El abogado de la extitular de Educación dice que se entregará a la Justicia escocesa en los próximos días
27 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.«Nuestra posición no ha cambiado, se trata de una cuestión de orden constitucional interno español y ahí se queda», zanjó ayer el portavoz de la Comisión Europea, Alexander Winterstein. Bruselas volvió a cerrar filas con el Gobierno español. Sin fisuras. Ni siquiera tras el arresto del expresidente catalán, Carles Puigdemont, lo que considera un asunto «de cooperación judicial entre dos países», o del ingreso en prisión de los líderes independentistas Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull. La institución comandada por Jean-Claude Juncker no se movió ayer ni un ápice de la posición que adoptó en los albores de la crisis catalana: diálogo sí, pero dentro del marco del Estado de derecho. Unas reglas que los secesionistas catalanes siguen sin aceptar.
En Bélgica ya solo quedan tres de los seis altos cargos de la Generalitat que huyeron el pasado mes de noviembre de la Justicia española. Aquí encontraron lo que buscaban: altavoces y un público simpatizante, especialmente entre los flamencos. La Fiscalía de Bruselas tiene localizados a los fugados -Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig- a través de sus abogados, quienes ya se pusieron en contacto con las autoridades para comunicar la voluntad de los tres fugitivos de ponerse en manos de la Justicia. Todavía no han sido citados a declarar y permanecen en libertad porque la Fiscalía belga no advierte riesgo de fuga. Mientras sopesan cuándo llevarlos ante el juez de instrucción, el equipo de letrados estudia la nueva petición de arresto: «La Fiscalía ha demandado a las autoridades judiciales españolas información complementaria vía Eurojust», aseguraron en un comunicado en el que se aclara que el actual procedimiento no es la reactivación de la euroorden cursada en noviembre, sino un «procedimiento nuevo». Llarena procesó a Comín por delitos de rebelión y malversación y a Puig y Serret por desobediencia y malversación.
La otra exconsejera huida, Clara Ponsatí, en este caso al Reino Unido, se pondrá en manos de la Justicia escocesa «en los próximos días», según afirmó ayer su abogado, para responder a la orden de extradición dictada por el juez Llarena. Los jueces escoceses tendrán que decidir antes si los delitos de los que el juez acusa a Ponsatí lo son también en Escocia. El de sedición fue abolido el 2011 y el de rebelión solo es comparable con el de traición, que define actos de violencia contra la Corona.