El tribunal permite que salga en libertad bajo fianza al descartar el delito de rebelión, pero aún tiene que decidir sobre su extradición a España por la acusación de corrupción
06 abr 2018 . Actualizado a las 09:28 h.El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, obtuvo ayer la victoria más sonada desde que huyó a Bruselas el pasado 30 de octubre después de que la Cámara catalana proclamara la república. Su fuga fue criticada hasta por Oriol Junqueras, pero ayer se comprobó que, al menos en términos jurídicos, tenía sentido. El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, no solo dictó libertad bajo fianza de 75.000 euros para el dirigente secesionista, sino que declaró que no ve admisible el delito de rebelión que le imputa la Justicia española. Sí en cambio el delito de malversación, por el que Puigdemont podría ser extraditado y juzgado en España, aunque el tribunal alemán aún tardará días o semanas en resolver toda la causa.
Se espera que Puigdemont salga del penal germano durante el día de hoy. Ayer por la noche la asociación independentista ANC anunció que había transferido el dinero de la fianza. Ante la cárcel de Neumünster hay máxima expectación a estas horas. Decenas de medios de comunicación esperan a las puertas de la prisión la salida del expresidente catalán.
Para descartar la rebelión, que implica penas de 15 a 25 años de prisión en España, el tribunal germano, en contra de la opinión de la Fiscalía de este país, alegó que el delito que podría ser equiparable en Alemania es el de alta traición, pero en este caso no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la violencia. Esta, según explicó el tribunal regional, debe llegar al punto de poder doblegar la voluntad del Estado, y «no es el caso».
En una comparecencia de urgencia, el abogado del dirigente independentista calificó la noticia de «gran éxito» para su defendido. El delito de rebelión no hay por dónde cogerlo, dijo, porque no se pueden comparar incidentes en una manifestación con el 23F y la entrada de policías con metralletas. «Eso es rebelión», expresó como ejemplo. «Nos vemos mañana» (por hoy), escribió en su cuenta de Twitter el expresidente.
La Fiscalía General de Schleswig-Holstein no tiene margen de actuación para presentar alegaciones o recurso ante la decisión de la Audiencia Territorial de ese estado federado alemán. En declaraciones a Efe, la portavoz de la Fiscalía, la fiscal Wiebke Hoffelner, explicó que no existe margen legal para recurrir la resolución de la Audiencia, que no atendió su petición de mantener en prisión a Puigdemont y tramitar su extradición por los dos delitos por los que le reclama España: rebelión y malversación de fondos públicos.
La decisión judicial puede tener consecuencias políticas y jurídicas de calado en España. Y es que, de entrada, puede causar una paradoja muy difícil de entender para los no iniciados en asuntos jurídicos. Así, el que se supone que era el jefe de la supuesta organización criminal, según la terminología utilizada por la jueza Lamela, podría ser juzgado únicamente por los delitos de malversación y desobediencia, mientras que el resto de los procesados, entre otros sus colaboradores en el Gobierno -Oriol Junqueras, el resto de los consejeros y los Jordis- serán juzgados y puede que condenados por rebelión. Es decir, que a Puigdemont le podría caer una pena de 2 a 6 años de prisión y al resto, de 15 a 25 años.
Diez días preso
Puigdemont fue detenido el pasado 25 de marzo en una gasolinera de Alemania, tras entrar en el país en coche desde Dinamarca procedente de Finlandia, adonde acudió a pronunciar una conferencia. El expresidente de la Generalitat llevaba cinco meses huido en Bruselas. El juez Llarena se vio obligado a retirar su primera euroorden para evitar que la Justicia belga, como ha hecho la alemana, restringiera los delitos que le imputa el Supremo.
Sin embargo, días antes de su detención en Alemania, Llarena reactivó la euroorden y después reclamó su extradición por los delitos de rebelión, malversación, prevaricación y desobediencia, relacionados con el referendo ilegal del 1-O y la proclamación unilateral de independencia del 27 de octubre.
El tribunal del estado de Schleswig-Holstein, en cambio, enmendó ayer la plana al juez español. Por ello, la decisión cayó en el independentismo como una victoria histórica. «En Alemania hay justicia», expresaron JxCat, ERC y la CUP. La tesis del secesionismo es que España es un Estado autoritario, donde no hay división de poderes y donde la Justicia ha emprendido una causa general contra sus dirigentes.
Para el soberanismo catalán, Puigdemont y todos los dirigentes secesionistas encarcelados son presos políticos, como los que había durante el franquismo. Los jueces alemanes, no obstante, rechazaron ayer que Puigdemont pueda ser víctima de persecución política en España si es extraditado.
En términos políticos, la decisión judicial es un revés para el Gobierno, aunque el ministro de Justicia no lo vio así, pero podría abrir una puerta a la resolución del conflicto político catalán, en la medida en que podría poner los cimientos para una cierta rebaja de la tensión. En sectores del independentismo, en cualquier caso, apuntaron la posibilidad de que la decisión judicial reactive la candidatura de Puigdemont como presidente de la Generalitat.
La Fiscalía de Schleswig-Holstein puede recurrir la decisión del tribunal ante un órgano judicial superior, según fuentes jurídicas. El ministerio público alemán se posicionó a favor de tramitar la orden de entrega y detención por los delitos de rebelión y malversación, además de reclamar la prisión provisional de Puigdemont por riesgo de fuga. A falta de conocer los detalles del auto, el tribunal empleó un «mecanismo horizontal» para adoptar esta decisión, comparando los delitos de rebelión y alta traición en los códigos penales de España y Alemania, y entendió que no eran coincidentes tras analizar la documentación de la orden de entrega y la Fiscalía en un breve espacio de tiempo.
