Papeles requisados a los Mossos cuando los iban a quemar revelan el espionaje a destacados antiindependentistas
ESPAÑA
La Policía Nacional detalla que el servicio de control era para informar a la Generalitat
02 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El pasado 26 de octubre, a las puertas de la incineradora de San Adrián del Besós (Barcelona), los Mossos d’Esquadra alegaron ante los policías nacionales que les dieron el alto que las 30 cajas que pretendían destruir no eran más que documentación burocrática. No era cierto. Buena parte del material incautado por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que buscaba órdenes para no actuar el 1-O contra el referendo ilegal, está referido a un «servicio ilegal de espionaje» creado para el seguimiento de mandos del Cuerpo Nacional de Policía, políticos, abogados y periodistas que, según los Mossos, eran contrarios al procés.
El informe realizado por la Brigada de Información de Barcelona a partir del estudio de esos documentos revela el espionaje sistemático a «partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades y plataformas, todos ellos de marcado perfil unionista o constitucionalista». El atestado policial incluso apunta a la posibilidad de que el espionaje incluyera pinchazos telefónicos extrajudiciales.
Entre el material recuperado por la policía hay cuatro hojas manuscritas sobre mandos policiales señalados en la denominada operación Cataluña de Interior contra el independentismo: una «conversación telefónica» entre el excomisario José Villarejo, al que los Mossos consideran «líder» de la trama policial antisecesionista, y Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos. Hay también referencias a Eugenio Pino, el ex número dos de la Policía, supuestamente cerebro de esa operación Cataluña.
El servicio de espionaje, que habría costado 161.101 euros solo en el 2015, tenía «especial interés en el control de todas las asociaciones de carácter no independentista», apunta la policía, para la que no hay duda de que ese control era para comunicarlo al Gobierno de la Generalitat.
Querella de Sociedad Civil
Sociedad Civil Catalana ya anunció ayer que se querellará contra los responsables políticos y policiales que ordenaron el seguimiento a la entidad. Sus actos, según las notas, fueron especialmente escrutados por los Mossos, «identificando a miembros del PP, Ciudadanos y a periodistas», como asistentes.
El informe del Ministerio del Interior destaca también las vigilancias que se hicieron a políticos del PP, Ciudadanos, PSC o, incluso a miembros de la antigua Convergència. Uno de los seguimientos apunta que Albert Rivera acudió a la boda en Madrid de un familiar del abogado José María Fuster y en la que también estuvieron los mandos policiales Pino o Martín Blas.