Guiño de los comunes a los secesionistas

La coalición catalana de la que forma parte Podemos vota con los independentistas en apoyo a los presos y contra las acciones judiciales, y los invita a un Gobierno transversal también inviable


Barcelona / colpisa

El pleno de urgencia convocado por el independentismo en la Cámara catalana arrojó como novedad la escenificación, ya perfilada el sábado pasado, del nacimiento de un frente soberanista, con las tres fuerzas secesionistas y los comunes, a favor de los presos y en contra de las acciones judiciales. Este frente aprobó una declaración que «reclama la puesta en libertad inmediata de todos los diputados y exdiputados de esta Cámara que están privados de libertad» y la «exigencia al Estado del cumplimiento de las cautelares adoptadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el procedimiento relativo a la garantías de los derechos políticos de Sànchez». Un claro guiño de los comunes, coalición catalana en la que está integrada Podemos, a los independentistas. Pero no el único.

La propuesta de Domènech

Catalunya en Comú planteó la formación de un Ejecutivo transversal, amplio e integrado por independientes, cuya misión sería recuperar las instituciones catalanas y acabar con el 155. El presidente de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, lanzó la idea con el argumento de que la política catalana necesita salir de la situación de bloqueo. «Los partidos tienen que dar un paso atrás para dar un paso adelante como país», resumió. Dicho de otra manera, pidió a los independentistas que renuncien a la vía unilateral, con tal de favorecer la creación de un Gobierno lo más plural posible. «Esto no va de independencia, va de democracia», les dijo a los partidos secesionistas. Este Gobierno «amplio y transversal» estaría integrado por «personalidades de referencia y sensibilidades diversas». Según Domènech, tendría un mandato limitado y el compromiso de las personas que lo integren de no volver a presentarse a unas nuevas elecciones. Tendría además cuatro objetivos: recuperar las instituciones catalanas y acabar con el 155, poner fin a la judicialización y trabajar por la libertad de los presos, un plan de choque contra la desigualdad y «avanzar hacia el reconocimiento de un nuevo estatus político de Cataluña, más allá de un marco autonómico agotado».

«En el corazón de la lucha por los derechos y las libertades nos encontraréis; en nuevos intentos de ir contra la pared una y otra vez, no», dijo. La propuesta de los comunes está clara: estarán en todo lo que sea formar parte del frente a favor de los presos y contra la vía judicial contra los secesionistas. Pero dar apoyo a la investidura de un candidato de JxCat es harina de otro costal. Domènech lleva semanas advirtiendo que podrían respaldar a los secesionistas si el aspirante fuera de ERC. En la operación también entra la gobernabilidad del Ayuntamiento de Barcelona, después de que Ada Colau rompiera con el PSC y se quedara sola. Los comunes presentaron una propuesta de resolución que llama a «trabajar para encontrar las herramientas e instrumentos necesarios para recuperar las instituciones, procurando edificar siempre amplias mayorías dentro de esta Cámara». Solo Esquerra y el PSC votaron a favor, mientras que JxCat y la CUP se abstuvieron.

Inviable y poco madurada

No obstante, la propuesta de los comunes no deja de ser un brindis al sol, porque para que saliera adelante necesitaría el apoyo de dos grupos que en ningún caso se lo van a dar. Desde luego, no lo va a hacer JxCat, pero tampoco van a ir por esa vía los socialistas, por mucho que Miquel Iceta se pronunciara el día anterior por un Gobierno de concentración. Una idea que puso de los nervios al PSOE. «No vamos a apoyar a ningún candidato independentista, y ahí nos mantenemos», manifestó ayer José Luis Ábalos, secretario de organización del partido, quien descalificó acto seguido la propuesta de Domènech por «inviable» y «poco madurada», lo que, añadió, solo contribuye a «más frustración».

Los independentistas solo consiguen dar un apoyo simbólico a Puigdemont

El Parlamento proclama el derecho del expresidente a ser investido, pero ERC se niega a dar el paso de hacerlo efectivo

Casi cien días después de las elecciones del 21D, el independentismo sigue atrapado en su propia tela de araña: quisiera investir a Carles Puigdemont, pero sabe que no es posible. Por cuestiones no solo legales, sino también políticas, porque ni siquiera en el frente secesionista tienen una estrategia unívoca. Aun así, las tres fuerzas independentistas aprobaron ayer una propuesta de resolución parlamentaria que proclama el derecho de Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull a ser investidos. Fue la respuesta política del secesionismo a la detención del expresidente de la Generalitat el pasado domingo en Alemania. Una nueva declaración simbólica de la Cámara catalana, que ya aprobó hace un mes una resolución para reconocer la «legitimidad» del expresidente. Ambas difícilmente tendrán efectos prácticos.

En este punto, la unidad en el independentismo brilla por su ausencia. Las tres formaciones secesionistas pueden reivindicar de manera genérica que Puigdemont, y los otros dos candidatos fallidos, tienen todos sus derechos políticos en vigor, a pesar de que los tres están en prisión, pero los tres grupos no tienen los mismos planes. La CUP, una parte de Junts per Catalunya y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) insistirán en los próximos días y semanas en convocar un pleno de investidura para elegir a Puigdemont a sabiendas de que su reelección no sería efectiva, sino un nuevo gesto de desobediencia que sería perseguido por la vía penal.

