JxCat registra en solitario la resolución para legitimar a Puigdemont como presidente

JxCat ha registrado este viernes en solitario en el Parlament la propuesta de resolución para pedir la restitución del Govern y de las instituciones catalanas, en defensa de la legitimidad de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y para pedir que se levante el artículo 155 de la Constitución.

El texto afirma que la destitución del Govern a través del artículo 155 fue ilegal y establece que el Parlament tiene la mayoría parlamentaria suficiente para «ratificar la confianza a Carles Puigdemont como Presidente de la Generalitat de Catalunya».

Esta propuesta de resolución la han negociado durante semanas JxCat y ERC, pero los segundos se resistían a presentarla porque querían llegar antes a un «acuerdo global» con JxCat que incluyera otros aspectos como la investidura de un presidente sin consecuencias penales, la composición del futuro Govern y la hoja de ruta.

Finalmente, JxCat ha decidido presentarla este viernes en solitario, lo que evidencia su distanciamiento con ERC de las últimas horas en las negociaciones sobre la investidura y la composición del Ejecutivo. La propuesta de resolución, si se aprobara, tendría un valor simbólico, ya que la única manera de investir a Puigdemont o a otro candidato de JxCat de forma efectiva sería a través de un pleno de investidura, y este sigue sin convocarse.

Pleno del Parlament la próxima semana

El Parlament celebrará un pleno la próxima semana para abordar la parálisis institucional provocada por la falta de acuerdo de JxCat y ERC para configurar un Govern. Según han explicado fuentes parlamentarias, la Junta de Portavoces de este viernes ha abordado el contenido del pleno pero no la fecha, aunque sí se ha fijado para la semana que viene, y «el día del pleno lo concretarán a lo largo del día de hoy», afirman estas fuentes.

La Junta determina el contenido de la sesión plenaria pero es potestad del presidente del Parlament, Roger Torrent, fijarlo en el calendario. Se ha decidido hacer «un debate de propuestas de resolución», con 15 minutos para los grupos -7 y medio para el mixto-, un posicionamiento sobre enmiendas y, al final, votar las iniciativas.

Contenido de la resolución de Junts

La propuesta de resolución presentada «manifiesta el rechazo más absoluto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución» y asegura que ha supuesto una vulneración de los derechos fundamentales de los catalanes.

También se critica «la deriva autoritaria del Estado español» por circunstancias como la situación de prisión preventiva por la que atraviesan cuatro líderes soberanistas: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

El texto concluye que la destitución de Puigdemont y los consellers fue ilegal e ilegítima, por lo que, aprobando la resolución, el Parlament proclamaría «el compromiso de restaurar la institución de la Presidencia de la Generalitat». La resolución también critica «las injerencias» que el Estado, a través del Tribunal Constitucional, está llevando a cabo para impedir que Puigdemont pueda ser investido presidente por el Parlament de Catalunya.

Así, se lamenta veladamente la interlocutoria del TC que pone condiciones a les investidura de Puigdemont: que regrese de Bélgica, que se someta a la justicia -lo que con toda probabilidad le llevaría a la cárcel- y que pida permiso al juez para poder acudir a la Cámara.

JxCat también recuerda en su resolución que el independentismo tiene la mayoría suficiente tras los comicios del 21 de diciembre para volver a investir a quien considere oportuno, y lamenta que se esté obstaculizando que el elegido sea Puigdemont.

El texto, firmado por la portavoz del grupo, Elsa Artadi, tiene una amplia exposición de motivos en la que, entre otras cosas, se critica la «represión y violencia» ejercida por parte de la Policía y la Guardia Civil contra los ciudadanos que votaron en el referéndum del 1 de octubre.

También recoge los efectos que consideran que ha tenido el artículo 155: «Paralización de proyectos, ahogo económico, suspensión de obras en hospitales y edificios judiciales y congelación de subvenciones al tercer sector».