Los Mossos avisaron al Govern de que irían a la cárcel si seguía el «procés»

Sus espías supieron en el 2015 del plan de la Fiscalía a través de un infiltrado

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madrid / colpisa

El Gobierno catalán sabía desde el verano del 2015 que una declaración unilateral de independencia acabaría con los miembros del Ejecutivo autonómico en la cárcel. El servicio de espionaje de los Mossos d’Esquadra informó al propio Gobierno catalán de que la Fiscalía había recibido ya entonces órdenes de reclamar el ingreso en prisión del presidente de la Generalitat (que entonces era Artur Mas) y de todos sus consejeros en el caso de que se hiciera una declaración formal de secesión, como la que finalmente se produjo en octubre del 2017.

Así lo revela una nota interna, escrita en catalán, que la Policía Nacional logró rescatar antes de que los Mossos d’Esquadra la quemasen el pasado 26 de octubre junto a otros cientos de documentos, en la incineradora de San Adrián del Besós. Ese documento, incorporado a los atestados que la Policía ha enviado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, revela que la policía autonómica supo de los planes de la Fiscalía y del Gobierno a través de un informante que acudió a un una boda en Marruecos de «una persona de confianza» del Rey Mohamed VI. El enlace tuvo lugar a finales de agosto del 2015. A aquella celebración también asistieron, entre otros, «una persona vinculada al entorno» de Jorge Moragas, entonces jefe de gabinete de Mariano Rajoy y que no es identificada en el documento; Ángel Vilafranca, fiscal delegado antidroga de Tarragona; y Sebastià Mercadé, un empleado de Acciona.

Estas tres personas mantuvieron -explica el documento de los Mossos - una «conversación informal» en el hotel en el que se alojaban y en la que el fiscal le reprochó a la «persona cercana» a Moragas «habernos enviado por escrito unas directrices muy bestias» y «politizadas» para frenar cualquier intentona secesionista. «Según parece -prosigue el informe de los espías- las directrices irían encaminadas al momento en el que el Gobierno catalán iniciase cualquier paso con el fin de decretar una DUI; los fiscales estarían legitimados para abrir un proceso penal contra los miembros del Gobierno y habrían de pedir el ingreso provisional en prisión».

El informe, que asegura que estas «directrices estarían también en manos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», apunta que estas medidas «irían dirigidas contra» el actual presidente de la Generalitat, contra Oriol Junqueras, contra Antonio Baños, contra Raúl Romeva y contra los consejeros del Gobierno de la Generalitat. «La persona cercana a Moragas respondió que el PP quiere volver a ganar las elecciones generales sea como sea. Y que la línea de trabajo y el eslogan de cara a los comicios generales de diciembre del 2015 será que el PP es el único partido que puede garantizar la unidad territorial de España y que utilizarían esta medida (la del ingreso en prisión de los secesionistas) para demostrar al resto del Estado español que con tal de conseguir la unidad, están dispuestos a hacer lo que haga falta, incluso a encarcelar a quien quiera romperla», afirma la nota secreta de los Mossos.

El documento insiste en que «si el gobierno catalán iniciara alguna acción dirigida hacia una DUI, mediante la fiscalía (dependiente del Ministerio de Justicia), se llevarían a cabo las medidas antes mencionadas referentes a intentar privar de libertad a las personas reseñadas». El informe de la policía catalana advierte, además, de que se «sustituiría la cúpula de los Mossos d’Esquadra (central y territorial) por mandos del Cuerpo Nacional de Policía, que por lo que parece ya estarían definidos».

Europa había advertido a Moncloa que no quería más problemas en el sur

Según el informe de los Mossos, la persona cercana a Moragas manifestó al fiscal Vilafranca que las altas esferas europeas habrían manifestado al gobierno español que ya no querían ningún problema más al sur de Europa, una zona que ya estaba bastante desestabilizada. «Estas altas esferas europeas habían instado al Gobierno español a hacer lo que fuera necesario con tal de no crear nuevos conflictos», concluye el informe de los Mossos, que revela que la información llegó al cuerpo autonómico gracias a una persona cercana a Sebastián Mercadé, empleado de Acciona.

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