Reclama la nuludad de la causa y planteará una cuestión prejudicial ante Estrasburgo
03 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha recurrido en reforma el auto de procesamiento dictado el pasado 23 de marzo por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En el recurso, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas reclama al juez el archivo de la causa o, en su defecto, la nulidad de todas las actuaciones practicadas hasta la fecha. En un escrito de 85 páginas, argumenta de entrada falta de competencia objetiva del Tribunal Supremo para instruir este sumario, que debería haber sido visto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al producirse los hechos en esa comunidad; alega indefensión al no haberse permitido la personación de Puigdemont, Puig y Ponsatí hasta su procesamiento (más de cuatro meses desde que comenzó a instruirse la causa); y falta de relevancia penal de los hechos enjuiciados y de los delitos imputados: rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia.
Sobre el primer motivo, el letrado adelanta en su recurso que planteará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al entender que se ha privado de asistencia letrada en la causa a los procesados en rebeldía mientras no se pusieran a disposición del Tribunal Supremo o comparecieran de forma personal ante el juez. «Se trata de una decisión ilógica e incoherente que genera una evidente indefensión desde el inicio de la instrucción. Carece de cobertura legal y vulnera flagrantemente la normativa internacional y europea», señala el escrito fechado el pasado 28 de marzo.
El defensor de Puigdemont denuncia que la Fiscalía General del Estado haya forzado el relato en su querella inicial y rechaza el delito de rebelión. «El auto de procesamiento justifica la existencia de una violencia que, por suerte, es y ha sido inexistente en el reciente proceso político catalán», asegura Alonso-Cuevillas, quien defiende que el procés «es plenamente admisible en el marco constitucional español siempre que no sea mediante el uso de la violencia». Añade que por violencia «no cabe entender las manifestaciones de protesta ni las actuaciones reprobables y aisladas de quienes causan daños en el marco de las referidas manifestaciones, que a lo sumo podrán ser acusados de desórdenes públicos a quienes en esta conducta incurrieran».
También niega la existencia del delito de malversación porque no hay un solo dato que confirme el uso espurio de dinero de la Generalitat en el referendo del 1-0.