Gallardón, imputado por prevaricación y malversación en el caso Lezo

Declarará por el sobreprecio que Canal de Isabel II pagó por una empresa colombiana

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madrid / colpisa

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón acudirá a declarar en calidad de investigado el próximo 7 de junio en la Audiencia Nacional imputado por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso Lezo. Se trata de una causa en la que se indaga el supuesto saqueo de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II. El expresidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y el 2003 tendrá que aclarar la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal por 73 millones de dólares (60 millones de euros) efectuada en el 2001. Una adquisición que está bajo sospecha porque el precio podría haber estado por encima del valor.

La investigación (antigua imputación) de Ruiz-Gallardón era cuestión de tiempo, una vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había ordenado al juez instructor de Lezo, Manuel García Castellón, continuar con la pieza referida a la compra de Inassa hace 17 años, pese a que podría estar prescrita o que dos exconsejeros del Canal de Isabel II, Pedro Calvo y Juan Bravo, hombres de la confianza del exministro, declararan en enero que no tenían indicios que les hiciera sospechar de irregularidad alguna. Es más, apuntaron que la filial del Canal en Colombia tiene un valor en la actualidad de 200 millones de euros.

Junto a Gallardón también desfilarán por la Audiencia el que fuera su número dos en el Gobierno regional, Manuel Cobo (6 de junio), y el exconsejero de Medio Ambiente Carlos Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior con José María Aznar (5 de junio). Los tres investigados dieron su consentimiento a la expansión de la empresa pública de aguas en Sudamérica al formar parte del Consejo de Gobierno regional. 

«Cúmulo de ilegalidades»

En sus autos, el juez considera «la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición», ya que se hizo de una forma distinta a la autorizada, porque en vez de hacerlo de forma directa se empleó la panameña Aguas de América SA, una sociedad radicada en Panamá.

La Fiscalía, además, señaló al exdirector gerente del Canal, Arturo Canalda, y a los entonces directivos José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras por diseñar esta operación de compra paralela a la explicada ante los consejeros y «repleta de irregularidades», puesto que seis días antes de que se celebrara la sesión de votación (celebrada el 14 de noviembre del 2001) ya estaba concedido el aval bancario para adquirir Inassa.

En su declaración ante el juez, los exdirectivos del Canal negaron las acusaciones y explicaron que, lejos de provocar pérdidas, se trató de la mejor propuesta de compra de todas las opciones presentadas por los técnicos de la compañía de aguas. Además, tanto los principales directivos como el resto de miembros del entonces consejo de administración desvincularon de esta operación al expresidente de la Comunidad de Madrid, asegurando que no solo no intermedió en su nombramiento en la empresa sino que no tenía relación alguna con él, según Canalda.

En diciembre pasado, el expresidente regional declaró en una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid estar «profundamente orgulloso» de la compra de la empresa colombiana Inassa y denunció «que estaban intentando ensuciar y comparar con cosas que no tienen esa categoría».

El juicio por espiar al expresidente madrileño y a Cobo se celebrará antes de las autonómicas

En plena batalla por el control de la Comunidad de Madrid, antes de las elecciones previstas para el 2019 tendrá lugar un juicio en el que serán protagonistas muchos de los que fueron primeras espadas del PP en la política madrileña. Se trata de la vista en la que se dirimirá si Alberto Ruiz-Gallardón, el que fuera vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, el exconsejero de Justicia Alfredo Prada y a otros políticos madrileños, entre ellos a la que entonces era diputada regional Cristina Cifuentes, fueron objeto de espionaje en el 2008.

El nombre de Cifuentes surgió en el transcurso de la declaración ante una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid de dos guardias civiles acusados en esta causa, quienes revelaron el 4 de marzo del 2016 que por orden de Ignacio González se había espiado a Cifuentes cuando era vicepresidenta de la Cámara autonómica, así como a otros políticos como Alberto Ruiz Gallardón y a los socialistas Manuel Robles y Pedro Castro.

La causa instruida por la jueza Carmen Valcarce será juzgada por un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid, cuyos miembros tendrán que decidir sobre los hechos de los que se acusa al director de seguridad en la época de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón, y a otras cinco personas, tres de ellos guardias civiles. Fue Manuel Cobo, ex mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien abrió la caja de los truenos al denunciar que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo del 2008, junto a otros políticos.

