La Rey Juan Carlos ve delito por el máster de Cifuentes y lo denuncia ante la Fiscalía

El ministerio público había abierto diligencias poco antes por una denuncia estudiantil


redacción / la voz

El caso Cifuentes ya está en los tribunales y deja la presidenta de la Comunidad de Madrid en una situación aún más débil ante las supuestas irregularidades que rodean la obtención de su máster en administración local otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos. La Fiscalía de Móstoles acordó la apertura de diligencias tras una denuncia presentada por varias asociaciones estudiantiles para que se investigará si había habido falsificación de notas y falsedad en documento público en el rocambolesco proceso que se saldó con el título universitario de Cifuentes.

Pocos minutos más tarde, era el propio rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, el que, decidía dar traslado del caso a la Fiscalía General del Estado empujado por las últimas revelaciones: que el tribunal examinador nunca se reunió y que al menos una profesora admitía que su firma había sido falsificada en las actas esgrimidas por Cifuentes.

Las asociaciones estudiantiles denunciantes exigen en su escrito -apoyado por la Secretaría General Técnica del Estado- que se cite a declarar a la política del PP en calidad de investigada y que se aclaren todas las irregularidades en torno a la presunta manipulación de sus notas, la formación del tribunal examinador y el resto de puntos oscuros del caso.

Cifuentes: «Que lo lleven a la Fiscalía es una buena noticia» «El hecho de que lo lleven a la Fiscalía es una buena noticia porque se va a aclarar», ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid en su primera reacción tras el anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos.

El giro de Ramos complica más si cabe la situación política y personal de la presidenta de Madrid, ya que fue uno de los primeros en avalar que el expediente era legal y que no se habían cometido irregularidades en el proceso. Horas después de su primera comparecencia hace dos semanas, se autoenmendó y anunció la apertura de una investigación interna, con observadores de otras universidades, para llegar al fondo de una polémica en la que la imagen de su universidad ha sufrido un grave deterioro.

El papel del rector

«El mensaje es bastante claro, el rector está luchando por la Universidad Rey Juan Carlos», recalcan las fuentes próximas al rector, al mismo tiempo que añaden que, mientras que cada uno está «jugando a sus batallas políticas», el rector «está luchando por los intereses de los 2.000 profesores y cerca de 50.000 alumnos que forman parte de la URJC». «No le ha temblado el pulso», insisten en alusión a las enormes presiones políticas que rodean el caso.

Opiniones 

El papel de Ramos fue especialmente criticado por los miembros de las asociaciones estudiantiles que tomaron la iniciativa de presentar la denuncia ante la Fiscalía. «La gestión de la universidad ante este escándalo ha sido pésima», manifestó un portavoz de los demandantes para subrayar que estudian también solicitar que se depuren responsabilidades en el seno de la propia universidad.

A su vez, esos mismos colectivos van a convocar una concentración de estudiantes en el campus de Vicálvaro de la URJC para exigir que Cifuentes presente su dimisión y reclamar más explicaciones a la universidad.

Por su parte, la presidenta de Madrid Cifuentes insistió en su línea de defensa, de presentarse como una víctima más del caso, a pesar de las numerosas contradicciones que afloraron ayer sobre su comparecencia en el Parlamento de la capital del pasado miércoles. Cristina Cifuentes insistió en que su deseo es que la Fiscalía llegue «hasta el final» y que «si ha habido «errores, irregularidades o lo que sea, que lo determine quien lo tenga que determinar».

Del trabajo que no aparece al cambio de notas por un procedimiento no reglado

Desde que el caso Cifuentes irrumpió con virulencia en el primer plano de la actualidad antes de Semana Santa, muchas son las presuntas irregularidades que se han puesto sobre la mesa y que salpican tanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid como a la propia Universidad Rey Juan Carlos.

Las claves del caso Cifuentes 

UN TRIBUNAL BAJO SOSPECHA. Nada más estallar el escándalo, Cifuentes y sus asesores se agarraron como un clavo ardiendo a un acta remitida desde la propia universidad que certificaba que el trabajo de la presidenta había merecido una calificación de 7,5. Ese documento, sin sello oficial alguno visible, estaba rubricado por tres profesoras: Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosado como presidenta, vocal y secretaria, respectivamente. La primera de ellas aseguró ayer que ella no presidió tribunal alguno y que mucho menos firmó el acta. Además, tampoco podría hacerlo conforme al reglamento, que exige que el órgano examinador esté encabezado por un profesor titular y ella era contratada en el departamento de Derecho Constitucional. Las otras dos compañeras están de baja.

