El Ejecutivo respalda la intención de Llarena de recurrir al tribunal de Luxemburgo
08 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El hecho de que por primera vez un miembro del Ejecutivo alemán se haya pronunciado sobre un asunto interno español no ha caído nada bien en el Gobierno. Mucho menos aún que el protagonista de las declaraciones considerase «absolutamente correcta y esperada» la liberación de Puigdemont y que se le retirase el cargo de rebelión. El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, no se mordió la lengua en Sevilla a la hora de responder a la titular de Justicia alemana, que en una entrevista publicada el viernes retó además a Madrid a demostrar que realmente existe el delito de malversación.
El jefe de la diplomacia española consideró que las declaraciones de la ministra Katarina Barley, socialdemócrata, fueron «un tanto desafortunadas» y consideró fuera de lugar que los poderes políticos comenten las resoluciones judiciales. «La euroorden -dijo Dastis- se estableció en la UE para abordar estas cuestiones entre jueces y separarlo de las opiniones políticas». En todo caso, fuentes de la Moncloa descartan que esta discrepancia pueda originar un problema diplomático entre España y Alemania.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni tan siquiera se ha puesto en contacto con su homóloga alemana. «No he hablado con Angela Merkel ni tengo pensado hacerlo, porque es una cuestión de los tribunales», descartó en los pasillos del hotel de Sevilla en el que el PP celebra este fin de semana su convención nacional. Todo lo que cabe hacer por el momento, según el jefe del Ejecutivo, es «cumplir y acatar» las decisiones de la Justicia. Rajoy recordó que, además, la Fiscalía alemana respalda los planteamientos del Ministerio Público español, que valora junto al Supremo «la posibilidad de recurrir al tribunal europeo» de Luxemburgo para que dirima sobre la resolución que deja en libertad a Puigdemont. En este sentido, el ministro de Justicia Rafael Catalá justificó ese posible recurso en que el Supremo ha realizado «una importante labor de investigación» y de instrucción durante meses, y que el auto del juez Llarena tiene «fundamentos sólidos jurídicos».
Las palabras de la ministra Barley causaron sorpresa toda vez que la consigna en la Unión Europea y más aún en sus principales potencias ha sido la de considerar el conflicto catalán como un asunto interno. Si los mandatarios europeos se han referido al desafío secesionista, había sido hasta ahora solo para defender la unidad territorial y el marco constitucional de cada uno de los Estados miembros. Este apoyo decidido al Gobierno español ha sido, precisamente, uno de los mayores vacíos en el relato que ha tratado de construir el secesionismo, que debió asumir durante el procés que la declaración independencia colocaría a Cataluña de inmediato fuera de la Unión Europea. Hasta ahora los únicos apoyos al independentismo habían llegado de partidos populistas o eurófobos. Pero en esta ocasión el respaldo ha venido de una dirigente del partido socialdemócrata alemán, socio de gobierno de los democristianos de Angela Merkel.
