La Fiscalía investiga como delito de rebelión los actos de protesta de los CDR

Ciudadanos y PSOE instan al Gobierno a tomar medidas contra las acciones violentas

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barcelona / colpisa

Los Comités de Defensa de la República (CDR), los grupos independentistas vinculados a la CUP y coordinados a través de asambleas locales que han cogido el testigo de la protesta en la calle, están el centro del debate político por sus últimas movilizaciones, que han radicalizado la movilización secesionista. Sus últimas acciones han consistido en levantar las barreras de autopistas de peaje durante la operación retorno de Semana Santa. Ayer, actuaron en la C-32 a la altura de Sitges (Barcelona). «Hoy os podéis ahorrar los 40 minutos de costa: el peaje de la C-32 Castelldefels-Sitges ya hace años que está amortizado», anunció el CDR de la localidad de Begues.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tomó cartas en el asunto e informó a través de un comunicado de que se han abierto «investigaciones penales de todo tipo para llevar ante la Justicia a los autores y promotores de esto vandálicos actos, que ponen en peligro no solo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema democrático». El ministerio público señaló además que la deriva de las protestas en estos últimos días podrían constituir delitos de rebelión o contra el orden público. Estos actos «no serán permitidos y la Fiscalía, como garante del orden constitucional, actuará con contundencia contra los mismos para llevar a sus autores ante la Justicia», destaca el comunicado.

Las referencias al carácter supuestamente violento de las protestas independentistas adquieren una mayor importancia en un momento en el que está sobre la mesa la acusación de rebelión contra los dirigentes del proceso. De ahí que desde el propio independentismo haya sectores que opinan que las actuaciones de los CDR, que han sustituido a la ANC en el control de las movilizaciones, no ayudan en la defensa de los dirigentes secesionistas, en tanto en cuanto las manifestaciones ya no tienen un tono festivo como antaño, sino que ahora son mucho más contundentes, como se pudo comprobar el día que fue detenido Puigdemont, cuando una protesta acabó con un centenar de heridos.

Los principales partidos constitucionalistas instaron ayer al Gobierno central a que tome cartas en el asunto ante lo que entienden una escalada insurreccional de los Comités. El PP calificó a los CDR como «grupúsculos de semiviolencia» que se asemejan a la kale borroka de la izquierda abertzale. «Me recuerda a lo peor que vivimos en la política vasca», afirmó Javier Maroto, que cargó contra los «cuadros intermedios» de la Policía catalana por no impedir los «altercados».

«Comandos separatistas»

Ciudadanos fue más allá y pidió al Gobierno central que coja el toro por los cuernos frente a los que calificó como «comandos separatistas violentos». Si alguien «no está haciendo lo que tiene que hacer con los Mossos» son ellos, dijo el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en relación al presidente del Gobierno y al ministro del Interior, que recordó tienen la máxima autoridad sobre la Policía en Cataluña por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El PSOE reclamó a las autoridades que garanticen la seguridad ante los «actos vandálicos» de los CDR. En el ámbito catalán, Catalunya en Comú-Podem advirtió de que la violencia no ayuda en la solución del conflicto soberanista.

La CUP no tardó en responder al anuncio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y reclamó que el Estado central deje de «criminalizar al pueblo». Los antisistema reafirmaron su apoyo a las acciones de los CDR, que calificaron de no violentas.

La empresa de Marcilla y Saimaza defiende al directivo que tildó a España de «Estado fascista»

La empresa holandesa que comercializa, entre otras marcas, los cafés Saimaza y Marcilla ha defendido a su director general en Francia, Xavi Mitjavila i Moix, quien la semana pasada colgó un comentario en su cuenta personal en Facebook en la que escribió: «Spain is a fascist state» (‘España es un Estado fascista’). El comentario ha desencadenado una oleada de críticas en las redes sociales, incluido un llamamiento al boicot para dejar de consumir estos productos. Pese a ello, la compañía Jacobs Douwe Egberts (JDE) argumenta que se trata de un «mensaje personal» de su directivo, que tras el revuelo causado ha eliminado su perfil en las redes sociales. En su nota, la compañía señala que no se dejará presionar por las redes sociales y que, por tanto, «JDE no tomará una posición». «Xavier Mitjavila no habla por nosotros y su publicación no representa nuestra filosofía de que sentarse a tomar un café o un té puede fomentar el entendimiento mutuo».

Los 60.000 euros que ANC y Òmnium pagaron por la fianza de Rovira pasarán al Estado si sigue huida

Los 60.000 euros depositados en el Tribunal Supremo por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural que evitaron que la secretaria de ERC Marta Rovira entrara en prisión a finales del pasado febrero, tras declarar ante el instructor del caso del procés, Pablo Llarena, serán adjudicados al Estado en los próximos días si estas asociaciones que actuaron como fiadoras no entregan a la investigada, que ha huido a Suiza. Así se señala en una diligencia del juzgado de Llarena dada a conocer ayer y que da diez días al tesorero de ANC, Manuel Padrós, que fue quien entregó el dinero, para que ponga a disposición de la Justicia a su fiada. El plazo para la entrega de Rovira, lo que posibilitaría la devolución de los 60.000 euros a Padrós, termina esta semana.

La decisión judicial se adopta en cumplimiento de los artículos 534 y 535 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que, en el caso de incomparecencia de un investigado con fianza ante la Justicia, el secretario judicial debe señalar al fiador de los bienes prestados en fianza para que en el plazo de diez días «presente al rebelde». En caso contrario, la fianza pasa al Estado.

Puigdemont reconoce disturbios aislados, no violencia

M. B.
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Reclama la nuludad de la causa y planteará una cuestión prejudicial ante Estrasburgo

La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha recurrido en reforma el auto de procesamiento dictado el pasado 23 de marzo por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En el recurso, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas reclama al juez el archivo de la causa o, en su defecto, la nulidad de todas las actuaciones practicadas hasta la fecha. En un escrito de 85 páginas, argumenta de entrada falta de competencia objetiva del Tribunal Supremo para instruir este sumario, que debería haber sido visto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al producirse los hechos en esa comunidad; alega indefensión al no haberse permitido la personación de Puigdemont, Puig y Ponsatí hasta su procesamiento (más de cuatro meses desde que comenzó a instruirse la causa); y falta de relevancia penal de los hechos enjuiciados y de los delitos imputados: rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia.

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