La Justicia alemana confirma que Puigdemont debe seguir en prisión

Patricia Baelo BERLÍN / CORRESPONSAL

ESPAÑA

AXEL HEIMKEN / Afp

El expresidente catalán permanecerá en la cárcel mientras se decide su extradición

27 mar 2018 . Actualizado a las 12:51 h.

La expectación se mantuvo hasta última hora de la tarde a las puertas de la prisión de Neumünster, donde se congregaron multitud de medios internacionales. También el abogado de Carles Puigdemont y una delegación de diputados encabezada por Quim Torra, que agradeció las protestas al grito de «¡Libertad para los presos políticos!». Finalmente, el tribunal de primera instancia de la misma localidad alemana optó por mantener bajo custodia policial al expresidente catalán.

Así lo comunicó el fiscal general de la región de Schleswig-Holstein, Georg Güntge, una vez concluida la comparecencia en la que se verificó la identidad del líder independentista y se le informó de los delitos que se le imputan.

Eso sí, la decisión sobre una posible extradición de Puigdemont a España promete hacerse de rogar. «Es realmente improbable que se produzca esta semana de Pascua», aseguró una portavoz de la Fiscalía regional, encargada de examinar toda la documentación y decidir si se cumplen o no las condiciones para ejecutar la orden europea de detención y entrega. De seguir adelante con ella, el caso pasará a manos de la audiencia territorial de ese estado federado situado en el norte del país. Si el expresidente catalán accede a ser extraditado, su entrega a las autoridades españolas deberá realizarse en un plazo de diez días. De lo contrario, el proceso podría extenderse hasta 60 días o incluso más.

Con 1.610, frente a las 312 de Bélgica, Alemania es el país que más extradiciones llevó a cabo en el 2015 en virtud de euroórdenes. Solo tres factores podrían impedir la ejecución: que el detenido sea menor de edad, que ya haya sido juzgado por el motivo del que se le acusa o que el estado que le ha arrestado no tipifique dicho delito. Aunque el Código Penal alemán no recoge el delito de rebelión como tal, sí que cuenta con uno equivalente en su artículo 81. Se trata de la alta traición, con penas que van desde los 10 años de cárcel hasta la cadena perpetua. Eso sí, debe llevar siempre implícito el uso de la violencia. Por ello, los expertos en derecho nacional e internacional consideran su extradición bastante probable. Pero no por rebelión, sino por malversación de fondos públicos, otro de los cargos que se le imputan a Puigdemont.

«España, Estado democrático»

En cualquier caso, tanto el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, como la de Justicia, Katharina Barley, insisten en que no hay posibilidad de actuar a nivel político. «El proceso queda en manos de los jueces y autoridades competentes de Schleswig-Holstein», resumió en rueda de prensa Barley. Entretanto, el portavoz de Angela Merkel garantizó que el arresto del líder independentista no lastrará la buena relación entre Madrid y Berlín. Steffen Seibert destacó que la decisión compete «fundamentalmente a la Justicia», al tiempo que propinó un fuerte espaldarazo al Gobierno de Mariano Rajoy. «España es un Estado democrático. Este conflicto se debe solucionar en base al derecho español», argumentó Seibert.

En teoría, Puigdemont puede solicitar asilo político en Alemania, pese a que la euroorden seguiría teniendo prioridad y a que en el país no existen precedentes que hayan recibido el visto bueno, tal como explicaba ayer el portavoz del Ministerio del Interior. Johannes Dimroth recordaba además que la detención se produjo según el procedimiento habitual, dado que la policía tiene la obligación de cumplir órdenes europeas.

El Gobierno de Merkel dice que es un tema judicial y La Izquierda pide acciones políticas

«España es una democracia y un Estado de derecho», destacó ayer el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, quien recordó que la posición del Ejecutivo de Angela Merkel es que el tema catalán es un asunto que España «debe resolver internamente» y «de acuerdo con la ley» del país. El europarlamentario democristiano Elmar Brok considera que Puigdemont ha infringido claramente la Constitución, por lo que debe responder ante la Justicia española. «Aconsejaría a los catalanes que desistan de sus aspiraciones secesionistas para lograr la independencia, puesto que es completamente inútil», afirmó Brok en declaraciones al diario Neue Osnabrücker Zeitung.

