ERC y Junts ya no ven presidenciable a Puigdemont y lo relegan a cargo simbólico

La CUP enfría la perspectiva de pacto inminente de sustituirlo por el preso Jordi Sánchez


barcelona / colpisa

Junts per Catalunya logró ayer que ERC claudicase para aproximarse a sus posturas, después de los enfrentamientos de la semana pasada a raíz de que el partido de Carles Puigdemont registrara en el Parlamento autonómico sin contar con su socio una propuesta de resolución para legitimar a Carles Puigdemont. Así, los de Oriol Junqueras anunciaron ayer que votarán a favor de la investidura simbólica, sin ni siquiera presentar enmiendas. Y todo para allanar la negociación para formar Gobierno. Lo ideal, dice ERC, sería llegar al pleno de mañana, en el que se votará la restitución simbólica del expresidente de la Generalitat, habiendo firmado ya al menos un principio de acuerdo de Gobierno. Si no es posible, el objetivo se traslada a la semana que viene, aunque el pacto está casi cerrado.

«Esperamos que pronto pueda haber un Gobierno efectivo en nuestro país y que desterremos el 155 de nuestras instituciones», afirmó el presidente de la Cámara, Roger Torrent (ERC).

Pero la CUP puede dar al traste con la aprobación del texto sobre Puigdemont, ya que los escaños conjuntos de ERC y Junts (66) no alcanzan la mayoría (68) y necesitan los 4 de los anticapitalistas. Estos ayer vieron en el texto de Junts una «recuperación del relato autonomista», por lo que presentaron diez enmiendas, para dejar claro que el objetivo para ellos es la materialización de la república. Incluso van más allá e incluyen apartados completos sobre reafirmarse en la declaración de independencia y en la proclamación de Cataluña como un Estado independiente en forma de república. Es decir, insisten en su desafío al Estado de una manera diáfana. Está por ver si en el pleno se aceptan sus enmiendas, lo que llevaría a un nuevo enfrentamiento con la vía constitucional o si la CUP relaja sus aspiraciones y acepta la resolución de Junts.

El acuerdo, «lejos o muy lejos»

Además, los antisistema rebajaron también ayer la euforia por la formación de gobierno y aseguraron que el acuerdo está aún «lejos o muy lejos». Los anticapitalistas, imprescindibles para apuntalar la mayoría absoluta, dejaron claro que no se pronunciarán hasta saber la opinión de su consejo político, que se reúne el sábado. El cónclave antisistema tendrá sobre la mesa el acuerdo que han traslado JxCat y Esquerra, pero que no agrada a la CUP porque rezuma, a su juicio, «autonomismo» y pocas ganas de «materializar la república».

Jordi Sánchez, el sustituto

Los republicanos hablaron ayer de que quedan flecos pendientes en un pacto de legislatura en tres ámbitos: el consejo de la república presidida por Carles Puigdemont desde Bruselas, investidura real en la Cámara catalana y apertura de un proceso constituyente, el nuevo mantra del independentismo. Para la investidura, Esquerra no quiere hablar aún de nombres, pero desde hace días se da casi por hecho que el candidato será Jordi Sánchez, expresidente de la ANC, número dos de JxCat en las elecciones del 21D y en prisión desde hace más de cuatro meses.

Su elección, sin embargo, no está asegurada ni muchos menos ya que depende del juez del Supremo Pablo Llarena, que tiene en su mano conceder el permiso para que acuda a la investidura. Si no lo concede no podrá ser candidato porque la investidura es presencial. Los antecedentes hacen pensar que no autorizará su salida de la cárcel, como no la permitió para participar en la constitución del Parlamento autonómico en enero.

Su candidatura no se activará además hasta que Puigdemont renuncie. Y para que eso pase, aún tienen que celebrarse dos actos de restitución simbólica del expresidente. El primero será el jueves. Con los votos de JxCat, ERC y la CUP, el Parlamento autonómico tendría que «ratificar la confianza» en Puigdemont como presidente de la Generalitat y exigirá que «cesen las injerencias del Gobierno del Estado ante las instancias jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional». La propuesta de resolución «denunciará» la destitución «ilegal» e «ilegítima» del presidente de la Generalitat y de su Gobierno mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En principio, ninguna de las formaciones prevé impugnar el texto al Constitucional, a pesar de que Ciudadanos trató ayer de que no superara el corte de la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara.

