Suiza advierte a España que no hay base para detener a Puigdemont en Ginebra

El Supremo confirma la denegación del permiso a Junqueras y Sànchez para ir a plenos


madrid / colpisa

El Gobierno suizo contestó ayer a la Fiscalía española que «no hay ninguna base» para detener al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la exconsejera Meritxell Serret si viajan este domingo a Ginebra para participar en varios actos sobre la cuestión catalana. El ministerio público había pedido a Interior que consultase a las autoridades helvéticas sobre la «viabilidad» de detener y extraditar a Puigdemont y a Serret, que tienen previsto reunirse con la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, huida también de la Justicia española. El portavoz del Departamento Federal de Justicia suizo, Folco Galli, recordó ayer que el pasado 5 de diciembre el Tribunal Supremo retiró la orden de detención y entrega europea contra Carles Puigdemont y cinco exconsejeros, entre ellos Meritxell Serret, y que esa decisión sigue vigente. Por lo tanto, «no hay ninguna base» para el arresto, sentenció Galli, quien recordó que Puigdemont tiene derecho a visitar Suiza y pronunciar «discursos políticos», siempre que respete su ordenamiento jurídico.

La Fiscalía General había remitido un escrito en el que solicitaba al Ministerio de Asuntos Exteriores que informase sobre las gestiones realizadas por Puigdemont y Serret o los organizadores de los eventos ante los representantes diplomáticos de España en Suiza; a la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior, en colaboración con Interpol, que llevase a cabo las gestiones necesarias ante las autoridades competentes de Suiza a los fines de determinar la «viabilidad» de sus detenciones; y al juez Llarena, la adopción de medidas cautelares consistentes en limitar la validez de sus pasaportes.

En relación a la causa del procés, la Sala Segunda del Supremo desestimó los recursos de presentados por el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el actual candidato a la presidencia Jordi Sànchez contra los autos del juez Llarena en los que rechazó darles un permiso a finales de enero para que pudieran asistir a los plenos de constitución del Parlamento catalán.

Delegación del voto

Los tres magistrados de la Sala alegaron también el riesgo de reiteración delictiva de los acusados y su incapacidad para asistir a dichas sesiones, señalando que la Mesa de Cámara catalana podría haber arbitrado mecanismos para que delegasen su voto. Asimismo, justificaron que ambos son considerados, indiciariamente, «como presuntos coautores de, entre otros, un delito de rebelión contra el Estado con el fin de fracturar la soberanía nacional mediante la independencia de una parte del territorio».

Estos factores, añade la resolución, «contribuyen a incrementar el riesgo de reiteración delictiva y a desencadenar posibles movilizaciones públicas que afectarían a la convivencia ciudadana y alterarían la paz social». El auto, del que fue ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro, comparte con el recurso de Junqueras la relevancia que otorga al derecho de participación política, pero recuerda que este también debe tener en consideración «que todos esos derechos fundamentales y principios que ahora encumbra son los que él denostó, arrinconó y contravino cuando era diputado».

 

 

ERC y la CUP trasladan la responsabilidad de la investidura al expresidente huido

Un día después de que JxCat pusiera toda la responsabilidad de la investidura sobre los hombros de la CUP, los anticapitalistas se la quitaron de encima y se la devolvieron a Carles Puigdemont. La formación antisistema insistió en que si se les propone un programa autonomista no se moverán de la abstención, y volvieron a poner sobre la mesa dos soluciones para desencallar la investidura: que Carles Puigdemont y Antoni Comín deleguen su voto, lo que supondría un desafío a los tribunales, o bien que dejen el escaño. Esta última posibilidad la contempló Puigdemont el miércoles, aunque su entorno lo negó ayer.

El supuesto de unas nuevas elecciones está descartado, según aseguró el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, por lo que los dos únicos escenarios que quedan para que pueda salir adelante la investidura del presidente de la Generalitat son un gesto de renuncia por parte de Puigdemont o que los anticapitalistas reculen.

La izquierda radical independentista no quiere hablar de nombres, si bien en los últimos días ya ha dejado claro que no apoyará a un candidato vinculado al PDECat, como Jordi Turull, Josep Rull o Marc Solsona. En el caso de Quim Torra, diputado de JxCat y expresidente de Òmnium Cultural, la CUP admitió ayer que «puede generar menos antipatía».

Desde Bruselas, JxCat reiteró tras reunirse con Puigdemont que el candidato sigue siendo Jordi Sànchez, a pesar de que Esquerra había emplazado a sus socios a proponer otro aspirante. Marta Rovira insistió ayer: «Estamos a la espera de tener un acuerdo para que haya un candidato que aguante una investidura efectiva».

Queman fotos del rey en una protesta frente a un cuartel de la Guardia Civil

Varias fotografías del rey fueron quemadas ayer por asistentes a una manifestación independentista celebrada frente a un cuartel de la Guardia Civil en Barcelona. Al acto, convocado por los Comités de Defensa de la República para pedir la puesta en libertad de los presos independentistas y contra los registros realizados por la Guardia Civil, asistieron un centenar de personas.

El juez investiga si el Govern pagó publicidad del 1-O a través de Òmnium

Efe
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La Guardia Civil registra los despachos de Molons en la Generalitat y Omnium por el operativo del 1-O El secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, Antoni Molons, ha sido estado presente en los registros

La Guardia Civil ha registrado el despacho del secretario de Difusión, Antoni Molons, en el Palau de la Generalitat, y la sede de Òmnium Cultural, en la investigación por un posible delito de malversación de fondos públicos

El juez de Barcelona que indaga los preparativos del 1-O busca en los registros ordenados hoy si la Generalitat financió publicidad del rerendo ilegal del 1-0 mediante pagos opacos a Òmnium Cultural, lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos.

Según informan fuentes de la investigación, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha ordenado hoy a la Guardia Civil registrar el despacho del secretario de Difusión del Govern, Antoni Molons, en el Palau de la Generalitat, y la sede de Òmnium Cultural, en el marco de una diligencia secreta en que investiga un posible delito de malversación de fondos públicos.

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