El expresidente de la Generalitat advierte desde Alemania que no desfallecerá en la defensa de sus ideales
27 mar 2018 . Actualizado a las 21:12 h.Uno, recién llegado a prisión, avisa de que no se rendirá. Y el otro, entre rejas ya desde hace casi cinco meses, denuncia el «calvario» que está sufriendo, dice, por las «piruetas argumentativas» con las que el juez del Supremo Pablo Llarena pretende «criminalizar» al independentismo. Ambos líderes soberanistas han hablado desde sus respectivas cárceles: uno en la de Neumünster, otro en la de Neumünster; uno por boca de su abogado, otro a través del recuso a su procesamiento por rebelión.
El expresidente de la Generalitat y diputado de JxCat Carles Puigdemont ha hecho un llamamiento a la unidad del soberanismo, advirtiendo que «pese a las adversidades», no desfallecerá en la defensa de sus ideales, explicó su abogado Jaume Alonso-Cuevillas tras visitarle por primera vez en prisión. El líder independentista es consciente, agregó el letrado, de que su estado de «privación de libertad» puede «prolongarse» mientras la justicia alemana examina la orden de detención y entrega (OEDE, euroorden) cursada por España con los cargos de rebelión y malversación de fondos, lo que provocó su detención este domingo poco después de entrar en territorio alemán desde Dinamarca.
«Confiamos en la justicia europea y en la alemana», manifestó Alonso-Cuevillas en una breve comparecencia ante los medios después de permanecer reunido con Puigdemont durante unas dos horas. «Ha sido un chute de euforia verlo» así, con «tanta determinación y coraje», aseguró el abogado tras garantizar, en castellano y catalán, que el expresident se encuentra «en perfecta forma anímica» y «en excelentes condiciones físicas». Finalmente quiso señalar que su defendido se considera un preso político y que agradece todas las muestras de apoyo que está recibiendo.
Junqueras recurre el auto de Llarena
El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, por su parte, sostiene en el recurso de reforma interpuesto al auto de Llarena que tanto él como Romeva han defendido su proyecto político a favor de la independencia «sabiendo que la ciudadanía no ejercería nunca la violencia porque conocían cómo es y cómo actúa el movimiento independentista catalán, que solo es calificado de violento en el presente procedimiento penal y, contrariamente, resulta ejemplar en el resto del mundo». El escrito denuncia que ambos están sufriendo un «calvario innecesario», ya que están privados de libertad y sin posibilidad de ejercer sus derechos políticos, en el marco de un proceso judicial en el que «se está criminalizando» al independentismo, que es pacífico, legal «e incluso mayoritario».
«La existencia de violencia es una petición de principio inaceptable. Ni se ha producido violencia ni recoge el auto (de procesamiento) una de las características esenciales del movimiento independentista catalán: el férreo control de riesgos de violencia en su desarrollo», sostiene el recurso. Denuncian Junqueras y Romeva las «piruetas argumentativas» en las que creen que incurre Llanera para procesarles por rebelión, en una «interpretación totalmente sesgada» de lo sucedido en el proceso catalán, y advierten de que «criminalizar» el independentismo «es un grave error, tanto político como legal».
El recurso recrimina además que la «neutralidad» del juez «brilla por su ausencia», ya que el procedimiento se ha desarrollado con un «claro sesgo en favor de las acusaciones», orientado a la «confirmación de tesis de culpabilidad preconcebidas», hasta culminar con la «discriminación inmerecida» que supone que Junqueras y Romeva estén en prisión y se les impida ejercer sus derechos políticos.
El recurso insiste en que el proyecto independentista es «legal y legítimo», ha competido en todas las contiendas electorales recientes y «no tiene por qué someterse a las exigencias de reforma constitucional del propio texto constitucional si discurre pacíficamente, puesto que el escenario de negociación que se buscaba reiteradamente resulta posible y no constituye delito alguno». «En ausencia de violencia la independencia no es delito, de ahí el empeño por encontrar violencia típica o actuaciones tumultuarias en lo que es un proyecto político legal y ejercido siempre bajo parámetros pacíficos y civilizados», indica. Por este motivo, el escrito argumenta que los indicios recogidos en el auto de procesamiento son en realidad actuaciones políticas que Llarena «interpreta en clave ilegítima».