El secesionismo usa el Parlamento contra el juez

JxCat y ERC desoyen a los letrados de la Cámara e imponen la presentación de una querella contra Llarena que, según el Gobierno, podría llevarles a incurrir en un delito de malversación

C. Reino
Madrid, Barcelona / colpisa

El Gobierno de Mariano Rajoy advirtió ayer al presidente del Parlamento catalán de que su querella contra el juez Pablo Llarena puede tener consecuencias penales para sus promotores si la materializan. La Mesa de la Cámara autonómica acordó con los votos de los representantes de JxCat y Esquerra promover la demanda a pesar de la advertencia de sus letrados sobre la inviabilidad de la misma. Roger Torrent, sin embargo, ordenó al equipo jurídico que la redactase. El Ejecutivo de Rajoy cree que la querella es una medida de consumo interno del independentismo para paliar la frustración por la segunda suspensión de la investidura de Jordi Sànchez. Las posibilidades de éxito de la iniciativa penal son, a juicio de la Moncloa, casi nulas. «Lo que tiene que hacer el Parlament es elegir un presidente de la Generalitat» que pueda solventar el trámite de la investidura, señaló Rajoy en una comparecencia en la Moncloa con el primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen.

Aunque el presidente del Gobierno y también el portavoz Íñigo Méndez de Vigo aventuraron la posibilidad de que la Mesa del Parlamento catalán incurra en un delito de malversación de fondos públicos si contrata un equipo externo y le «paga» por presentar la querella, Torrent evitó ese riesgo y ordenó a los letrados de la Cámara redactarla. Los juristas habían mostrado sus reparos porque, además de tener una opinión contraria a presentarla, no son expertos en derecho penal sino en constitucional y en contencioso-administrativo. Pero el presidente del Parlamento obvió los reparos e impuso que la presentaran ante el Tribunal Supremo.

Advertidos

Méndez de Vigo, además de apuntar la posible malversación, señaló que pueden cometer «otros delitos» si la Mesa sigue adelante. «Que luego no digan que no sabían las consecuencias de lo que estaban haciendo porque [los letrados] se lo han dicho con toda claridad», puntualizó el portavoz gubernamental.

La Cámara catalana acordó interponer una querella criminal contra el magistrado con los votos a favor de JxCat y Esquerra, que tienen la mayoría en la Mesa, y en contra de Ciudadanos y PSC. La CUP y los comunes, que no tienen ningún representante en ese órgano de gobierno, apoyaron la iniciativa y el PP la rechazó. Torrent justificó la presentación de la querella como un acto de legítima defensa frente a los «ataques» del Estado y la «regresión de derechos y libertades». Los secesionistas entienden que la decisión del juez Llarena ha vulnerado los derechos políticos de Sànchez, ha perjudicado a la Cámara y que, por tanto, la denuncia busca defender el «interés de todos los diputados».

Se trata de la segunda ocasión que el independentismo amenaza con una querella a Llarena. La primera vez que el juez impidió la asistencia de Sànchez al pleno de investidura, hace más de un mes, JxCat ya advirtió entonces con una acción judicial, pero al final nada se supo de ella.

Los juristas de la Cámara, según fuentes parlamentarias, expresaron «diversas objeciones respeto a la viabilidad» de que el Parlamento como institución presente una querella por prevaricación contra un magistrado del Supremo. Además, recomendaron a los grupos independentistas que ante su falta de especialización penal interpongan ellos la denuncia o que lo haga el propio Sànchez. Torrent insistió en que sea el equipo de juristas de la Cámara el que elabore la demanda, que podría hacerse extensiva a todos los magistrados de la Sala Penal del Supremo. En paralelo, aplazó sine die el debate de elección presidencial, que estaba convocado para ayer.

Críticas

Ciudadanos y el PP insistieron en que los independentistas podrían incurrir en un delito de malversación si siguen adelante porque entienden que se estarían destinando recursos públicos para un asunto que a su juicio es de «interés de un particular», Jordi Sànchez, encarcelado en la prisión de Estremera. Ciudadanos calificó la iniciativa de «temeraria» y el PSC cree que empeora el «enfrentamiento institucional». Inés Arrimadas acusó a Torrent de «presentar una querella política para presionar a los jueces» y anunció que su formación presentará un recurso contra la decisión de la Mesa del Parlamento.

Desde el PSOE, su secretario de Organización, José Luis Ábalos, no solo criticó la decisión de los independentistas, sino que consideró que con ello avanzan hacia la repetición electoral.

Los votos no son excusa para obviar la ley, dice el presidente del Tribunal Superior de Cataluña

El presidente del Tribunal Superior de Cataluña, Jesús María Barrientos, advirtió ayer a los independentistas que «nadie, ninguna persona, entidad u organización, por poderosa que se pretenda y aunque se escude en los votos, está por encima de la ley». Se trata «del primer indicador democrático de un Estado», dijo en el acto de jura de los 17 nuevos jueces destinados a Cataluña, a quienes recordó que, en el «complejo momento político que vive Cataluña», deben ser fieles a su papel de «garantes» del sometimiento de «todos, también de las instituciones, a la legalidad constitucional».

Interior prosigue la purga en la cúpula de los Mossos

M. S. P.

Cambia de destino al jefe que debía coordinarse con Policía Y Guardia Civil

El Ministerio del Interior sigue la purga silenciosa de la cúpula de los Mossos que estuvo detrás de la inacción del cuerpo autonómico durante el referendo ilegal del 1-O. Juan Ignacio Zoido ha ordenado enviar a una comisaría de Barcelona al jefe de la policía catalana que debía coordinar la actuación de los Mossos con la Policía Nacional y la Guardia Civil para evitar la votación. El mando desterrado es Joan Cordón, hasta ahora jefe del Area Técnica de Planificación y Dispositivos (ATPD), que fue destituido el pasado 7 de febrero en aplicación del artículo 155. A pesar de tener grado de inspector, Cordón, hombre de confianza del exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, era el máximo responsable de la «planificación, diseño, coordinación, organización y supervisión de las operaciones especiales» de los Mossos. Como jefe de la ATPD, estuvo presente en las reuniones entre el mando único de Interior contra el 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, y los mandos de la policía autonómica para coordinar el despliegue a fin de evitar la apertura de los colegios. Un plan en el que al final no participaron los Mossos.

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