Enric Millo: «Técnicamente no hubo cargas policiales»

Durante el referendo ilegal del 1 de octubre, «técnicamente» no hubo cargas policiales. Así lo afirmó ayer el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. Lo que hubo, añadió, fueron «acciones de cumplimiento de la orden judicial, que consistía en desalojar [los colegios] para incautar material electoral y llevárselo». Millo explicó que solo se puede hablar en términos técnicos de una carga policial «cuando hay una acción [de los agentes] contra una acción violenta por parte de alguien». Limitó además los enfrentamientos a «una quincena» que dejaron «imágenes que no nos gustaron».

Trapero pidió que alteraran 11.000 actas del 1-O para protegerse del delito de sedición

Según un informe de la Guardia Civil, los mandos de los Mossos ordenaron a los agentes que no colaboraran en el desalojo de los colegios ni en la requisa de urnas y papeletas del referendo ilegal del 1-O. El documento, que se basa en los correos del mayor Josep Lluís Trapero, señala que los Mossos conocían los planes para ocupar los colegios, pero tenían la orden de no intervenir.

El informe, entregado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, también apunta que Trapero ordenó el 13 de octubre que se corrigieran 11.000 actas del dispositivo desplegado el 1-O para evitar posteriores acusaciones. «Tenemos que ser muy conscientes de que con diez ejemplos de actos o vídeos de actuaciones poco rigurosas, la Guardia Civil y la Fiscalía construyen el delito de sedición. Hay que tener mucho cuidado en no dar facilidades», habría dicho.

Unos días antes, el 20 de septiembre, los mandos de los Mossos no creyeron necesario reforzar la dotación de una decena de agentes frente a la Consejería de Economía a pesar de que los manifestantes eran miles (40.000 según los Mossos), durante el registro llevado a cabo por orden judicial. Así lo manifestó ayer ante el juez el sargento y el inspector que acompañaron a los guardias civiles y a la secretaria judicial. Señalaron que el principal temor de los guardias civiles era que los manifestantes se apoderaran de las armas que habían dejado en los coches tras abandonarlos al verse rodeados. Añadieron que los desperfectos en los coches fueron obra de periodistas y borrachos.

Turull espera su turno y ERC se lo piensa

c. r.

La oposición critica la negociación de los independentistas porque está siendo lo más parecido a una «pelea por las sillas» o un mero «intercambio de cromos». Pero es lo que tiene cuando se intenta formar un Gobierno de coalición como el que pretenden JxCat y Esquerra. Son 14 consejerías, la mitad para cada uno, con sus respectivos secretarios generales, directores generales y altos cargos, y el baile de nombres es muy numeroso.

Empezando por la Presidencia. Si Jordi Sánchez no puede ser elegido por su situación procesal, espera en la recámara Jordi Turull, exconsejero de la Presidencia y diputado de JxCat. Turull, por el momento, repetirá como titular de Presidencia para dar el salto a la jefatura del Ejecutivo. Si fuera inhabilitado, como toda apunta por la causa judicial que tiene abierta en el Supremo, le tocaría el turno a Elsa Artadi. Eso sobre el papel. Porque no está aún claro cómo correrá el escalafón. Esquerra tiene que decidir quién es vicepresidente. Oriol Junqueras se ha autodescartado, Marta Rovira no lo tiene claro, y emerge Pere Aragonés, mano derecha de Junqueras en la pasada legislatura en la Consejería de Economía.

Pero ¿será investido Jordi Sánchez? No es imposible, pero sí improbable pues tendría que contar con permiso judicial para salir de prisión e ir a la Cámara, aunque luego volviese a la celda. Y el juez hasta el momento solo le consintió delegar su voto. Si lograse ser investido, incluso después podría ser impugnado o inhabilitado. Entonces, el vicepresidente pasaría a ser el número uno, de forma temporal, y JxCat quiere evitarlo.

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