«No renunciaremos a la investidura de Carles Puigdemont», aseguró ayer la diputada de JxCat Gemma Geis en el pleno convocado de urgencia para responder a los encarcelamientos. «Pedimos un pleno ya para investir a Puigdemont», apuntó el portavoz de la CUP, Carles Riera. «Sería un acto de soberanía del Parlamento».

Llarena detallará cientos de actos de violencia para reforzar la orden de entrega de Puigdemont

Melchor Saiz-Pardo

También incluye una acusación genérica de corrupción para intentar consolidar los argumentos en favor de la extradición

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha puesto toda la carne en el asador para intentar convencer a la Fiscalía y al Tribunal Superior del estado alemán de Schleswig-Holstein de que entregue a Carles Puigdemont. En la euroorden remitida, el magistrado hace hincapié en la violencia durante el procés al tiempo que encuadra la supuesta malversación como una «infracción de corrupción», uno de los ilícitos que contempla la orden europea de detención y entrega (OEDE).

Llarena enumera todos los incidentes violentos de los últimos días de septiembre y primeros de octubre, coincidiendo con la celebración del referendo ilegal del 1-O. Incluye los números de placas de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que resultaron heridos durante la represión de la consulta ilegal. El delito de rebelión requiere que exista un «alzamiento violento y público» para, entre otros objetivos, «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». Llarena sabe que en Alemania el ilícito más cercano sería el de alta traición, que prevé penas de hasta 25 años de cárcel para aquel que, «con violencia o amenaza de violencia», atente contra la existencia de la República Federal de Alemania o intente cambiar el orden constitucional alemán. Por ello, explican algunos, el interés de Llarena en subrayar la violencia durante el procés y situar a Puigdemont en la cúspide de la estrategia que movió esos actos de fuerza.

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División

Esquerra, en cambio, y a pesar de que Gabriel Rufián mostró su disposición a que el recluso de Neumünster pueda someterse a la votación, discrepa de sus socios. Desde el inicio de la legislatura, los republicanos tratan de convencer a sus socios de que hace falta formar cuanto antes un Gobierno efectivo, que recupere las instituciones y ponga fin al 155, y de que para llevar a cabo esa tarea se requiere un candidato sin causas judiciales abiertas. Esquerra, además, no quiere comprometer a Roger Torrent y a los miembros de la Mesa, que serían los que pagarían las consecuencias de la investidura de Puigdemont, que solo sería posible desobedeciendo al Constitucional y reformando la Ley de la Presidencia. El republicano Torrent ha parado en varias ocasiones los pies al expresidente. Anuló su pleno de investidura cuando en JxCat ya celebraban la victoria y ayer volvió a marcar distancias, dejando en la nevera la petición neoconvergente para permitir delegar el voto del expresidente.

Cuando quedan menos de dos meses para que muera la legislatura por su propio peso, al independentismo se le acumulan los problemas. Con Puigdemont en una prisión alemana, Oriol Junqueras en la de Estremera, Marta Rovira fugada en Suiza y Jordi Sànchez y Jordi Turull también en prisión, el secesionismo carece de un líder que guíe al movimiento en un momento de fuertes divisiones internas y de tensiones crecientes. Falta liderazgo y falta proyecto. Unos apuestan por insistir en el desafío, lo que implica nuevas querellas y aumentar la nómina de procesados. Sectores de JxCat y de la CUP están por mantener la unilateralidad. Pero el PDECat y Esquerra abogan por un Gobierno efectivo cuando antes.

Fuentes independentistas apuntan que trabajan ya en el plan D, tras la imposibilidad de elegir a Puigdemont, Sànchez y Turull, y que cuentan con cuatro o cinco candidatos sobre la mesa. Todas las miradas apuntan a Elsa Artadi, pero ella se resiste.

Suspenden la Barcelona World Race por la inestabilidad política en Cataluña

EFE

PSC y ERC culpan a Colau de la decisión por su falta de liderazgo y de proyecto, que en su última edición generó unos ingresos de 23 millones de euros para la ciudad

El patronato de la Fundación Navegación Oceánica de Barcelona (FNOB) ha anunciado la suspensión de la próxima edición de la Barcelona World Race, que tenía prevista su salida en enero del 2019, ante las dificultades para encontrar patrocinio por la inestabilidad política.

La decisión fue tomada el pasado 22 de marzo por común acuerdo en una reunión del patronato, constituido por el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio de Barcelona, el Puerto de Barcelona y la Fira de Barcelona. En un comunicado, la FNOB asegura que ha influido, en especial, en esta decisión «el clima de indefinición institucional y falta de estabilidad política que vive nuestro país en este último año», que ha dificultado la búsqueda de patrocinios. «Los patrocinadores potenciales han manifestado su desconfianza al no poder estar seguros de contar con el apoyo institucional que necesariamente debe garantizar un evento deportivo de estas dimensiones, que requiere una fuerte inversión en patrocinio privado, y que es, en definitiva, la única fuente de financiación de la regata», afirma el comunicado.

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