«El expresidente sabía que el referendo conllevaba el uso de fondos públicos»
ESPAÑA
El juez Llarena responde al Tribunal alemán encargado del caso Puigdemont en relación con el delito de malversación
12 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena remitió el pasado jueves al Tribunal Superior alemán de Schleswig-Holstein, el órgano que tramita la euroorden contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y que resolvió no aceptar el delito de rebelión y dejarlo en libertad bajo fianza, un escrito en el que amplía la información sobre el segundo delito por que el fue procesado el acusado, la malversación de caudales públicos.
El magistrado de la Sala Segunda (Penal) e instructor de la causa del procés respondió en cuatro páginas a la petición que le hizo la audiencia regional para resolver la entrega de Puigdemont. Este movimiento llegó después de que los tres magistrados germanos dejaran coja la euroorden al considerar que los hechos referidos a la rebelión en el auto de procesamiento de Llarena (que en España conllevan penas de entre 15 y 25 años de prisión) no se asemejan a los contenidos en el delito de alta traición del código penal alemán. Una circunstancia, el cumplimiento de la doble incriminación, que resulta obligatoria para realizar la entrega.
Llarena señala en su escrito que el Tribunal Constitucional español declaró nulas determinadas partidas presupuestarias del 2017 en el caso de que se destinasen a la financiación del referendo ilegal del 1 de octubre. Sin embargo, el juez señala que «conforme a la evaluación que hasta ahora se ha practicado en la investigación fueron sufragados con dinero procedente de las arcas públicas y no con dinero privado», como defiende Puigdemont a través de la caja de resistencia de las plataformas independentistas o de donaciones particulares. Se ampara para ello en dos informes de la Guardia Civil, policía judicial en la causa.
Cuatro apartados
Concretamente, Llarena detalla esta partidas, valoradas en 1,6 millones de euros, en cuatro apartados: campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión de su voto (224.834 euros), campaña de publicidad y difusión del referendo (277.804 euros), suministro de papeletas, censo electoral y citaciones de personas integrantes de las mesas electorales, realizados por la empresa Unipost (979.661 euros) y participación de observadores internacionales en el proceso (119.700 euros). Por ello, el juez asegura que Puigdemont «conocía que su decisión [de celebrar la consulta declarada ilegal por la corte de garantías] conllevaba necesariamente el uso ilegal de fondos públicos».
