La Guardia Civil registra el Diplocat por los pagos de observadores del 1-O

Agentes del instituto armado se han personado a primera hora de esta mañana en la sede del Consejo de la Diplomacía Pública de Cataluña

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Barcelona

La Guardia Civil está registrando la sede del Consejo de la Diplomacía Pública de Cataluña (Diplocat) por orden del juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum, en el marco de una operación sobre los pagos a observadores internacionales del 1-O.

Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, agentes del instituto armado se han personado a primera hora de esta mañana en la sede del Diplocat, situada en la avenida Diagonal de Barcelona, en busca de documentación relacionada con la contratación de los observadores internacionales, que un informe de la Guardia Civil estima costó 119.700 euros.

El organismo encargado de la diplomacia de la Generalitat se cierra precisamente mañana, tal y como acordó el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución, en una decisión que el Tribunal Supremo (TS) mantuvo después, pese a que había sido recurrida por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y el Ayuntamiento de Barcelona.

El Diplocat, organismo encargado de proyectar la imagen internacional de Cataluña, depende del Departamento de Asuntos y Relaciones Internacionales, Exteriores y Transparencia, que dirigía el exconseller Raül Romeva, quien se encuentra en prisión preventiva y procesado por los delitos de rebelión y malversación por el Tribunal Supremo.

La operación policial se enmarca en la línea de investigación que el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió para averiguar si la Generalitat incurrió en un delito de malversación de caudales, al destinar fondos públicos a la organización del referendo del 1-O pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

Un informe de la Guardia Civil cifra en 1,6 millones de euros el gasto público que el Govern destinó a organizar el referendo, de los que un total de 119.700 se destinaron a la contratación de los observadores que debían supervisar la celebración del 1-O y que concluyeron que la consulta no cumplía los «estándares internacionales».

Concretamente, el informe del instituto armado señala que el Govern presidido por Carles Puigdemont firmó un contrato con The Hague Center for Strategic Studies para la prestación de servicios de asesoramiento del referendo, mediante el envío de observadores internacionales que acreditaran que la votación reunía garantías.

Los investigadores constataron que el Diplocat realizó dos transferencias desde sus cuentas en Bruselas a The Hague Center for Strategic Studies, los días 21 de septiembre y 9 de octubre pasados, en concepto de «contrato de servicios».

En un auto del pasado 3 de noviembre, el juez del 1-O requirió a la Generalitat que le desglosara el coste del referendo, incluidos los gastos del traslado y la estancia de los observadores internacionales invitados para supervisarlo.

En la campaña electoral del pasado 21 de diciembre, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se congratuló de haber cerrado las embajadas en el extranjero del Govern y apuntó que el organismo del que éstas dependían se llamaba ahora «Diplocat en liquidación».

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió su investigación sobre los preparativos del 1-O a raíz de una denuncia por las conferencias del exsenador de ERC Santi Vidal, que aseguró que el Govern contaba con una partida económica «camuflada» en los presupuestos de la Generalitat para organizar el referendo y las estructuras de Estado. 

Imputada la jefa de los Mossos en la zona norte de Barcelona

Un juez de Sabadell (Barcelona) que investiga el papel de los Mossos d'Esquadra el 1-O ha acordado citar como investigada a la jefa de la Región Metropolitana Norte y ha requerido a la policía catalana que identifique los móviles que se facilitaron a algunos agentes para el día del referendo.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell (Barcelona) ordena a los Mossos que identifiquen a la comisaria Cristina Manresa, jefa de la región policial Metropolitana Norte de Barcelona, y a su número dos, el intendente Xavier Creus, para poderles citar como investigados por un delito de desobediencia, a raíz de las declaraciones de varios testigos e imputados en la causa.

Además, el magistrado ha ordenado a los Mossos que acrediten la «preexistencia» de los móviles que, según declararon otros investigados en el procedimiento, fueron entregados a agentes de la policía catalana desplegados durante el 1-O, así como que acrediten su titularidad y qué teléfonos se entregaron a cada patrulla.

«El expresidente sabía que el referendo conllevaba el uso de fondos públicos»

M. S. P.
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El juez Llarena responde al Tribunal alemán encargado del caso Puigdemont en relación con el delito de malversación

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena remitió el pasado jueves al Tribunal Superior alemán de Schleswig-Holstein, el órgano que tramita la euroorden contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y que resolvió no aceptar el delito de rebelión y dejarlo en libertad bajo fianza, un escrito en el que amplía la información sobre el segundo delito por que el fue procesado el acusado, la malversación de caudales públicos.

El magistrado de la Sala Segunda (Penal) e instructor de la causa del procés respondió en cuatro páginas a la petición que le hizo la audiencia regional para resolver la entrega de Puigdemont. Este movimiento llegó después de que los tres magistrados germanos dejaran coja la euroorden al considerar que los hechos referidos a la rebelión en el auto de procesamiento de Llarena (que en España conllevan penas de entre 15 y 25 años de prisión) no se asemejan a los contenidos en el delito de alta traición del código penal alemán. Una circunstancia, el cumplimiento de la doble incriminación, que resulta obligatoria para realizar la entrega.

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