El auto de procesamiento puede llevar a la suspensión en el cargo del nuevo presidente


M. B. Madrid / Colpisa

La partida de ajedrez que se juega en la causa del desafío secesionista sumó ayer un movimiento que ha removido las piezas de todo el tablero. El rey del juego, personificado en el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, citó para mañana a los 28 investigados para entregarles el auto de procesamiento. Lo hizo en una providencia de una sola página, casi cinco meses después de comenzar la instrucción por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

No quiere decir que la resolución de Llarena vaya a incriminar a todos los investigados, pero sí parece seguro que al menos 16 serán procesados, porque los indicios racionales de criminalidad que ha recabado sobre ellos en este período son suficientes para continuar la causa.

En este grupo estarán los cuatro presos preventivos -Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart-, los seis huidos de la Justicia -el expresidente Carles Puigdemont, cuatro de sus exconsejeros y la exportavoz parlamentaria de la CUP Anna Gabriel- y los otros seis encausados que han sido citados en persona por el juez para que acudan al Supremo. Se trata de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, de los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa y de la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Todos son diputados autonómicos y están en libertad provisional tras abonar fianzas para eludir la prisión de entre 60.000 y 150.000 euros.

La decisión de Llarena de notificarles el procesamiento en persona viene acompañada de la celebración de una vistilla de medidas cautelares, prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que suele desarrollarse al término de la declaración de los investigados si la pide alguna parte. Fuentes jurídicas ven en esta alusión el anticipo de un endurecimiento de las medidas cautelares ya vigentes o incluso la posibilidad de que algunos de ellos ingresen en prisión preventiva si alguna de las partes ve incremento del riesgo de fuga o de reiteración delictiva tras el auto de procesamiento, una situación incriminatoria que los acerca al juicio oral.

A este trance se tendrá que enfrentar Jordi Turull, que será investido hoy presidente de la Generalitat si no hay sorpresa de última hora. El dirigente de Junts per Catalunya estuvo un mes en prisión preventiva por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y fue excarcelado por el juez Llarena el 4 de diciembre. Si la nueva condición de presidente aumenta el riesgo de reiteración delictiva podría mandarlo de nuevo a la cárcel. En ese supuesto, sería suspendido del cargo cuando su procesamiento fuera firme, es decir, cuando la Sala de Apelaciones (formada por tres magistrados) confirmara la resolución del instructor.

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