 EL TRABAJO INVISIBLE. Dos semanas después, Cifuentes sigue sin encontrar el trabajo de fin de máster que, según ella, defendió durante 10 o 15 minutos ante el tribunal el 2 de julio del 2012 mientras toda España celebraba la victoria en la Eurocopa el día anterior en Kiev. La versión oficial es que ese trabajo se perdió en alguna de las mudanzas que Cifuentes realizó estos años. 

EL CAMBIO DE NOTAS. Otra de las aristas más complejas desde el punto de vista legal es el del cambio de dos notas en dos asignaturas en las que la presidenta de Madrid figuraba como no presentada y que fueron modificadas en la base de datos por una persona cercana a Cifuentes sin cumplir con los protocolos y exigencias habituales en esos casos.

TRATO DE FAVOR . Aunque legalmente no debería tener más recorrido, Cifuentes admitió el pasado miércoles que no asistió a las clases de un máster cuyas bases exigían tomar parte de forma presencial en al menos el 85 % de las horas. «Tenía un acuerdo», dijo sin especificar por qué ni con quién. 

La presidenta del tribunal examinador dice que ella no asistió y que su firma es falsa

La profesora que figura como presidenta del tribunal que evaluó el Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes aumentó los problemas de la presidenta madrileña al asegurar ayer que no firmó dicho documento, por lo que no reconoce la firma que aparece estampada en el mismo. Distintas fuentes universitarias confirmaron a Europa Press que la profesora Alicia López de los Mozos habría señalado a la Inspección encargada de la información reservada abierta por la Universidad Rey Juan Carlos que no firmó este acta que fue facilitada por el equipo de Cristina Cifuentes el pasado 21 de marzo para acreditar que la dirigente madrileña había cursado estos estudios.

Otras fuentes consultadas han remarcado la necesidad según la normativa de que la presidenta del tribunal sea un profesor titulado. En el caso de López de los Mozos, la página web de la Universidad Rey Juan Carlos recoge que es profesora contratada doctoral de Derecho Constitucional.

En el acta entregada por parte de la universidad al equipo de Cifuentes el pasado 21 de marzo, figura ella en calidad de presidenta, junto a otras dos profesoras: Clara Souto, como vocal; y Cecilia Rosado, como secretaria. Otras fuentes universitarias aseguran que habría una segunda profesora que tampoco habría firmado el documento con el que Cifuentes y su equipo trataron de defenderse de las acusaciones sobre la no realización del máster que la presidenta madrileña esgrimía en su currículo. Ninguna de las implicadas ha dado explicaciones públicas.

Alicia López (segunda por la derecha) es profesora contratada de Derecho Constitucional
Alicia López (segunda por la derecha) es profesora contratada de Derecho Constitucional

Un delito con penas de tres a seis años de prisión

La falsificación de un documento público, como es el caso del acta de las notas de Cristina Cifuentes, está tipificada en el artículo 390 del Código Penal con penas de tres a seis años de prisión, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años si quien lo comete es un funcionario o una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Si quien cometiera la irregularidad fuera un particular, el Código Penal recoge posibles castigos de seis meses a tres años de prisión y multa de seis a doce meses.

Cifuentes y Puigdemont apagan la música de la gran fiesta del PP

f. b.

El calendario le ha jugado una mala pasada al PP. Sevilla acoge desde hoy y a lo largo de todo el fin de semana la convención nacional de los populares. Se trata del evento más importante del año, en el que se darán cita más de 2.500 afiliados y simpatizantes de la formación. «Todo el que tiene algo que decir en el partido, con algún tipo de responsabilidad orgánica o institucional, va a estar allí», comentaba recientemente el coordinador general, Fernando Martínez-Maíllo.

La cita está fijada desde hace tres meses, y dadas sus proporciones megalómanas y las dificultades que esto conlleva a efectos de organización, resulta inamovible. En caso contrario, Génova no dudaría ni un solo instante en modificarla esperando a que las aguas bajasen más tranquilas. Marca de la casa.

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