La asesina de Gabriel se juega tres años más de cárcel por tortura psicológica a los padres
ESPAÑA
Insultaba continuamente al niño mientras trasladaba su cadáver
17 mar 2018 . Actualizado a las 19:05 h.El caso Gabriel podría sentar un precedente judicial en España gracias a los atestados de la Guardia Civil y a la interpretación que ha hecho el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Almería, Rafael Soriano. Ana Julia Quezada podría enfrentarse, si la tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) y del juez instructor prospera, a hasta tres años de más de cárcel por la «tortura» psicológica a la que sometió a los padres de Gabriel con su cinismo, participando en la búsqueda del niño, y alentando a Ángel Cruz y Patricia Ramírez la esperanza de que su hijo podía seguir vivo, cuando en realidad lo había matado el 27 de febrero, el día que lo secuestró.
La UCO acusó solo formalmente a Quezada de asesinato y de detención ilegal. Las pruebas -«abrumadoras»- no dejan lugar a dudas de que la mujer planeó con premeditación y alevosía la muerte del niño, hasta el punto de cavar su fosa en Rodalquilar antes de secuestrarlo. Pero la Guardia Civil ha ido más allá en sus atestados. Quiere una condena por el daño causado a los padres del pequeño durante los doce días en los que Ana Julia estuvo orquestando su farsa. Según fuentes de la investigación, la Guardia Civil no quiso acusar a la asesina de «daño a la integridad moral» de los padres, porque se trata de una «apreciación subjetiva». Los agentes preferían que el fiscal o el juez oficializaran esa acusación. El ministerio público no lo hizo, pero el juez, de motu proprio, sí lo vio e imputó a Ana Julia por el artículo 173.2 del Código Penal. Ese precepto contempla una pena de seis meses a tres años de cárcel para el «que habitualmente ejerza violencia física o psíquica» en su entorno familiar más cercano, entendiendo como «habitual» también la «proximidad temporal» de esos actos de tortura.
«Pura crueldad»
Y la Guardia Civil lo tiene claro: el cinismo, las mentiras, la farsa y los engaños a la investigación durante los días de la búsqueda deberían tener un «reproche penal» supletorio al del secuestro y al asesinato. Los informes remitidos a Soriano ponen el acento en un hecho que los investigadores -y así lo recoge el magistrado en su auto de prisión- consideran clave. El pasado domingo, cuando la asesina desenterró el cuerpo del pequeño en la finca donde le había dado muerte el 27 de febrero, Quezada se dedicó a insultar a los restos del niño. Durante el trayecto desde Rodalquilar hasta Vícar (donde fue detenida), lanzó todo tipo de «expresiones vejatorias» contra el menor, cuyos restos transportaba en el maletero. Los improperios (que no se reproducen por su dureza) fueron grabados por los micrófonos que la Guardia Civil había instalado en el Nissan Pixo.
«Pura crueldad», en palabras del juez, que denotaría la «falta de sentimientos y humanidad» de la asesina, siempre según las expresiones del instructor. Hacía menos de 48 horas que Quezada había participado, con una camiseta con la foto del niño, en el último acto de apoyo a la familia y había besado al padre de Gabriel.
Los atestados insisten en el dolor provocado a la familia durante los últimos días. Fue ella la que insistía a los padres en que el niño iba a aparecer en cualquier momento. Ana Julia -incide la UCO en sus atestados- no solo intentó obstaculizar la investigación para encontrar el cuerpo del pequeño con tretas como la de colocar la camiseta del niño en el lugar opuesto de donde estaba el cadáver, sino que intentó implicar a un exnovio suyo, que vivía cerca de donde abandonó la prenda.
Los informes inciden además en que pretendía alargar la desazón de los padres llevando el cadáver a un lugar muy alejado de donde se buscaba: a un invernadero a unos 80 kilómetros de donde desapareció.