El tráfico de móviles amenaza las cárceles

Solo el año pasado, fueron requisados 1.383 terminales en los centros penitenciarios, uno por cada 36 reclusos


madrid / colpisa

Es el mayor problema en la actualidad de la seguridad en las cárceles españolas, según admiten los expertos y reconocen por primera vez las estadísticas. El tráfico ilegal de móviles en las prisiones se ha convertido en una pandemia imposible de erradicar. Aunque Instituciones Penitenciarias considera una prioridad mantener bajo control las comunicaciones de los internos, sobre todo para evitar que los capos del crimen organizado y los terroristas prosigan con la actividad delictiva desde su celda, el Ministerio del Interior ha sido incapaz de frenar el flujo de terminales en los 69 centros de su competencia. Y eso que la posesión de un aparato supone una falta grave disciplinaria para el preso, que le puede acarrear el aislamiento o el fin de privilegios.

Aunque siempre se había sospechado que existía una violación sistemática de la prohibición de que los presos accedan a comunicaciones sin control, ni siquiera los trabajadores de prisiones pensaban que el problema era de tal envergadura. Una respuesta de Interior al senador de Bildu Jon Iñarritu ha revelado el alcance del agujero de seguridad. Según admite el departamento que dirige Ángel Yuste, entre el 2000 y el 2017, los funcionarios se incautaron en los centros de 17.140 terminales, una media de un millar al año. O lo que es lo mismo, cada día se descubren en las cárceles casi tres teléfonos.

El problema, además, no decrece. Solo el pasado año fueron descubiertos 1.383 aparatos a internos, casi cuatro móviles incautados al día. Y eso que el número de presos se redujo en más de un 20 % durante los últimos años. Teniendo en cuenta que ahora la población reclusa en los centros del Estado (Cataluña tiene transferida esta competencia) es de 50.992 reos, en el 2017, uno de cada 36 internos tuvo un móvil. Un cálculo basado solo en los terminales descubiertos.

Inhibidores

Aún así, 2017 no fue el peor año. En el 2009, con unos 65.000 internos, se batieron todos los récords con 1.784 móviles confiscados. En el 2010, fueron 1.779.

El problema no es, ni mucho menos, homogéneo. Hay cárceles que son un verdadero coladero, según se ha visto obligado a reconocer Interior. En trece de los 69 centros penitenciarios del Estado se han incautado más de 500 móviles en los últimos 17 años. A la cabeza se sitúa la cárcel de Topas (Salamanca), con 1.242 requisados. En este centro, en el 2009 se descubrieron 170 teléfonos entre los mil reclusos. O lo que es lo mismo, un teléfono ilegal cada siete reos. Le siguen Tenerife con 852 móviles desde el 2000, Ceuta con 890, Melilla con 839, Valencia con 805, Madrid III con 728, Palencia con 673 y Las Palmas con 608.

Según fuentes penitenciarias, la mayor parte de los terminales son introducidos en los centros por familiares. Aunque también ha habido connivencia de los funcionarios. Desde el 2010 al 2016 han sido sancionados ocho por «introducir o vender teléfonos a los internos».

El programa que Interior puso en marcha en el 2008 para instalar inhibidores solo llegó a 39 de sus 69 cárceles y no siempre funcionan.

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