Junqueras al juez Llarena: «No se ha dedicado un solo euro del presupuesto al 'procés'»

Alega que se desmarcó ante el Govern del referendo del 1-O y que se puso a disposición del Tribunal Superior de Cataluña y de la Fiscalía para cumplir sus «órdenes». El candidato a presidir la Generalitat Jordi Sànchez reprocha al magistrado su falta de objetividad: «No se puede ser juez y víctima»

Un furgón policial a su llegada al Tribunal Supremo
Un furgón policial a su llegada al Tribunal Supremo

Madrid

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha manifestado ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que «no se ha dedicado un solo euro del presupuesto al proceso» soberanista en Cataluña, según han manifestado fuentes presentes en la declaración indagatoria que se ha celebrado este lunes en el alto tribunal.

Junqueras ha sido el primero en comparecer, durante unos 40 minutos, ante el magistrado del Supremo, que le había citado para comunicarle su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Únicamente ha contestado a preguntas de su abogado defensor, para insistir en que todo fue «pacífico», rechazando responder al resto de abogados, a la Fiscalía y a la acusación popular representada por Vox.

«Creo en la dignidad humana, en el pacifismo y en la convivencia», ha añadido, para reiterar que no considera que sea delito la convocatoria de un referendo, según las mismas fuentes.

Seguidamente, Llarena ha comenzado a realizar el mismo trámite con el que fuera candidato a presidir la Generalitat y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. El independentista ha empleado su comparecencia para reprochar al juez instructor su falta de objetividad en la redacción de su último auto, en el que este utilizaría el término «sufrimos» al hablar de las consecuencias del procés: «No se puede ser juez y víctima».

Sànchez ha contestado únicamente a su abogado defensor para extenderse en sus reproches y ha manifestado las dudas sobre la falta de imparcialidad mirando fijamente a los ojos del magistrado, para acusarle directamente de no actuar con independencia. Al finalizar su intervención, Llarena le ha contestado que con respecto a estos temores su defensa puede recurrir ante la Sala de Apelaciones del alto tribunal, como ya ha hecho.

Sànchez también ha manifestado que considera que la causa abierta en el Supremo no es una causa individual contra determinadas personas sino una causa general contra una colectividad, la independentista. También ha destacado que durante los últimos meses para la actuación de ANC «siempre ha habido contactos con el Gobierno» de la Generalitat y que «especialmente» los mantiene el consejero del Interior, el también procesado por rebelión Joaquim Forn.

Junqueras, Sànchez y Cuixart han sido trasladados desde la cárcel, donde cumplen prisión preventiva, Junqueras desde Estremera y los Jordis desde el centro de Soto del Real, ambos en Madrid. 

Indicios de violencia

Según el auto de procesamiento, sin embargo, Junqueras, junto con el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero del Interior Joaquim Forn, fue advertido días antes de la celebración del referendo ilegal por los responsables de los Mossos del grave riesgo de incidentes violentos si se producía la consulta.

El juez considera que estas tres personas también conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y decidieron continuar con el referéndum, llamaron a la población a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado.

La movilización de cientos de miles de seguidores y el impulso de una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir el 1-O es lo que se atribuye a 'los Jordis', quienes, según el relato de los hechos del juez, se valieron para ello de su condición de presidentes de las entidades soberanistas.

Cuixart también carga contra el juez Llarena

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tambén ha protestado ante el Supremo por lo que considera un juicio político contra ellos por sus ideas políticas. Horas más tarde, desde la cárcel de Soto del Real insistía en que «votar, expresarse o manifestarse no es ningún delito». En una publicación en Twitter tras su declaración ha explicado que ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena había defendido que «la única violencia del 1 de octubre fue la violencia policial». «Ganaremos porque hemos aprendido a ser libres como más oprimidos nos quieren», ha expresado el día que se cumplen seis meses de su encarcelamiento.

Puigdemont llama a evitar nuevas elecciones y se aferra a su escaño

Efe
Puigdemont, ayer en Berlín
Puigdemont, ayer en Berlín

El expresident avala proponer «otro candidato» si Sànchez no puede ser investido. Aboga por una reforma de «la ley de la presidencia» para facilitar una eventual investidura suya a distancia

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha apostado por proponer a «otro candidato» si se confirma que el número dos de JxCat, Jordi Sànchez, en prisión preventiva, no puede ser investido president: «Nuestra obligación es buscar las fórmulas para que no haya elecciones», ha dicho.

En una entrevista en TV3 desde Alemania, Puigdemont ha asegurado que «no hará falta apurar hasta el final» el límite del 22 de mayo para investir al nuevo presidente catalán antes de que venza el plazo que conllevaría la convocatoria automática de elecciones.

«Si no es posible Jordi Sànchez, hemos de proponer a otro candidato», ha afirmado Puigdemont, convencido de que hay «tiempo para encontrar soluciones que respeten el mandato de la gente y que eviten elecciones». Esas soluciones, ha señalado, pueden pasar por la «reforma de la ley de la presidencia», que impulsa JxCat para hacer posible una eventual investidura a distancia del propio Puigdemont. En cambio, «no pasa» por el hecho de que tanto él como el exconseller Antoni Comín renuncien a su escaño, ha remarcado.

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