Pese a que el Gobierno alemán intenta despolitizar el asunto, desde La Izquierda calificaron el operativo de «vergüenza» e instaron a las autoridades alemanas a poner en libertad al expresidente de la Generalitat. «Debe de ser una broma que ahora un tribunal de Schleswig-Holstein participe en la decisión sobre el futuro de Cataluña», subrayó el jefe del grupo parlamentario, Dietmar Bartsch, quien anunció que su partido ha solicitado la convocatoria inminente de dos sesiones extraordinarias de las comisiones de Derecho y de Asuntos Exteriores del Bundestag. «La discusión sobre el estatus de Cataluña es de índole política y no jurídica; por lo tanto, debe ser resuelta solo en España con la ayuda de la UE», insistió Bartsch. El jefe de Los Verdes, Robert Habeck, apostó por la intermediación de la Unión Europea.

Encrucijada para Alemania

Por su parte, algunos expertos en asuntos exteriores, como el liberal Alexander Graf Lambsdorff, no ven con buenos ojos que la primera potencia europea se haya visto implicada de lleno, a diferencia de Bélgica y otros países vecinos que podrían igualmente haber arrestado a Puigdemont y no lo hicieron, tales como Finlandia, Dinamarca y Suecia. Una opinión en la que coinciden con la mayoría de los medios, que lo califican de encrucijada para Alemania, que siempre ha intentado mantenerse al margen de lo que su Ejecutivo consideraba «asuntos internos españoles».

La Fiscalía belga mantiene libres a tres exconsejeros

Lluis Puig
Lluis Puig EMMANUEL DUNAND | afp

El abogado de la extitular de Educación dice que se entregará a la Justicia escocesa en los próximos días

CRISTINA PORTEIRO

«Nuestra posición no ha cambiado, se trata de una cuestión de orden constitucional interno español y ahí se queda», zanjó ayer el portavoz de la Comisión Europea, Alexander Winterstein. Bruselas volvió a cerrar filas con el Gobierno español. Sin fisuras. Ni siquiera tras el arresto del expresidente catalán, Carles Puigdemont, lo que considera un asunto «de cooperación judicial entre dos países», o del ingreso en prisión de los líderes independentistas Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull. La institución comandada por Jean-Claude Juncker no se movió ayer ni un ápice de la posición que adoptó en los albores de la crisis catalana: diálogo sí, pero dentro del marco del Estado de derecho. Unas reglas que los secesionistas catalanes siguen sin aceptar.

En Bélgica ya solo quedan tres de los seis altos cargos de la Generalitat que huyeron el pasado mes de noviembre de la Justicia española. Aquí encontraron lo que buscaban: altavoces y un público simpatizante, especialmente entre los flamencos. La Fiscalía de Bruselas tiene localizados a los fugados -Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig- a través de sus abogados, quienes ya se pusieron en contacto con las autoridades para comunicar la voluntad de los tres fugitivos de ponerse en manos de la Justicia. Todavía no han sido citados a declarar y permanecen en libertad porque la Fiscalía belga no advierte riesgo de fuga. Mientras sopesan cuándo llevarlos ante el juez de instrucción, el equipo de letrados estudia la nueva petición de arresto: «La Fiscalía ha demandado a las autoridades judiciales españolas información complementaria vía Eurojust», aseguraron en un comunicado en el que se aclara que el actual procedimiento no es la reactivación de la euroorden cursada en noviembre, sino un «procedimiento nuevo». Llarena procesó a Comín por delitos de rebelión y malversación y a Puig y Serret por desobediencia y malversación.

La otra exconsejera huida, Clara Ponsatí, en este caso al Reino Unido, se pondrá en manos de la Justicia escocesa «en los próximos días», según afirmó ayer su abogado, para responder a la orden de extradición dictada por el juez Llarena. Los jueces escoceses tendrán que decidir antes si los delitos de los que el juez acusa a Ponsatí lo son también en Escocia. El de sedición fue abolido el 2011 y el de rebelión solo es comparable con el de traición, que define actos de violencia contra la Corona.