Llarena detallará cientos de actos de violencia para reforzar la orden de entrega de Puigdemont

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Enric Fontcuberta | efe

También incluye una acusación genérica de corrupción para intentar consolidar los argumentos en favor de la extradición

29 mar 2018 . Actualizado a las 17:39 h.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha puesto toda la carne en el asador para intentar convencer a la Fiscalía y al Tribunal Superior del estado alemán de Schleswig-Holstein de que entregue a Carles Puigdemont. En la euroorden remitida, el magistrado hace hincapié en la violencia durante el procés al tiempo que encuadra la supuesta malversación como una «infracción de corrupción», uno de los ilícitos que contempla la orden europea de detención y entrega (OEDE).

Llarena enumera todos los incidentes violentos de los últimos días de septiembre y primeros de octubre, coincidiendo con la celebración del referendo ilegal del 1-O. Incluye los números de placas de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que resultaron heridos durante la represión de la consulta ilegal. El delito de rebelión requiere que exista un «alzamiento violento y público» para, entre otros objetivos, «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». Llarena sabe que en Alemania el ilícito más cercano sería el de alta traición, que prevé penas de hasta 25 años de cárcel para aquel que, «con violencia o amenaza de violencia», atente contra la existencia de la República Federal de Alemania o intente cambiar el orden constitucional alemán. Por ello, explican algunos, el interés de Llarena en subrayar la violencia durante el procés y situar a Puigdemont en la cúspide de la estrategia que movió esos actos de fuerza.

El juez, señalan las mismas fuentes, se plantea ampliar el texto de la orden de detención con los nuevos datos remitidos por la Guardia Civil sobre altercados en Cataluña. El instituto armado ha remitido al Supremo otro informe en el que documenta hasta 315 actos de «violencia y agresión» entre el 1 de septiembre y el 8 de noviembre. Según los agentes, en ese período hubo 193 cortes de carreteras o vías férreas en Cataluña y 122 episodios de agresiones a las fuerzas de seguridad del Estado. Son, según los atestados, «actos de agresión y daños, así como de grave resistencia o amedrentamiento» dentro de un «levantamiento» con el objetivo de provocar un «cisma» con el Estado.

Según el informe, los responsables del procés, entre ellos Puigdemont, se «valieron de la población, alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando carreteras y calles, bloqueando edificios públicos y sometiendo a las autoridades judiciales y a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad a un incesante acoso».

El otro eje de la euroorden es afianzar la entrega. Por ello, incide en la corrupción, que como tal no es un delito ni en España ni en Alemania, pero es uno de los 30 supuestos estándares para los que es de aplicación directa, en teoría, la orden de detención.

Un juez apunta por sedición contra el jefe de los Mossos

Un juez de Cornellà de Llobregat ve indicios para imputar por sedición al jefe de los Mossos d’Esquadra, Ferran López, a quien el ministro del Interior colocó al frente del cuerpo autonómico el pasado 27 de octubre, y a otros ocho altos cargos de la policía catalana. El juez, que investiga la inactividad de los Mossos el 1-O, se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional. Entiende que diseñaron un dispositivo para facilitar la votación prohibida, no para impedirla.