nada que celebrar» por el anuncio de la disolución de la banda, pero sí hay que «homenajear a las víctimas». «La democracia española derrotó a ETA», señaló Sánchez, que al igual que Rajoy destacó que ese triunfo se consiguió sin que los terroristas consiguieran «ninguno de sus objetivos políticos». Confirmó que el PSOE es favorable al acercamiento de los presos etarras al País Vasco, aunque sin vincularlo a la disolución de la banda y sin presionar al Gobierno. Una posición que no comparte Ciudadanos, cuyo secretario general, José Manuel Villegas, fue el único que defendió abiertamente que se mantenga la actual política antiterrorista y la dispersión de los presos. El portavoz del partido naranja aseguró que el fin de ETA no debe servir para dar «ninguna ventaja ni beneficio» a la banda terrorista y destacó que el triunfo fue posible porque la sociedad se ha mantenido «unida» ante el terror y «no ha cedido nunca» a las pretensiones de los etarras.
Podemos, único de los cuatro grandes partidos que envió representación al acto propagandístico celebrado en Francia, reclamó «diálogo político» y exigió al Gobierno que «dé pasos valientes fundamentalmente en los derechos que asisten a las personas presas y su acercamiento». El expresidente del Gobierno Felipe González señaló que ETA fue derrotada por el sistema constitucional y añadió que «ningún demócrata de buena fe puede hacerles el juego», mientras que el también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, indicó que no cree que el Gobierno «esté radicalmente cerrado» al acercamiento de presos.
Urkullu y Barkos piden pasos
El lendakari, Íñigo Urkullu, y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, señalaron en un acto conjunto celebrado en el Señorío de Bértiz que ahora se dan «las condiciones para acordar los pasos que consoliden una nueva etapa en nuestra sociedad». Ambos asumieron compromisos para «consolidar la convivencia» y lograr un «consenso sobre la adaptación de la política penitenciaria» al nuevo contexto, para lo que pretenden crear un grupo de trabajo entre el Gobierno de Navarra, el Gobierno vasco y el Gobierno español.
Los llamados mediadores asumen el discurso y el lenguaje de la banda y cargan contra el Gobierno
G. B. Madrid
Los llamados mediadores internacionales convirtieron ayer el acto celebrado en la localidad de francesa de Cambo en una ceremonia de propaganda de ETA con la intención de justificar su existencia criminal, blanquear su historial de asesinatos y negar su derrota. Durante el acto, al que acudieron representantes del PNV y de EH Bildu, así como de Podemos, se guardó un minuto de silencio «en honor a todas las víctimas del conflicto». El abogado sudafricano Brian Currin, líder del Grupo Internacional de Contacto (GIC), asumió el lenguaje de ETA, calificó de «presos políticos» a los terroristas encarcelados y aseguró que «el proceso de paz no está acabado», dado que es necesario «resolver» la situación de los reclusos de la banda y los huidos de la justicia. «No se puede abordar el proceso de paz sin resolver esta cuestión», señaló. En un discurso lleno de reproches al Gobierno español e incluso a las víctimas de la banda por no participar en esa ceremonia de justificación de la existencia de ETA, Currin hizo suyo también el discurso político de los etarras y señaló que aunque el «grupo» se disuelve, no desaparece el proyecto por el que nació. «La acción a favor de la independencia del País Vasco va a seguir adelante de forma democrática», explicó el abogado.
Entre los asistentes al denominado «Encuentro Internacional para avanzar en la resolución del conflicto en el País Vasco» se encontraban el ex primer ministro de Irlanda Bertie Ahern; el exlíder del Sinn Fein, brazo político del grupo terrorista IRA, Gerry Adams; el exjefe de gabinete del exprimer ministro británico Tony Blair, Jonathan Powell; el exdirector general del Fondo Monetario Internacional Michel Camdessus y el excandidato a la presidencia de México Cuauhtémoc Cárdenas.
Declaración de Arnaga
Acudieron a Cambo el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y dirigentes de la izquierda aberzale como Arnaldo Otegi, Rafa Díaz Usabiaga o Rufi Etxeberria, todos ellos condenados en su día por su vinculación con la banda terrorista. Estuvieron igualmente históricos miembros de ETA como Eugenio Etxebeste, Antxon, así como el exdirigente del PSOE vasco Jesús Eguiguren, que negoció con ETA en la época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y representantes de los sindicatos ELA, próximo al PNV, LAB, vinculado a la izquierda aberzale, y de UGT. El sindicato CC.OO. rechazó la invitación a la cita.
«Pido al Gobierno español que dé pasos positivos en favor de los presos vascos para aproximarlos a sus lugares de residencia», afirmó Gerry Adams, que advirtió de que «el enfado no es una política y la venganza no es la solución». Michel Camdessus leyó un mensaje en nombre del ex secretario general de la ONU Kofi Anan en el que se asegura que la declaración en la que ETA anuncia su disolución «marca el final de un capítulo difícil» y «enseña que el diálogo político es crucial para construir una paz duradera».
Los representantes internacionales suscribieron la llamada Declaración de Arnaga, por el nombre del caserío donde se celebró el acto, en el que se dice que «todas las partes deben ser honestas con el pasado» y se reclama a las víctimas «un espíritu de generosidad para curar las heridas y reconstruir una comunidad compartida». «Sugerimos que se desarrollara el diálogo entre el grupo (en referencia a los terroristas de ETA) y el Gobierno español y no lo ha habido», afirman. «La paz no es un juego de suma cero, sino un asunto de voluntad política, donde ambas partes se ponen de acuerdo para alcanzar sus objetivos de forma pacífica a través de medios políticos y democráticos», afirman, equiparando así a los terroristas con las fuerzas democráticas.