El juez Llarena entierra la investidura de Sànchez al no dejarle salir de prisión

Recuerda a los secesionistas que pueden presentar otros candidatos no procesados

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C.R.
Colpisa

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena echó ayer una capa de tierra sobre la candidatura del preso preventivo Jordi Sànchez a presidir la Generalitat de Cataluña. El magistrado se anticipó al plazo dado a las partes para responder al escrito de excarcelación y al permiso pedido por el investigado para acudir al pleno de investidura del lunes, y rechazó de plano las alegaciones de la defensa. La decisión de Llarena llegó un mes después de que denegase la salida de la cárcel al diputado electo por la lista de Junts per Catalunya (JxCat). Sin embargo, esta vez tuvo consecuencias directas sobre la gobernabilidad autonómica, ya que el candidato independentista no será investido presidente al no poder estar presente en la sesión del Parlament, tal y como dejó claro el Tribunal Constitucional con el huido Carles Puigdemont tras revisar el reglamento de la Cámara.

La trascendental resolución de Llarena, apoyada por la Fiscalía, entra de lleno en la colisión del derecho a la participación política de Sánchez y los bienes jurídicos que tratan de protegerse. El juez se centra en un aspecto invocado en otros autos, el riesgo de reiteración delictiva, y subraya que los delitos que está investigando -rebelión, sedición y malversación- se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas «claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales». Una estrategia, añade el instructor, «que no ha sido excluida y sigue respaldándose» en la actualidad. Para ello enumera el acuerdo de legislatura alcanzado por JxCat y ERC para investir a Sánchez o la integración de este en una lista «que se ha opuesto a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la república» proclamada por el Parlamento catalán el pasado 27 de octubre.

En un auto de 26 páginas, el juez relata los indicios contra Sànchez, expresidente de la plataforma Asamblea Nacional de Cataluña, que se han ido afianzando a lo largo de la instrucción, y su participación en un concierto de voluntades para conseguir la república catalana «fuera de todo cauce legal». Explica que, aun cuando los encausados «nunca hubieran buscado un desafío violento» (una apreciación no menor para la rebelión), a partir del 20 de septiembre, fecha del asedio a la Consejería de Economía, «hubieron de representarse que sus movilizaciones introducían la probabilidad de este desenlace. Y si, aceptando el pronóstico, persistieron en su intención de instrumentalizar ese comportamiento colectivo, su responsabilidad abarcaría la intencional utilización de la violencia para conseguir sus fines secesionistas».

Llarena destaca, además, que es «intolerable, social y jurídicamente, que pueda alcanzarse la secesión desde vías de hecho que, sin soporte constitucional ni legal, rompen inexorablemente la convivencia social, familiar y personal de todos y cada uno de los miembros de la comunidad». Y remata que no se han desvanecido los elementos que configuran el riesgo de que el investigado persevere en alcanzar su meta siguiendo una estrategia contraria a la norma penal.

Delegación del voto

Asimismo, recuerda que esta situación afecta a un candidato como Jordi Sànchez, que ya concurrió privado de libertad al proceso electoral y que, de igual modo, «no ofrecía para sus electores el liderazgo que ahora reclama». El juez añade que la candidatura de JxCat presenta otros integrantes, «todos ellos con el mismo número de apoyos de los electores, en los que no se aprecian los riesgos colectivos que tratan de conjurarse». Y señala también que el diputado preso puede participar en las decisiones parlamentarias mediante la delegación de su voto, al igual que Oriol Junqueras. Ambas reflexiones, sin duda, parecen más pegadas a opiniones políticas que a argumentos jurídicos sobre la situación personal del reo.

Torrent vuelve a aplazar «sine die» el pleno para que los independentistas lleven el caso al Tribunal de Estrasburgo

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El abogado de Sànchez pedirá medidas cautelares para que el diputado pueda acudir a la Cámara catalana

El presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, aplazó ayer sine die el pleno para la elección de Jordi Sànchez como presidente de la Generalitat, fijado para el lunes. Tras reunirse con miembros de JxCat, Torrent tomó la decisión de posponer por segunda vez un pleno de investidura (ya lo hizo el 30 de enero con el de Puigdemont), a la espera de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelva la petición de medidas cautelares que el abogado del expresidente de la ANC presentará el próximo lunes.

JxCat, que criticó la decisión de Torrent de aplazar la investidura de Puigdemont, afirmó ayer que en el caso de la de Sànchez sí está de acuerdo para «poder desarrollar la estrategia de Estrasburgo», según fuentes de la lista del expresidente. Los neoconvergentes, en cualquier caso, evitaron las reacciones públicas a la negativa del juez Pablo Llanera a autorizar que el dirigente neoconvergente pueda acudir al pleno de investidura, y será hoy Carles Puigdemont quien fijará la posición de los nacionalistas en un acto de partido. «Un juez no puede decidir quién es el presidente», afirmó ayer en una entrevista en El Punt-Avui horas antes de saber la decisión del magistrado del Supremo. «¿Qué se ha creído Llarena?», remató.

Torrent aplazó el pleno después de que la defensa de Jordi Sànchez le confirmara que presentará una demanda en el Tribunal de Estrasburgo el próximo lunes, ya que no pudo hacerlo ayer porque recibió la notificación oficial del Supremo cuando la oficina del tribunal europeo ya estaba cerrada. El abogado de Sànchez pedirá medidas cautelares para que el diputado pueda acudir a la Cámara catalana, pues considera que se podría vulnerar su derecho a la participación política, en tanto que es un diputado electo y debe poder ser elegido presidente si así lo decide una mayoría.

En principio, JxCat era partidaria de mantener convocado el pleno, al menos de manera formal, y cambiar el orden del día para aprobar una resolución de denuncia de la falta de democracia en el Estado español, pero tras el encuentro con Torrent los neoconvergentes cambiaron su postura. Junts per Catalunya buscaba aprobar un texto de repulsa, al menos para tratar de mitigar el impacto que tiene entre su parroquia la obligación de tener que acatar la decisión del juez Llarena. Una más, porque van cayendo las fichas de dominó. Primero fue Carles Puigdemont, ahora Jordi Sànchez y ya calienta en la banda Jordi Turull, el próximo candidato a la presidencia de la Generalitat, en cuanto Roger Torrent se decida a iniciar una nueva ronda de contactos. Porque el recurso a Estrasburgo es muy difícil que prospere.

La cúpula de los Mossos trabajó para facilitar el 1-O, según la jueza

m. Balín
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Lamela deja en libertad con medidas cautelares al exjefe político de Trapero y al ex número dos de la Consejería de Interior

En paralelo al portazo del juez del Supremo a la candidatura de Jordi Sànchez para presidir la Generalitat, su colega en la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, aseguró en un auto que la «finalidad inmediata» del exdirector de los Mossos Pere Soler -exjefe político de Josep Lluis Trapero- y del exsecretario de Interior César Puig -segundo del exconsejero preso Joaquim Forn- fue la de facilitar la celebración del referendo ilegal del 1 de octubre. Así lo indicó la magistrada en una resolución en la que acordó poner a ambos las mismas medidas cautelares que le impuso a Trapero: prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales, después de que la Fiscalía pidiera ayer, tras tomarles declaración, que quedaran en libertad bajo fianza de 100.000 euros.

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