El Gobierno desiste de la casilla de español en las prescripciones escolares catalanas

El Ministerio de Educación se había comprometido a dejar elegir la lengua vehicular

La mujer de Puigdemont acudió ayer a la prisión de Neumünster para visitar a su marido
La mujer de Puigdemont acudió ayer a la prisión de Neumünster para visitar a su marido

barcelona / colpisa

La inscripción para el curso escolar del año que viene en Cataluña será idéntica a la de este año y los anteriores en lo que al uso del castellano se refiere. A pesar de que el Gobierno avanzó que podría incluir una casilla para que los padres puedan elegir el idioma en el que estudiarán sus hijos, al final se ha decantado por no introducir cambios. Con este paso atrás, el Ejecutivo evita abrir un nuevo frente de conflicto a cuenta de la aplicación del artículo 155 y, en consecuencia, en el próximo curso la lengua vehicular en la enseñanza de los estudiantes seguirá siendo el catalán.

Hace dos meses, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, se adelantó a sus compañeros de Gobierno y anunció que la preinscripción escolar incluiría la casilla lingüística, lo que abría la puerta a poner fin al modelo de inmersión que rige en Cataluña desde los años ochenta. «Nuestra prioridad es el derecho de los padres a escoger libremente la educación de sus hijos. Y por tanto vamos a cumplir la ley y vamos a cumplir las sentencias. Por ello va a existir esta casilla porque es devolver el derecho a los padres», afirmó la ministra. Montserrat fue desautorizada por el ministro de Educación a las pocas horas. No obstante, Íñigo Méndez de Vigo garantizó que se introduciría algún mecanismo para permitir a los padres la elección del castellano como lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos. Pero días después se vio obligado a reconocer que el Gobierno «no puede modificar el modelo educativo de la escuela catalana ni con el artículo 155 ni sin él».

El castellano, residual

El Ejecutivo central intervino la autonomía catalana después de que la Cámara catalana proclamara la independencia el pasado 27 de octubre. La Administración catalana pasó a depender jerárquicamente del Gobierno y surgió la tentación de modificar un modelo de inmersión que cuestionan a fondo PP y Ciudadanos. Ambas fuerzas reclaman mayor presencia del castellano en la escuela catalana, que a día de hoy tiene un rol residual al impartirse en torno a dos o tres horas semanales de forma semejante a un idioma extranjero. Finalmente, el Gobierno del PP ha tirado la toalla y ha optado por no arrojar más gasolina al fuego en el crispado clima político catalán. Entre otras razones, porque en febrero el Constitucional dio la razón a la Generalitat y anuló algunos de los artículos de la Lomce al considerar que invadían competencias autonómicas en materia de enseñanza. En concreto, tumbó la ayuda estipulada de 6.000 euros por curso que debía otorgar la Generalitat a las familias catalanas que quisieran matricular a sus hijos en un colegio privado para que recibiesen formación en castellano.

Críticas al Gobierno

El modelo de inmersión, que algunos padres están combatiendo en los tribunales a título personal, cuenta con un amplio consenso en Cataluña al respaldarlo el arco parlamentario que va desde la CUP hasta el PSC. Es la joya de la corona del autogobierno catalán, «uno de los valores sagrados de la convivencia en Cataluña», según entiende el independentismo.

El sindicato de profesores AMES y Sociedad Civil Catalana reclamaron al Gobierno que diese los pasos necesarios para que el español sea lengua vehicular, lo que despertó el rechazo de buena parte de la comunidad educativa. Desde AMES calificaron ayer al Ejecutivo de «cobarde» por no haber introducido los cambios mientras que Ciudadanos criticó al Ejecutivo por «no haber hecho nada». El PP, mientras, y casi para compensar, anunció ayer una proposición de ley para cambiar la ley de educación catalana, una iniciativa con nulo recorrido parlamentario.

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