Llarena vuelve a cerrar la puerta a la investidura de un candidato en prisión

Lo justifica para evitar un mandato orientado «al quebranto del orden constitucional»

M. Balín
barcelona, madrid / COLPISA

El independentismo reaccionó ayer con la máxima contundencia a la decisión del juez del Supremo Pablo Llarena de no permitir a Jordi Sànchez, por segunda vez, salir de la cárcel para acudir al Parlamento catalán a someterse al debate de investidura como candidato a la presidencia de la Generalitat. Los secesionistas compararon al magistrado con Tejero, calificaron su resolución como la más grave en 40 años de democracia y anunciaron que hoy se reunirá la Mesa del Parlamento autonómico para querellarse contra el juez por «vulneración de derechos».

La iniciativa tiene la firma del presidente de la Cámara, Roger Torrent, quien, horas después de que Llarena hiciera pública su resolución, anunció una vez más el aplazamiento del pleno de investidura, lo que implica que se volverán a repartir las cartas de un juego que se prolonga ya por casi cuatro meses.

JxCat, ERC y la CUP comenzaron ayer a preparar una respuesta conjunta y tienen nuevas reuniones previstas para hoy con el objetivo de despejar la investidura, pero de entrada sus posiciones son discordantes. Más allá de la coincidencia en los ataques al juez y al Estado, las tres formaciones secesionistas siguen sin ponerse de acuerdo sobre los pasos a seguir. La CUP insiste en la ruptura a las bravas y ayer volvió a apostar por la investidura inmediata de Carles Puigdemont, como mejor herramienta para desafiar al Estado. JxCat coincide en que Puigdemont «siempre será su candidato», aunque prefiere guardarse esa baza para más adelante. El grupo parlamentario neoconvergente, que se reunirá la semana que viene en Berlín, está además a la espera de que concluya el proceso de extradición para que el expresidente decida si es necesario optar por un candidato viable, si se postula él mismo o si se la juega con unas nuevas elecciones. ERC, por su parte, apuesta por intentar cerrar la actual etapa de bloqueo y reclama una «investidura efectiva» para recuperar las instituciones del autogobierno. Esquerra no quiso ir ayer tan lejos como para pedir expresamente a su socios que propongan un candidato nuevo, pero en los próximos días insistirá en esta idea, que es la que mantiene desde el primer día.

Sin alternativa

Desde Junts per Catalunya, sin embargo, están convencidos de que lo que toca ahora es hacer una «reflexión» sobre si es necesario poner un candidato alternativo sobre la mesa, pues a su juicio, lo que Llarena les dijo ayer fue que, propongan a quien propongan, «acabará en prisión». Así como en los intentos anteriores de investir a Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull, JxCat tenía siempre a punto una alternativa, en esta ocasión los posibles candidatos se mantienen en el cajón. «Estamos ante un atentado a la democracia que no dejaremos pasar», afirmaron en Junts per Catalunya. El grupo que, extraoficialmente, lidera Puigdemont llegó a argumentar que en este «golpe de Estado» se ha cambiado al Ejército por los jueces y, como el propio Torrent, acusó a Llarena de ignorar la supuesta «resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que obliga al Estado a garantizar los derechos políticos» de Sànchez. En realidad, el citado comité no ha entrado a valorar el fondo del asunto. Simplemente, se ha limitado a admitir a trámite la demanda planteada por el líder de la ANC.

Llarena argumenta que existe un elevado riesgo de reiteración delictiva que no se vería conjurado ni con la conducción policial ni con una comparecencia telemática. Además, alega que en este caso es conveniente «sobreponer» la protección de los derechos políticos colectivos a los del líder independentista, porque existen indicios de que su eventual mandato estaría orientado «hacia el quebranto de un orden constitucional por el que cualquier elector entiende que debe desarrollarse su representación democrática». El juez aduce asimismo que la limitación de los derechos políticos de Sànchez es solo parcial, ya que no ha sido privado de su derecho a concurrir en un proceso electoral ni de su derecho a ejercer el voto en su actuación parlamentaria.

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