Rajoy busca con lupa y sin mucha prisa un candidato limpio para suceder a Cifuentes

 

Cristina Cifuentes puso sobre la mesa tres variables a la hora de negociar con Génova su renuncia a la presidencia de la Comunidad de Madrid. La primera, conservar su acta de diputada en la Asamblea, petición que le ha sido concedida. La segunda, seguir al frente del PP de Madrid, algo que la dirección nacional todavía no ha negado de forma oficial, pero todas las fuentes del partido confirman que es inconcebible y que sería un absurdo, por estar totalmente deslegitimada. Y la tercera petición, elegir a su sucesor en la presidencia de la Comunidad hasta el final de la legislatura. Cifuentes quiere a su mano derecha, el actual presidente en funciones, Ángel Garrido. Y en este momento es la única solicitud que todavía no ha encontrado una respuesta firme.

La realidad es que a la dirección del partido no le entusiasma esta opción y desde que se consumó la salida de Cifuentes ha puesto en marcha un proceso de selección en busca del mejor candidato para concederle el timón de la Comunidad de Madrid hasta junio del 2019, cuando se celebrarán los siguientes comicios. El perfil que se pretende está claro: alguien limpio, al que no puedan destaparle ningún escándalo; alguien que no pertenezca ni a la órbita de Cifuentes ni a la de Esperanza Aguirre, las dos facciones que conviven enfrentadas en el PP madrileño; y alguien que obedezca sin dobleces a las directrices de Génova. El problema es que dar en el clavo no resultará nada fácil, ya que el candidato tiene que ser seleccionado entre los 48 diputados con los que cuenta el PP en la Cámara autonómica, una lista de nombres entre los que no abundan los independientes. «El que no es de papá es de mamá», resume una fuente del partido a nivel regional que conoce bien la muestra, dando a entender que no existe ni un solo diputado que no esté alineado con Aguirre o con Cifuentes. 

Un hombre de partido

Por supuesto, Génova maneja esta información. Lleva asistiendo dos décadas a las batallas internas en su filial y entiende que ahí no se ha podido forjar ni un solo independiente, por lo que asume que el candidato ideal no existe. De este modo, aunque Ángel Garrido no sea santo de su devoción para que se quede con la presidencia, empieza a pensar que tendrá que conformarse con el menos malo de los 48. De momento él se deja querer.

Ayer se mostró reacio a reconocer abiertamente que está dispuesto a asumir la presidencia más allá de la interinidad, pero mucho menos descartó esta posibilidad. Se presentó en la Comunidad de Madrid como un hombre de partido (uno de los requisitos que se buscan) que acatará sin rechistar el nombre que decida la dirección, un asunto que, tal y como admitió, compete en exclusiva a la cúpula. Garantizó que de momento asume el control porque es su obligación y porque Madrid no puede estar parado, pero instó hasta en tres ocasiones a que Rajoy tomase una decisión definitiva a la mayor brevedad.

La cuestión es que Rajoy no es nada amigo de las prisas, y todo indica que el PP no lo oficializará al menos hasta después del 2 de mayo, aunque el reglamento no exige que sea hasta el 21. Garrido gana opciones. En Madrid lo venden como «el único posible» y en la dirección como «el más lógico», aunque se resisten a darle la bendición. Nunca se sabe, y en los próximos días puede ser una baza a jugar en las negociaciones pendientes con Cifuentes.

El PSOE presiona a C’s para que apoye a Gabilondo y no permita un nuevo Ejecutivo popular

Con la dimisión de Cifuentes, el PSOE es consciente de que sus opciones de conquistar el Gobierno de la Comunidad de Madrid se han esfumado por completo, pero en Ferraz no quieren dejar pasar la oportunidad para presionar a Ciudadanos, a los que critica que se muestren dispuestos a facilitar la investidura de otro candidato del PP madrileño.

Los socialistas argumentan que el caso Cifuentes no es un episodio aislado. El pasado fin de semana, el secretario general, Pedro Sánchez, se refirió a la expresidenta regional como solo una manzana más de un cesto en el que resulta imposible encontrar una fruta sana. Por ello, invitan a Rivera a que deje de colgarse medallas y que si de verdad está preocupado por el futuro de los madrileños, permita el desembarco en la Comunidad de Madrid del candidato socialista, Ángel Gabilondo, que ayer formalizó su candidatura para un pleno de investidura que tiene que celebrarse antes del próximo 30 de mayo. 

Estrategia de desgaste

Una vez garantizado el apoyo de Podemos, a Gabilondo le bastaría para triunfar con la abstención de Ciudadanos, algo en estos momentos descartado. En el PSOE lo asumen, pero seguirán con esta estrategia con la intención de desgastar a su rival. El encargado de lanzar ayer los ataques fue el secretario de Organización, José Luis Ábalos, que lamentó que C’s quiere ser «socio y oposición» del PP al mismo tiempo, una relación que definió como «sadomasoquista». Los de Rivera se justifican con que permitirán gobernar al más votado.

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