La Rey Juan Carlos suspende cautelarmente al director del máster

El informe de la universidad constata «un funcionamiento gravemente irregular»


Madrid / La Voz

A la espera de que se diriman las responsabilidades políticas, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tomó ayer la decisión de suspender cautelarmente de sus funciones al catedrático de Derecho Constitucional y director del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde, el profesor que dirigió el máster de Cristina Cifuentes y que reconoció haber «reconstruido» el acta con firmas que han resultado ser falsas. Ese acta fue esgrimida por la propia presidenta madrileña para tratar de demostrar que sí había aprobado el curso de posgrado. El centro universitario ha abierto además un expediente disciplinario a la funcionaria Amalia Calonge, que fue quien entró en el sistema informático de la universidad «sin autorización ni comunicación» y modificó las calificaciones de la presidenta madrileña en dos asignaturas, que pasaron de reflejar un no presentado a constatar un notable y que, según aseguró ayer el rector de la URJC, Javier Ramos, está «implicada en las graves irregularidades detectadas».

El máximo responsable de la universidad anunció la puesta en marcha de una auditoría sobre el Instituto de Derecho Público y también sobre el resto de institutos y entidades asociadas al centro docente. Ese informe se centrará en investigar sus cursos, los exámenes y los trabajos presentados, y también las matrículas y las tasas, tanto desde el punto de vista académico como del contable. En caso de que la Justicia determine que en este caso ha habido una falsificación de documento público, la URJC retirará el título del máster a Cristina Cifuentes.

El informe aprobado por la universidad admite que tras las diligencias llevadas a cabo se constata «un funcionamiento gravemente irregular» del IDP respecto al desarrollo del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico, que fue el que presuntamente cursó Cifuentes, y sobre las calificaciones efectuadas en el mismo. Aunque el rector se lo ha requerido, Enrique Álvarez Conde no ha entregado la memoria de actividades, gestión y las cuentas del instituto que dirige. Por ello, «y respetando el procedimiento iniciado con la puesta en conocimiento de la Fiscalía de los indicios delictivos por falsificación documental», se procede a tomar medidas que permitan «el control del funcionamiento de dicho instituto para el esclarecimiento de lo sucedido» en torno al máster de Cifuentes.

El objetivo de la auditoría interna es «verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional». Ramos aseguró que está «fuera de duda» la honorabilidad de «la inmensa mayoría del profesorado y del personal de administración y servicios de todos los centros de la universidad». Y se comprometió por ello a «erradicar las malas prácticas pasadas y futuras que se pudieran dar en esta universidad».

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